El Movimiento Antirrepresivo de Madrid pide que la «amnistía parcial» aprobada en el Congreso sea una «amnistía total»
Que la nueva ley de amnistía se aplique también al rapero Pablo Hasél, a los condenados por los disturbios de Rodea el Congreso y a los radicales que se enfrentaron en las Marchas de la Dignidad a los antidisturbios de la Policía Nacional (UIP). Esa es la reivindicación que la extrema izquierda madrileña, aglutinada en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, llevará a cabo en las XII Jornadas por la amnistía total que se celebran el próximo 25 de mayo.
El movimiento, que se define como una «organización que surge para combatir la represión y generar estrategias de resistencia», ha clamado en la red social X -antes Twitter- contra la «amnistía parcial» aprobada el pasado jueves 14 de marzo en el Congreso de los Diputados: «Hoy más que nunca hay que organizarse y luchar por la verdadera Amnistía Total de todos los presos políticos y represaliados».
En esta «amnistía total» incluyen a manifestantes de extrema izquierda que organizaron disturbios contra el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2014, como el Rodea el Congreso, algunas convocatorias relacionadas con el 15-M y las Marchas de la Dignidad, que degeneraron en altercados violentos contra miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional. También a los manifestantes pro Pablo Hasél que la liaron en Madrid en 2021.
Por los incidentes en esas concentraciones se registraron decenas de detenidos. Algunos casos se fueron traduciendo en condenas judiciales por delitos de atentado, lesiones y desórdenes públicos, entre otros graves, que afectaron a radicales antifascistas, anarquistas y personajes de extrema izquierda como Alfonso Fernández (conocido como Alfon), condenado a cuatro años de prisión por portar un artefacto explosivo en la huelga general del 14 de noviembre de 2012.
A todos ellos van dedicadas las XII Jornadas por la amnistía total que tendrán lugar el próximo sábado 25 de mayo en el Centro Social Ocupado Atalaya (CSOA), situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, y que se compondrán de una comida, unas charlas por confirmar y una «pinchada popular».
El cartel de la convocatoria de estas jornadas es revelador. En una esquina se ve a Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y Miriam Nogueras (portavoz de Junts en el Congreso), medio tapados por unos cristales rotos que parecen haber sido rotos por unos encapuchados que mueven unos contenedores tumbados.
Ampliar la amnistía
El Congreso de los Diputados aprobó el 14 de marzo la polémica ley de amnistía, después de que los socialistas y los independentistas catalanes ajustaran la redacción sobre delitos de terrorismo, traición y malversación, de forma que beneficien a Puigdemont, Marta Rovira y otros muchos acusados en sumarios judiciales.
Esto ha suscitado la envidia de otros condenados y denunciados, como el joven de 20 años que fue detenido este mes por presunto autor de los destrozos causados en la sede del PSOE de Almendralejo (Badajoz), donde habría reventado la puerta principal con una retroexcavadora. Su abogado, Armando Rodríguez, ha pedido que se aplique la ley de amnistía remitiéndose al principio de igualdad ante la ley.
«Si el joven realizó la acción delictiva para protestar contra la política llevada a cabo por el Gobierno de España amnistiando a quienes han vulnerado el ordenamiento jurídico y han sido condenados por el Tribunal Supremo, debería tener el mismo derecho de acogerse a la misma y ser exonerado de responsabilidad penal», expuso el representante legal del joven a THE OBJECTIVE.
También desde la izquierda abertzale se ha intensificado recientemente la reivindicación de una amnistía para el terrorismo de ETA, y los últimos en pedir que se olviden sus delitos son los integrantes de la extrema izquierda madrileña, sabedores de que la ley aprobada ex profeso por el Gobierno para garantizarse el apoyo de los separatistas catalanes ha abierto la caja de Pandora.
https://theobjective.com/espana/2024-03-30/extrema-izquierda-madrid-ley-amnistia/
La precariedad de la lucha contra el narco: un barco prestado, servicios limitados, averías…
Cincuenta días después de la tragedia en Barbate, las embarcaciones de la Guardia Civil en Cádiz siguen bajo mínimos
Una embarcación de la Guardia Civil. | Europa Press
Una embarcación prestada de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, otra que solo da un servicio limitado, la que sigue averiada después de meses… Casi cincuenta días después del suceso en el que una narcolancha embistió mortalmente una zodiac de pequeñas dimensiones del Instituto Armado en el recinto portuario de Barbate, y de la polémica que suscitó esa intervención policial al no haber embarcaciones aptas para ello, la flota del Servicio Marítimo de la Benemérita en Cádiz sigue estando bajo mínimos, según atestiguan distintas fuentes de esta unidad de vigilancia a THE OBJECTIVE.
