Pedro Sánchez dio este martes un volantazo de inciertas consecuencias a la legislatura. El presidente del Gobierno rectificó la posición del PSOE sobre el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cerrar el trato con el PP que puso fin a los cinco años y medio de bloqueo que han impedido su renovación.

Los socialistas nunca vieron con buenos ojos que los jueces fueran quienes decidieran qué compañeros suyos debían sentarse en su órgano de gobierno. Pero ahora, según se desprende del acuerdo, el PSOE acepta la «participación directa» de los togados «en la ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales» que deberá votar las Cortes Generales.

Los dos partidos de la coalición que gobierna España se afanaron en explicar que el compromiso con el PP no implica que los jueces elijan a los jueces. Pero nada más lejos de la realidad. Basta ver la airada reacción de sus socios en la Carrera de San Jerónimo. El giro de Sánchez enfureció a sus aliados parlamentarios; lo que alimenta la expectativa de un adelanto electoral que puede coincidir con una hipotética repetición en Cataluña en caso de que Salvador Illa no logre el apoyo de los independentistas.

Precisamente ERC, el aliado que corteja el líder del PSC para ser investido ‘president’, derramó su bilis en el Congreso de los Diputados una vez trascendieron los detalles del pacto, firmado ante la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, fue a degüello contra Sánchez: «El PSOE, hoy [por este martes], anuncia un nuevo socio, que es el PP. Podemos darnos la bienvenida a la gran coalición. El presidente del Gobierno se tomó cinco días de reflexión y salió diciendo que existía una máquina del fango. En esa ecuación metía al PP. Y, dos meses después, para intentar frenar esa máquina del fango, pacta con el PP«.

El vómito de Rufián se esparció rápidamente por la Cámara Baja. La líder de Podemos, Ione Belarra, fue en la misma línea: el PP desbanca a Sumar como socio de coalición del PSOE en Moncloa. Tampoco gustó a EH Bildu, que cree que la alianza entre populares y socialistas perpetuará el problema de politización de la justicia. Alerta roja, pues, en Moncloa, en tanto en cuanto los cuatro diputados morados; los cinco abertzales y los siete republicanos son claves para la gobernabilidad. Las repercusiones políticas del pacto sellado este martes se cristalizarán en las próximas semanas.

Pero a buen seguro que levantará ampollas en el independentismo y en la izquierda más radical que sustenta a Sánchez. El socialismo catalán está sumido en un mar de dudas sobre el devenir de la batalla por la investidura que se está librando este verano. El acuerdo del CGPJ es «necesario», según lo describen fuentes de alto nivel de su ejecutiva, pero a la vez entienden perfectamente que aleja a Illa de la presidencia de la Generalitat y a Pedro Sánchez de llevar a buen puerto una legislatura casi imposible.

Para más inri, el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue sin tener garantizado beneficiarse de la medida de gracia que empezó este martes a crear amnistiados -el exconsejero de Interior catalán Miquel Buch fue el primero-. El entorno de Puigdemont, además, evita valorar el acuerdo entre el PSOE y el PP. La legislatura, por tanto, se complica aún más.

Todo parece indicar que el presidente del Gobierno ha cedido a la presión de Bruselas. Sánchez ha cerrado un acuerdo con el visto bueno de las instituciones europeas. Y aleja el amago de control del Poder Judicial sin acuerdo y por la puerta de atrás con el que amenazó hace dos semanas en TVE si no cerraba un pacto con el PP.

El presidente, no obstante, puede utilizar políticamente el acuerdo para restablecer cauces de diálogo con la judicatura justo cuando tiene enfrente hasta diez causas que le pueden descarrilar, entre ellas la que afecta a su mujer, Begoña Gómez, por supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias. El líder socialista podrá vender, llegado el caso, que sigue siendo el máximo dirigente de un partido de Estado capaz de llegar a acuerdos con la principal fuerza política del país; la misma que ostenta el liderazgo de la oposición.

La novedad del acuerdo que cerraron este martes el PSOE y el PP es que, por primera vez, no tendrá vocales nacionalistas ni independentistas. Tampoco habrá miembro alguno de la cuerda de Sumar o de Podemos. El pacto destroza el equilibrio de fuerzas del Gobierno. Queda por ver cómo se desarrolla en los próximos meses. Pero, al menos, el presidente ya no podrá insinuar con tanta asiduidad que la Justicia es viperina.

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