El 19 de enero de 2022 publiqué una entrada en este mismo blog con el título ‘¿Será posible renovar alguna vez el Consejo General del Poder Judicial?’, en la que intentaba explicar que, mientras el PP no acepta la vigencia del principio de legitimidad democrática en la renovación del CGPJ, dicha renovación sería imposible. Mientras el PP no acepta que el principio de legitimidad democrática tiene que ser aceptado tanto cuando el PP forma Gobierno como cuando lo forma el PSOE, el órgano de gobierno de los jueces no podrá ser renovado.

El CGPJ es un órgano de gobierno, es decir, es un órgano de naturaleza política y no de naturaleza jurídica. Como todo órgano de naturaleza política necesita tener legitimación democrática. Y de acuerdo con la Constitución española dicha legitimidad únicamente la pueden proporcionar las Cortes Generales, ya que es el único órgano del sistema político que tiene legitimidad democrática directa. Los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial tienen legitimación democrática en el ejercicio de la función jurisdiccional, porque “están sometidos al imperio de la ley”. Pero únicamente para eso la tienen. Su legitimación democrática procede no directamente del órgano constitucional de las Cortes Generales, sino de la manifestación de voluntad de dicho órgano en el ejercicio de la potestad legislativa. 

La condición de juez se adquiere mediante la superación de un concurso de oposición y no mediante la elección por el cuerpo electoral. No tiene, en consecuencia, legitimación democrática y no puede, por tanto, transmitir lo que no tiene. La legitimación democrática de los miembros del CGPJ no puede venir de los propios jueces, sino que únicamente puede venir de las Cortes Generales. 

Esta es la razón por la que la Constitución establece un vínculo entre la renovación de las Cortes Generales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dado que el mandato democrático de las Cortes Generales es de cuatro años y el CGPJ es de cinco, la renovación del CGPJ no coincide automáticamente con la renovación de las Cortes Generales, pero sí tiene que producirse la renovación por parte de las Cortes Generales en activo. en el momento en que se cumplen los cinco años del mandato del CGPJ. La Constitución no permite otra alternativa, ya que la prórroga no cabe en los órganos de naturaleza política, como lo son todos los órganos de Gobierno. Sin la renovación vinculada a la elección de las Cortes Generales, el CGPJ carece de legitimación democrática. De ahí que, la no renovación del CGPJ suponga una quiebra del principio de legitimación democrática contenido en el artículo 1.2 de la Constitución, en el que descansa toda nuestra ordenación jurídico política en palabras de una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, la STC 6 /1981.

Este rechazo a la renovación del CGPJ de acuerdo con el resultado de las elecciones generales se ha producido siempre cuando el PP deja de estar en el Gobierno. Ocurrió en 2006, cuando tocaba la renovación del CGPJ elegido en 2001 y el PP había perdido las elecciones de 2004. La renovación se produjo en 2008, un año y diez meses después de lo que correspondía. No se renovó cuando tocaba, porque el PP tenía la esperanza de ganar las elecciones de 2008. Esperó hasta que se confirmó la victoria del PSOE para pactar la renovación. Ha vuelto a ocurrir en 2018, cuando tocaba la renovación del CGPJ elegido en 2013, con base en la mayoría absoluta del PP en las elecciones generales de 2011. En esta ocasión han transcurrido 10 años desde que se produjo la última renovación en 2013. Y no parece que el PP esté dispuesto a hacerlo.

Dado que el CGPJ no puede ser renovado mediante la elección por los jueces y magistrados –ya que estos carecen de legitimidad democrática y no pueden, en consecuencia, transmitir lo que no tienen–, la no aceptación o, mejor dicho, la aceptación del principio de legitimidad democrática expresada en las elecciones generales únicamente cuando el PP gana, pero no cuando las gana el PSOE, conduce a la parálisis inevitable del órgano de Gobierno de los jueces. Si el PP únicamente acepta la renovación del CGPJ cuando está en el Gobierno, pero no cuando está en la oposición, no es posible que el órgano funcione establemente de manera indefinida. 

