La documentación remitida por el Grupo Parlamentario Popular al Parlamento Europeo ha puesto encima de la mesa una fecha clave tras el golpe del 1-O: el 21 de octubre. Habían pasado tres semanas del referéndum ilegal, la carrera de los separatistas se aceleraba y ese día la mano derecha de Carles Puigdemont mantuvo un encuentro en el que los separatistas se entregaron en cuerpo y alma a Putin. En concreto, a su financiación. La inteligencia española cree ahora que, de hecho, el plan de Moscú contó con acelerar la salida de empresas españolas de la comunidad catalana para forzar una mayor dependencia de Puigdemont de la financiación rusa.

La documentación remitida por el PP al Parlamento Europeo para exigir la investigación de las vinculaciones entre el separatismo y la Rusia de Putin siguen alumbrando datos de vital importancia para entender hasta qué punto los partidos independentistas se han convertido en una correa de transmisión de Moscú para desestabilizar la UE. En esa documentación de describe cómo «después de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, sin las garantías necesarias para producir un resultado válido, los partidos separatistas en el Parlamento de Cataluña proclamaron el establecimiento de la República Catalana como un Estado «independiente y soberano, democrático y social». El 27 de octubre de 2017, la declaración fue sometida a votación en el Parlamento de Cataluña y fue aprobada con 70 votos a favor, dos en blanco y diez en contra, habiendo abandonado el hemiciclo los 53 parlamentarios que representan a los partidos opuestos a la independencia.

El mismo día 27 de octubre, el Gobierno español suspendió la autonomía catalana y tomó el control de las instituciones regionales haciendo uso del artículo 155 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional suspendió la declaración de independencia el 31 de octubre de 2017 y la declaró inconstitucional el 8 de noviembre del mismo año, afirmando que violaba la Constitución española. Y, en medio de todo ello, el 30 de octubre, Puigdemont huyó a Bélgica.

Pero todo ese contexto, que ha exigido de financiación y coordinación, cuenta con una fecha clave de la que no se ha hablado prácticamente.

En los días previos a la votación del 27 de octubre, «varios ciudadanos rusos con vínculos con el Gobierno de su país mantuvieron reuniones con miembros destacados del Gobierno regional catalán, incluido Puigdemont. Estos contactos, como otros que se prolongarían hasta 2020 tanto en España como en Rusia, han salido a la luz gracias a las investigaciones emprendidas por la Guardia Civil dentro de la amplia investigación dirigida por el juez Joaquín Aguirre, que preside el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ​​en un proceso que comenzó como una investigación por una posible malversación de fondos públicos en el denominado caso Voloh», señala esa documentación ya en poder de la Cámara europea.

Una de las figuras clave en esos contactos es Víctor Terradelles, exsecretario de Relaciones Internacionales de CDC, el extinto partido de Puigdemont; su asesor, ayudante y reparador, y presidente de la Fundación CATmon. «Según su declaración ante el juez, el 20 de octubre de 2017 fue contactado por Jordi Sardà Bonvehí, empresario catalán, anteriormente denunciado ante la Audiencia Nacional por hacerse pasar por representante de la empresa Gas Natural en Ucrania para firmar un contrato de siete cifras para organizar una reunión entre unos supuestos emisarios de Rusia y Puigdemont para hablar de economía y criptomonedas», señala el texto.

Terradelles tenía mucho poder e influencia en el partido CDC y estaba en contacto constante con Puigdemont. En aquel momento, Sardà operaba con el ciudadano ruso Sergey Motin, ya fallecido, que, según las investigaciones, se presentó ante los dirigentes catalanes como un ‘exgeneral ruso’.

Pues bien, en palabras de Terradelles ante el juez: «Algunos señores rusos, [entre ellos] Sergey Motin [le dijeron que era general en Rusia] y Jordi Sardà [empresario], se ponen en contacto conmigo y me piden ver al presidente de Cataluña. Hago de mensajero, y le digo: Estos señores quieren verte, ¿tú quieres verlos? Y en este caso dice que sí».

La primera reunión tuvo lugar hacia el 21 de octubre, y a ella no asistió Puigdemont, sino una persona en la que tenía plena confianza, Elsa Artadi, dirigente política que fue coordinadora interdepartamental de la Generalidad Catalana durante el Gobierno catalán. «Según la declaración de Artadi ante el juez en mayo de 2022, Puigdemont la envió porque era licenciada en Económicas. El encuentro tuvo lugar en el Hotel Colón de Barcelona y duró unos 20 minutos. Artadi se reunió con Terradelles y con un ciudadano ruso, probablemente Motín. Artadi afirmó ante el juez que no recordaba la identidad de las personas que conoció, la fecha, la duración de la reunión ni lo que se habló. Los rusos preguntaron a Artadi si el Gobierno regional tenía planes en materia de criptomonedas, una forma opaca de mover dinero que puede utilizarse para evitar sanciones», recoge la documentación. Durante los meses posteriores, como revelan los mensajes interceptados a Terradelles, Sardà afirmó que estaba gestionando una transferencia de bitcoins que los rusos teóricamente estaban dispuestos a proporcionar.

Los presuntos emisarios de Rusia, acompañados de otros ciudadanos rusos, se reunieron posteriormente con Puigdemont y de nuevo con Artadi para hablar de criptomonedas y otros asuntos, según la investigación llevada a cabo por el juez. El día de la reunión con Puigdemont, Terradelles le envió un mensaje de WhatsApp diciéndole: «El emisario de Putin vendría a las cinco«. Terradelles volvió al tema más tarde: «Estamos a las puertas del Palau. Deberías recibirnos’. Puigdemont accedió a ello: ‘Subid a Canonges’, le dijo en un mensaje.
En una reunión con Puigdemont en su residencia oficial, la Casa dels Canonges, los rusos explicaron su objetivo: «Una Cataluña independiente y con apoyo ruso se convertiría en un centro global de criptomonedas, lo que también le permitiría evitar posibles sanciones europeas». Fuentes de la inteligencia española creen que los emisarios rusos querían que una Cataluña independiente les concediera exenciones para obtener electricidad muy barata para poder montar granjas de criptomonedas, que consumen mucha energía y son caras de mantener, en la provincia de Barcelona. El centro extraería dos o tres tipos de criptomonedas.

«Los intereses del Kremlin en el referéndum de Cataluña probablemente fueron variados. En primer lugar, Moscú ha favorecido recientemente los movimientos independentistas y secesionistas que ocurren más allá de las fronteras de Rusia y debilitan a la UE». Por ejemplo, antes del Brexit, las campañas de desinformación vinculadas al Kremlin estaban a favor de la independencia de Escocia. «Pero también hubo otros motivos más oscuros probablemente en juego. Según analistas de inteligencia españoles, las empresas rusas buscarían llenar el vacío creado por la salida de empresas catalanas y españolas que se marcharon debido a la inestabilidad. Además, el Kremlin podría «ver una Cataluña independiente como una posible base desde la cual penetrar en otras partes de Europa, donde sus actividades comerciales están restringidas por sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea».

https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2024-02-20/rusia-diseno-el-vaciado-de-empresas-de-cataluna-para-hacer-depender-a-puigdemont-de-la-financiacion-de-moscu-7099286/