Tal como reveló este periódico, ninguna patrullera de la Guardia Civil, encargadas de velar por una extensión costera de más de 120 millas náuticas, pudo intervenir en el recinto portuario, donde seis narcolanchas se refugiaban del temporal que azotaba la costa, porque todas ellas estaban averiadas o fuera de servicio. Siete días más tarde de la tragedia la situación era idéntica en el parquin náutico. Ahora, que han transcurrido dos meses, solo hay una embarcación operativa de la flota puesto que la otra se ha traído de la demarcación de Algeciras y una tercera solo puede salir al mar durante un periodo de horas limitado.
Sobre las cuatro restantes, la lista de averías que presentan hacen todavía imposible que puedan operar en el litoral gaditano. Una de ellas fue comprada por el Ministerio del Interior hace tan solo ocho meses. Un escenario que no se resolverá a corto plazo, según señalan las fuentes del Instituto Armado consultadas por este periódico. Pueden ser días, meses o incluso años los que se tarden en volver a tener operativa la flota. Todo depende del tipo de daño que presente cada embarcación, aseguran estas fuentes.
Colisiones con narcolanchas
Problemas de refrigerante, en los motores o por desperfectos tras haber colisionado con narcolanchas son algunos de los inconvenientes que han provocado que estén varadas. La Río Agueda, por ejemplo, está averiada desde principios de este mes, después de que fuese embestida por una goma en la desembocadura del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, durante una persecución. Un operativo en el que resultó muerto el piloto de la lancha, amigo de ‘El Cabra’, y que justificaría, según la investigación, que este último hubiese embestido mortalmente a los agentes fallecidos por un ajuste de cuentas.
Un vídeo, sin embargo, podría dar un giro de 180 grados al caso de los dos guardias civiles. Se trata de una filmación telefónica que ha sido aportada por uno de los investigados a la causa que instruye el Juzgado de Instancia número 1 de Barbate y que situaría tanto al principal implicado, Francisco M.P., más conocido como ‘Kiko El Cabra’ y quien tripulaba supuestamente la embarcación, como al resto, todos ellos en prisión provisional, (José Israel A.B.,Mustafá C., José Jairo P. G, José Antonio G.C. y David G.N.) en otra neumática distinta a la que embistió a los agentes. Un archivo que están analizando los investigadores con el objetivo de identificar a los autores y geolocalizar la grabación.
Retrasos en reparación de la flota
Cabe destacar que el principal inconveniente en la reparación de los barcos están en los retrasos en la adjudicación del contrato que permitiría hacerlos operativos. Seis meses después de la licitación del pliego para el mantenimiento de los cascos y de los elementos metálicos de los buques y embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SMGC), las rectificaciones, las ampliaciones y errores han sido protagonistas.
La resolución del contrato, valorado en siete millones de euros y al que tuvo acceso este diario, no se prevé inminente. Así, la apertura de las ofertas económicas se producirá el 12 de marzo y a partir de ahí será necesario analizarlas y designar el adjudicatario. Eso en el mejor de los casos y si no se producen reclamaciones.
Esta trascendental adjudicación debería haberse producido a finales del año pasado, ya que la vigencia del anterior contrato de mantenimiento era hasta 2023. La empresa elegida en aquella ocasión fue la ferrolana Gauzon Ibérica. El pasado 29 de agosto se produjo el anuncio de este contrato. Sin embargo, el 25 de enero, cuando ya debería haberse resuelto, se amplió el plazo de presentación de oferta. El motivo fue que no se publicó en el BOE, algo imprescindible en estas tramitaciones. Finalmente, cinco días después, rectificó el anuncio de licitación y el pasado 15 de de febrero fue publicado en el BOE.
https://theobjective.com/espana/2024-03-30/precariedad-flota-narco-barco-prestado/
COMENTARIO
Se diría que en España el mundo está al revés. Mientras los delincuentes con penas, consiguen la amnistía para sus delitos, los agentes encargados de coger a los delincuentes: mueren, asesinados, se les niega el material para poder hacer su trabajo y se les condena al ostracismo más severo.
Si no protegemos a los que nos protegen, ¿Quién nos protegerá cuando vengan a por nosotros?
Renunciar a un estado de derecho, de Ley y orden, sólo nos puede conducir a la autodestrucción.
Es muy simple. Las narcolanchas que se incautan a los delincuentes, que pasen a ser usadas por la guardia civil para sus patrullas tras la pertinente adecuación.
Así tienes un material puntero, en perfecto estado y a coste cero. ¿ En serio no se le ha ocurrido a nadie ?
Hacemos leyes rocambolescas e intrincadas para justificar lo injustificable y ¿ no somos capaces de hacer una que permita ésto ? Seguro que habría menos gente en contra que con lo de la amnistía.