O se reforma la Constitución para posibilitar que los jueces y magistrados puedan elegir a los miembros del CGPJ o este órgano tendrá que ser renovado de acuerdo con el derecho vigente, que es el derecho con que se procedió a la renovación de 2013. No hay otra alternativo. Si el PP no acepta ninguna de las dos, estaremos en un callejón sin salida.

https://www.eldiario.es/contracorriente/cgpj-reforma-constitucion-legislacion-vigente_132_10740019.html

Bildu tiene otro listado de 4.000 «perseguidos por el Estado» y solicitará indemnizaciones en base a la Ley de Amnistía

Toda la maquinaria de Bildu se ha empezado a mover para llevar a cabo un mecanismo similar al pactado por Junts: una amnistía que incluye reclamaciones millonarias para los que, según ellos, fueron «asesinados y torturados» por la maquinaria del «Estado opresor». Los actos de homenaje y reivindicación se aceleran contra «la violencia del Estado». El trabajo de campo lo desarrolla una fundación, de nombre Egiari Zor. Y sus cifras son astronómicas: pretenden reivindicar 366 «víctimas mortales causadas por ambos Estados» y «4.113 casos de tortura practicados por la Guardia Civil, la Policia Nacional y la Ertzaintza, sufridos por 3.415 personas».

El último acto de homenaje ha sido el recientemente celebrado por Santi Brouard y Josu Muguruza, «víctimas de sendos atentados vinculados a las cloacas del Estado hace 39 y 34 años, respectivamente», señalaban las redes y medios de Bildu. Pero detrás está preparado todo un trabajo de campo que pretende utilizar el partido de Arnaldo Otegi para justificar la amnistía en el País Vasco y forzar al Gobierno a tener que reconocer un «conflicto», las «torturas» y la «represión» generalizada.

El trabajo de campo lo ha realizado Egiari Zor, una fundación que no duda en señalar «a quienes ampararon la violencia del Estado». Y sus informes empequeñecen los aportados por Carles Puigdemont para reclamar la amnistía de 4.000 condenados o en proceso judicial por delitos relacionados con el separatismo.

 

Los estudios de Egiari Zor recogen los siguientes datos: «Las víctimas mortales causadas por ambos Estados son 366». De ellas, según esos datos, «víctimas mortales causadas por agentes del Estado: 219. Víctimas mortales causadas por la guerra sucia: 79. Asesinatos cometidos usando la sigla GAL: 29. Asesinatos cometidos usando otras siglas (BVE, GAE, Triple A…): 38. Asesinatos no reivindicados: 8. Desapariciones forzosas: 4

En otro apartado hablando de «víctimas mortales provocadas por la aplicación de medidas políticas de carácter excepcional: 64. Provocadas por la dispersión de prisioneros: 16. Provocadas por la política penitenciaria de excepción: 35. Provocadas por la deportación: 9. Inducciones al suicidio: 4″. Porque todas ellas, según sus cálculos forman parte de este listado.

Un cuarto bloque habla de «víctimas mortales de «incontrolados» de extrema derecha: 4. Además, ha de ser tomado en cuenta que al menos otras 115 personas más han perdido la vida en diferentes circunstancias vinculadas al conflicto político-armado (enfrentamientos armados, accidentes, etc.)».

Las supuestas torturas figuran en otro listado. «Por lo menos 4.113 casos de tortura practicados por la Guardia Civil, la Policia Nacional y la Ertzaintza, sufridos por 3.415 personas, están probados según el informe sobre la tortura en la CAV. Además, el informe cita que «estas cifras se encuentran por debajo de la dimensión real de afectados». Por otra parte, «la Fundación Euskal Memoria, en su Informe de Investigación contra la Tortura en Euskal Herria, habla de 5.657 casos de tortura verificados a 4.643 personas», añaden desde la Fundación.

Egiari Zor Fundazioa se creó el 22 de abril del año 2012. Su objetivo está claro: «Trabajar a favor de los derechos de las víctimas que han sufrido la violencia de los Estados francés y español en el contexto del conflicto político vasco». Y su plan también: «Decidimos unirnos para tratar de convertir nuestro dolor en virtud y hacer una contribución en el nuevo contexto de paz surgido en Euskal Herria tras la decisión de ETA del año 2011 de declarar un alto al fuego definitivo».

Ahora ha llegado el momento de que Bildu convierta en reclamaciones a Sánchez todos esos listados. Con su consiguiente consideración de culpables a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mencionados.

https://www.libertaddigital.com/espana/2023-12-04/bildu-tiene-otro-listado-de-4000-perseguidos-por-el-estado-y-solicitara-indemnizaciones-en-base-a-la-ley-de-amnistia-7075598/