En política cuando se dice ‘no’, en realidad quiere decir ‘quizá’. Y cuando se dice ‘quizá’, en realidad se quiere decir que ‘sí’. Más cuando un partido carece de una sólida mayoría parlamentaria, está a punto de aprobar una ley de amnistía que no acepta una parte de su electorado y acaba de ser vapuleado por su principal adversario en unas elecciones gallegas.

El Gobierno dijo primero ‘no’, después ‘quizá’ y ahora sostienen que es una cuestión de horas que el ex ministro de Fomento renuncie a su acta de diputado. Fue José Luis Ábalos quien contrató a Koldo García como asesor en el Ministerio de Fomento. Fue José Luis Ábalos quien le nombró consejero de Renfe. Fue José Luis Ábalos quien hizo caso omiso de las advertencias de sus compañeros sobre las conductas y tejemanejes de quien fuera su sombra durante años. Y fue José Luis Ábalos el primero en declararse “sorprendido y decepcionado” al conocer la detención y posterior puesta en libertad del personaje de la semana por pertenecer presuntamente a una trama de mordidas en la venta de mascarillas durante la pandemia.

Entre “hay que esperar a conocer el sumario” y “debe asumir la responsabilidad política cuanto antes” apenas han pasado 72 horas, pero ni Pedro Sánchez ni el PSOE quieren dilatar más un asunto que saben que no saldrá del foco mediático y parlamentario mientras el que fuera número tres del partido permanezca sentado en su escaño. Y esto es algo que creen que no se puede permitir la marca PSOE a mes y medio de las elecciones vascas y a cuatro de las europeas. En materia de corrupción, en La Moncloa buscan de este modo “marcar la diferencia con la derecha”, a pesar de que Ábalos, de momento, ni ha sido llamado a declarar como testigo ni está imputado por el presunto cobro de comisiones en contratos para el suministro de mascarillas por el que se investiga, entre otros, a su más estrecho colaborador durante el último lustro.

Sin embargo, en una entrevista en la Sexta, el ministro se defendió este sábado de las acusaciones y explicó que no dimitirá como diputado porque no ha sido acusado judicialmente y porque está demostrado que su proceso de contratación fue correcto. También dijo que si el escándalo hubiera saltado mientras era ministro, no hubiera dudado en dimitir, algo que por el momento ha descartado hacer como diputado, pese a que el PSOE ha redoblado la presión para que lo haga. “Ministro y diputado no es la misma responsabilidad. Ahora se me está planteando que me quede inhabilitado políticamente por confiar en personas que me decepcionaron y que incluso me inhabilita de por vida porque quedo estigmatizado”, añadió. No obstante, aclaró que si se trata de una estrategia de su partido que marque una nueva línea ética en la política, lo hará. Y lo dijo en estos términos: “Si tengo que hacer una actuación positiva para ejemplarizar la vida pública, estoy dispuesto”.

La responsabilidad in vigilando

El análisis del Gobierno es bien distinto al de Ábalos: “No es una cuestión jurídico-penal, es política. Si camina como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, entonces es…. pato”, sentencia un ministro que, como todos en el PSOE, conocía la personalidad, los antecedentes y los comportamientos de Koldo García e imputa solo al ex titular de Fomento la responsabilidad de haberle mantenido a su lado durante tanto tiempo, a pesar de las advertencias. “Él lo eligió, él no vigiló y él tiene que asumir la responsabilidad política para no arrastrarnos a todos al desastre”, añade el mismo interlocutor.

Pedro Sánchez ha escuchado esta y otras opiniones en los últimos días y, aunque en principio trató de encapsular el caso y aguardar hasta saber si había algo que implicase directamente a Ábalos, ya ha dictado sentencia. El ex ministro debe abandonar el Congreso “más pronto que tarde”, aseguran fuentes socialistas. Y esto “a pesar del desgarro que para el presidente y para la inmensa mayoría de cargos del PSOE supone prescindir de alguien que siempre fue leal con el partido, con los cuadros y con la militancia y sobre el que en este momento no hay más certeza que la de la responsabilidad in vigilando”. Algo que para muchos “no es poco” y para alguno, “un elevado precio”.

El presidente, de hecho, rompió este sábado su silencio sobre el escándalo al afirmar,  en su discurso ante la Internacional Socialista que se celebra en Madrid, que su gobierno “nació de la necesidad de acabar con la corrupción del gobierno del PP y ha hecho de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta y total y que no entiende de colores”. De ahí que dijera: “Quiero reafirmarme en que esa lucha ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, hoy hay colaboración absoluta. Frente a quienes expulsaban al que denunciaba, hoy, el que la hace la paga”.

