En apenas unas horas (a las 12.00, hora local canaria) de este sábado, 20 de abril, toda Canarias está llamada a una protesta que busca ser histórica y que tendrá lugar de forma simultánea en las ocho islas del archipiélago, así como en varias ciudades de la Península y el extranjero (Málaga, Granada, Madrid, Barcelona, Ámsterdan, Londres y Berlín. El lema, Canarias tiene un límite. El objetivo, reconducir el modelo de desarrollo en las islas basado en el turismo, que, si bien es el que sustenta a casi el 40% del empleo (directo o indirecto) y es el principal sector en el PIB, es también un modelo que genera desigualdad y que no ha distribuido la riqueza entre la población isleña. Baste un dato, tanto en 2017 como este 2023, Canarias registró sus cifras más altas de llegadas de turistas y, al mismo tiempo, sus tasas más elevadas de pobreza (informe AROPE). Además, es un modelo que consume gran cantidad de recursos y que transforma el territorio, concentrándose en las zonas costeras y emblemáticas de las islas.

La protesta, como han insistido en señalar los convocantes, no es para echar a los turistas o acabar con esta industria, como han pretendido afirmar quienes se oponen a este movimiento. Es para ponerle límites y condiciones, y para protestar contra quienes han gobernado solo pensando en términos de beneficios económicos y escuchando solo los intereses de un sector y unos empresarios muy concretos. Y estos son los motivos:

Canarias tiene los segundos sueldos más bajos del país y una tasa de pobreza y riesgo de exclusión social por encima del 33% de la población. Esta, además, no ha parado de crecer en los últimos años a un ritmo vertiginoso en el conjunto del archipiélago, especialmente en Tenerife y Fuerteventura, hasta superar los 2,2 millones de habitantes. Y no, esos nuevos residentes no son africanos llegados en pateras o cayucos. Estos, más del 80%, acaba trasladándose al continente europeo. Los nuevos residentes son, en su mayoría, italianos, británicos, alemanes y venezolanos (más del 21% de la población residente nació en el extranjero). Y mientras esto ha ocurrido, las infraestructuras y servicios, como los sanitarios, educativos o de saneamiento de aguas, apenas se han desarrollado. Los sucesivos gobiernos de Canarias han apostado en las últimas décadas (siempre con Coalición Canaria en el poder, salvo en el período 2019-2023) por seguir alimentando la industria turística, con la excepción de una moratoria aprobada a principios de los 2000, que frenó durante un tiempo la construcción de plazas hoteleras. Pero poco se ha apostado por la sostenibilidad y el medio ambiente, o por solucionar el histórico problema de la depuración de aguas en islas como Tenerife, con millones de litros vertidos al mar sin tratar.

Tras la pandemia, además, el ritmo de llegada de turistas, crecimiento de la población y empeoramiento de los servicios parece haberse acelerado. En islas como Tenerife existe la sensación de que “aquí no cabe un alfiler”. Vayas donde vayas hay colas de coches, falta de aparcamiento y turistas. Se ven escenas de colapso incluso en zonas rurales, como el caserío de Masca o el Parque Rural de Anaga, cuyos vecinos piden, sin éxito, medidas para controlar el número de vehículos de alquiler que transitan por sus carreteras. Mientras que hace pocos años los turistas se encontraban solo en las zonas hoteleras (sur de la isla y el municipio norteño de Puerto de la Cruz) ahora se les ve incluso en los barrios. Les han llevado hasta allí las viviendas vacacionales, que han repartido a los visitantes por toda la geografía insular, llegando incluso en algunas poblaciones canarias a suponer más del 20% de las viviendas. Los precios del alquiler se han disparado y la población local ha sido poco a poco desplazada. La apuesta del anterior Gobierno canario de atraer a “nómadas digitales” no ayudó a esta crisis habitacional.

Proteger a los hoteles, incluso si no cumplen la ley

A todo esto se suma la posición del actual Gobierno de Canarias (CC-PP) respecto a varios proyectos turísticos que cuentan con un gran rechazo entre la población y que, además, están plagados de irregularidades. Son la construcción de un hotel en la playa de La Tejita (Tenerife), el complejo turístico Cuna del Alma (Tenerife) y el Hotel Riu Oliva Beach (Dunas de Corralejo, en Fuerteventura). En los dos primeros casos, había órdenes de paralización de las obras por diferentes motivos; en el tercero, hay una orden de derribo por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Pero la postura del actual Ejecutivo ha sido la misma en todos los casos: defender a la empresa promotora o explotadora del negocio. Así, en apenas ocho meses desde que llegó a la presidencia Fernando Clavijo (CC), se han dejado caducar los expedientes sancionadores a Cuna del Alma y se ha permitido que continúen las obras en La Tejita, pese a que la empresa no tiene título habilitante para ello. Y respecto al Oliva Beach, el Gobierno ha querido convertir la orden de derribo en una suerte de conflicto Canarias-España por las competencias en materia de Costas. Ni una palabra a estas empresas para que respeten y cumplan la ley.

