PSOE, Sumar y CC han registrado este lunes su reforma de la Ley de Extranjería, que pretende dar respuesta a la situación de colapso que vive Canarias, una comunidad que actualmente acoge a más de 6.000 menores inmigrantes, a pesar de que únicamente tiene capacidad para albergar a 2.000.

El documento en cuestión modifica el artículo 35 -que es precisamente el relativo a los llamados menas- para introducir el concepto de «situación de contingencia migratoria extraordinaria«. Sin embargo, y aquí es donde la reforma choca de lleno con la visión del PP, dicha situación únicamente se contempla para la Comunidad Autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla.

La contigencia migratoria extraordinaria

De acuerdo con el texto planteado, esta se activará cuando en alguno de los mencionados territorios se produzca una «sobreocupación«, entiendo esta a partir del momento en que el número de menores inmigrantes no acompañados supere el 150% de las plazas disponibles en el sistema. Teniendo en cuenta que Canarias tiene reconocidas 2.000 plazas, la emergencia en el archipiélago se declararía cuando se superasen los 3.000 menas. En el caso de Melilla, donde constan un total de 166 plazas, la sobreocupación se establecerá a partir de 249, mientras que en Ceuta, con 88 plazas, el límite se situará en 132. En ambas ciudades se calcula que en estos momentos hay cerca de 400.

Al declararse la bautizada como «contingencia migratoria extraordinaria», todos aquellos menores que superen el límite de sobreocupación establecido deberán ser derivados a otras comunidades. La propuesta establece que los niños que se encuentran ya en Canarias, Ceuta o Melilla sean repartidos en el plazo de un año desde que se apruebe la ley y deberá ser la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia -en la que están representados tanto el Gobierno como las autonomías- la que acuerde los criterios objetivos para llevar a cabo dicha distribución. Si este nuevo modelo no se aprueba en un plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor, el reparto se hará en función de las normas pactadas en 2022.

Por lo que respecta a los llamados menas que seguirán llegando a partir de ahora, el texto consensuado por PSOE, Sumar y CC establece que estos deberán ser inscritos de inmediato en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y derivados a otra comunidad en el plazo de 15 días. Si hay dudas sobre la edad del menor, serán las autonomías receptoras las que deberán realizar las comprobaciones pertinentes.

Lo que exige el PP

Las medidas han sido planteadas al margen del principal grupo de la oposición y sin abordar un plan integral de política migratoria. Precisamente por eso, el Partido Popular ha reaccionado advirtiendo de que no aceptará «trágalas ni parches» en una cuestión de Estado como esta, que exige diálogo y consenso, y no imposición, demagogia y sectarismo que es, a su juicio, lo que está haciendo el Gobierno.

Para empezar, el PP asume la declaración de la emergencia migratoria, pero no solo para Canarias, Ceuta y Melilla, sino para todo el territorio nacional, de tal manera que si es otra ciudad o comunidad la que está «sobreocupada» también pueda derivar a los menores a otros lugares de España.

Además, exige un compromiso financiero por parte del Gobierno mediante un fondo de contingencia plurianual y que el reparto sea para todas las comunidades «sin excepción», ya que los independentistas de Cataluña ya han asegurado que no acogerán a nadie. De hecho, el PP ya ha dejado caer que «sería muy lamentable» que la negativa del Gobierno a convocar una Conferencia de Presidentes -el órgano donde consideran que debería abordarse la reforma de la Ley de Extranjería- «pretenda ocultar la posición injusta e insolidaria de los socios que le sustentan en el poder y con los que negocia estos días el Gobierno de Cataluña».

De igual modo, los de Feijóo reclaman que, en el caso de que una comunidad autónoma de acogida exceda la capacidad de sus recursos para atender a los menores, el Gobierno central «habilite los medios y su gestión directa», ya que insisten en que la imposición de este reparto sin los medios necesarios hace imposible que la acogida sea efectiva.

En cuarto lugar, el PP también exige políticas de cooperación con los países de origen y las instituciones europeas, algo imprescindible en cualquier plan integral mínimamente serio. El hecho de que el Gobierno ni siquiera contemple ese asunto en la reforma es lo que vendría a demostrar que, como le reprocha el principal partido de la oposición, esto no sea más que «un parche» para repartir el problema.

Por último, los populares afean al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya optado por presentar una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley. La diferencia no es baladí. PSOE, Sumar y CC se escudan en que, de esta manera, podría debatirse en el Congreso el próximo 23 de julio y dar cobertura a todos los inmigrantes que lleguen el próximo mes de agosto. La realidad, sin embargo, es que, al tramitarlo como mera proposición, se ahorran un trámite que podría poner en tela de juicio su viabilidad, ya que el proyecto de ley «habría venido acompañado de informes jurídicos de órganos consultivos y la memoria económica imprescindible».

https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2024-07-16/que-dice-la-reforma-de-la-ley-de-extranjeria-que-propone-el-gobierno-y-que-exige-el-pp-para-apoyarla-7147632/