En busca de una pieza de caza mayor

Sánchez sabe que la derecha apunta alto y tiene dudas de que Ábalos, ya sin responsabilidades gubernamentales ni orgánicas, sirva de cortafuegos del escándalo. Más bien sospecha que el PP busque cobrarse una pieza de caza mayor y apunte sobre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por ser él quien desde el clan navarro introdujo en Madrid a Koldo García y por estar ahora en el centro de la conversación pública como principal negociador con Junts para la ley de amnistía. Pero aún así ha decidido que Ábalos entregue el acta de parlamentario, una decisión que depende exclusivamente del ex ministro y que le será reclamada por el partido en las próximas horas, según aseguran fuentes de la dirección, “para que el asunto quede zanjado antes del lunes”.

Ábalos, por su parte, defiende su inocencia y mantiene que no ha cometido irregularidad alguna, que todos los contratos en los que participó fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas sin hallar tacha en ellos y que no comparte los motivos por los que tiene que sucumbir a la presión de determinados intereses políticos para entregar el acta. Está seguro de que la presión seguirá y que detrás de su renuncia, “la derecha pedirá la de Cerdán y, después, la del mismo Sánchez”, afirmó en declaraciones a elDiario.es. De hecho, la oposición ya ha pedido directamente que sea el presidente quien asuma la responsabilidad.

El problema, y así lo entienden en Moncloa y en el PSOE, es que el escándalo afecta de lleno al compromiso de Sánchez de la lucha contra la corrupción que alentó la moción de censura que derribó al Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 tras la sentencia de la Gürtel. Y el caso Koldo es el primer escándalo de corrupción importante que afecta directamente al Ejecutivo de Sánchez, por lo que las voces con quien ha consultado el presidente entienden que se ha de marcar la diferencia con el PP en esta materia porque cerrar los ojos ante la obscenidad nunca fue un buen negocio.

Ahora son legión los que, ante la falta de explicaciones por parte de Sánchez en su momento, especulan sobre los motivos de la decisión del presidente de prescindir de Ábalos en 2021 en el Gobierno y también en la secretaría de Organización del PSOE. Pero La Moncloa insiste en que sólo se debió a motivos políticos y que “quienes difamaron al ex ministro fueron demandados y han tenido que declarar en un procedimiento judicial que está a la espera de sentencia”. Nada se publicó entonces sobre una supuesta trama de mordidas en la compra de mascarillas, sólo sobre la vida privada del ex ministro.

Más allá del caso Koldo y sus consecuencias, el Gobierno acusa una situación de clara debilidad parlamentaria que arroja dudas sobre la duración de la legislatura, pese a que Sánchez esta misma semana, tras la arrolladora victoria del PP en las elecciones gallegas, ha manifestado que tiene intención de llegar hasta 2027 convencido además de que habrá ley de amnistía. Antes de que acabe el semestre, el PSOE deberá afrontar dos citas electorales importantes al Parlamento de Vitoria y a la Eurocámara.

En la primera, el PP parte de una representación del 6% de los votos que obtuvo hace cuatro años y no se espera que el resultado del 21 de abril mejore el registro. Sin embargo, la derecha no perderá ocasión de igualar al PSE con Bildu y tratará de extender un manto de sospecha sobre la más que incierta posibilidad de que los socialistas apoyen un gobierno de los abertzales que tratan de arrebatar la primera posición al PNV. Los de Ortuzar saben que eso no ocurrirá y tienen garantías de los socialistas de reeditar el gobierno de coalición y que cualquier duda al respecto debilitaría el apoyo que ellos prestan a Sánchez en el Congreso de los Diputados. Aún así otros saben que “el PP volverá a hacer campaña con ETA, con las víctimas y con lo que haga falta” para arañar votos aunque su fuerza electoral en Euskadi sea irrelevante.

Cuestión distinta son las elecciones europeas, donde el electorado tiende a usar la papeleta en clave de castigo al Gobierno sabiendo que el resultado tiene escasos efectos en la escena nacional, más allá de que puedan determinar estrategias a futuro. En todo caso, Sánchez confía en que sean no las vascas ni las europeas sino las catalanas, las que validen la llamada política del reencuentro si el resultado de esas elecciones permite que Salvador Illa ostente la presidencia de la Generalitat, una hipótesis que los socialistas daban hace meses por hecho y, sin embargo, como consecuencia de la tramitación de la amnistía y el desgaste de la marca, hoy está en duda.

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