Gota a gota, hasta llenar el vaso

Todos estos puntos, y algunos más, como la escasez de vivienda a precios asequibles (más de un tercio de las que se venden son compradas por extranjeros), la emergencia hídrica declarada en varias islas, la emergencia energética declarada en todo el archipiélago o la cesta de la compra más cara del país con los segundos sueldos más bajos han terminado por crear una sensación de “robo”, de “hartazgo”, de “expulsión de tu propia tierra” o de “colapso” que lleva candente en el ambiente, especialmente en Tenerife, desde hace al menos dos años. Fue entonces cuando se organizó la primera gran manifestación contra Cuna del Alma y contra todos los macroproyectos previstos en la isla, que no son pocos: unos trenes al norte y al sur (con un coste de más de 4.000 millones de euros), un circuito del motor (más de 50 millones y sin empresas que quieran gestionarlo por las dudas sobre su rentabilidad) o un puerto en Fonsalía (rodeado de una franja de agua que constituye el único santuario de ballenas de España y de la Unión Europea, y es el tercero del mundo).

Y no solo en Tenerife. También en Gran Canaria ha habido movilizaciones contra la construcción de la terminal de bombeo de Chira-Soria, y en Fuerteventura, contra la construcción junto a las Dunas de Corralejo de un parque temático sobre el cine, con platós, centro comercial y un tanque de agua de varios millones de litros en una isla desértica.

Es lo habitual en estas islas que cada poco se conozca que se ha autorizado la construcción de un nuevo hotel o que, para sortear la protección del suelo, se ha declarado que un proyecto turístico es “interés insular”. Ha ocurrido con la construcción de una ciudad del cine en Gran Canaria, con el hotel y spa Dichosa Wellnes, junto a las coladas aún enfriándose del volcán de La Palma, o con un nuevo hotel y 30 villas turísticas en El Hierro.

Se echan de menos leyes para proteger el suelo, para aumentar la vigilancia de los espacios protegidos, o sanciones más duras para quienes incumplen la normativa de construcción, para facilitar que la población canaria encuentre casa en su isla o un trabajo más allá del sector servicios y sus sueldos precarios.

El 20A como válvula de escape

Canarias era ya una olla a presión que necesitaba una válvula de escape. Y en ese contexto llegó la convocatoria para este 20A, primero en Tenerife, y luego, una a una, se fueron sumando las ocho islas del archipiélago, porque todas tienen algo por lo que protestar, y un fin común, reconducir el modelo de desarrollo y poner un límite a la llegada de turistas y población creciente.

Por eso se reclama una tasa turística, cuyo importe recaudado se destine a proteger y vigilar los entornos naturales de las islas; una moratoria turística y que no se pueda construir ni una plaza hotelera o vacacional más y medidas para evitar que personas no residentes adquieran viviendas con fines especulativos, así como una ley de residencia para limitar el número de personas que se trasladas a vivir a las islas, entre otras.

La convocatoria, antes incluso de que llegue este sábado a las 12.00, ya ha sido todo un éxito porque ha conseguido cosechar el apoyo de múltiples organizaciones y personalidades de todos los ámbitos, especialmente el social, medioambiental y científico. Y se ha colado en el discurso político, obligando a los partidos, al Gobierno y a las patronales turísticas a reaccionar. Ahora el discurso del Ejecutivo regional, que empezó acusando a los convocantes de turismofobia, ha cambiado hasta señalar a las patronales de ser las responsables del malestar por no subir sueldos. Y estas han respondido acusando al Gobierno de no haber construido infraestructuras y no haber solucionado el problema habitacional. De subir sueldos no han dicho nada, pero sí han propuesto que los ayuntamientos cedan suelo para construir viviendas para los trabajadores de los hoteles a precios “tasados”, es decir, que puedan pagar con sus sueldos actuales. El propio Gobierno reconoció hace meses que “algo falla”, porque el turismo crece y la pobreza también, pero hace apenas unos días Clavijo defendió que este modelo productivo no se cambiará porque es “un éxito”.

Se prevé que este 2024 rompa todos los récords de llegada de turistas, con más de 17 millones. Habrá que ver si se cumple la tradición y se dan también en este año los niveles más altos de pobreza, porque en las estadísticas ambos factores van de la mano en Canarias: cuando ha habido más turismo, también se han dado las mayores tasas de pobreza. De ahí la principal reivindicación del 20A, cambiar el modelo de desarrollo, porque el actual “cronifica la pobreza”.

A Flourish chart

La pregunta que cabe hacerse ahora es qué pasará tras este sábado. Los convocantes (decenas de organizaciones en todas las islas) quieren que este sea solo el primer paso de un cambio de rumbo, poniendo a la ciudadanía en el centro en lugar del beneficio económico. Este mismo viernes, el presidente canario ha dicho que lo de este sábado es una “oportunidad” para poder abrir un proceso social de reflexión y para intentar cambiar las cosas a mejor. Las patronales, probablemente, esperan solo a que escampe.

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