La comparación con regiones como Madrid o Comunidad Valenciana desvela la elevada factura del gasto público en Cataluña, en comparación con la calidad de los servicios prestados
Un comisario de los Mossos d’Esquadra que por complicidad o negligencia dejara escapar a Carles Puigdemont el 8 de agosto, gana 92.414 € al año. Un comisario de la Policía Nacional en Barcelona al que ningunearon el operativo sobre Puigdemont percibe un sueldo ordinario de 45.000 €, lo mismo que un cabo de Mossos, penúltimo rango en el escalafón. Cuando el gobierno sanchista de Illa se dispone a complacer la reclamación fiscal plena para Cataluña, la relación entre gasto público y eficiencia en algunos servicios de esa región arroja pistas sobre el destino que esperaría al 100% de los impuestos administrados por la Generalitat.
“Cataluña tiene capacidad para mejorar España”, ha dicho Salvador Illa en su primera entrevista periodística (La Vanguardia, 25/08/2024), concretando las aportaciones al conjunto de los españoles en “políticas que mejoren la educación, la sanidad y la seguridad”. Ese brindis solidario sale mal parado en su contraste con la realidad, pues comparando el coste/rendimiento de esos tres servicios públicos -seguridad, enseñanza y sanidad- en Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, tres regiones con algunas magnitudes semejantes, se constata que a mayor gasto y mayor aparato administrativo, como ocurre en la Generalitat, no siempre corresponde más calidad en el servicio.
Desde eslóganes del tipo «Espanya ens roba» o el de la competencia desleal de Madrid, a la población catalana se le vende el deterioro de algunas prestaciones omitiendo las remuneraciones de ciertos empleados públicos de la Generalitat y la gestión partidista. Por ahí va la llamada excepcionalidad catalana. La relación entre el gasto y el rendimiento obtenido en los servicios públicos de Cataluña, con una autonomía presupuestaria que Pedro Sánchez se ha comprometido a convertir en soberanía, no puede prescindir de ese capítulo de retribuciones. Contempladas en el conjunto del Estado español hay comparaciones que resultan más irritantes que odiosas:
- Un jefe de protocolo de la `conselleria´ de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con nómina de 72.897 €/año, gana un 25% más que un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia o un 32% más que un médico de atención primaria en cualquier ciudad catalana.
- Los 72.896 € del asesor en políticas transversales del Departament de Territori no los alcanza un coronel de la Guardia Civil cargado de trienios.
- Un cabo de bomberos de la Generalitat, con 49.601 €, supera los 41.660 € de un investigador M3 del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.
Los Mossos d’Esquadra, cuerpo celoso y ambicioso en sus atribuciones, que hizo el paripé en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la `performance´ de Puigdemont el 8 de este mes y que ha merecido especial consideración de Salvador Illa, dispone de una tabla salarial muy superior a la de la Policía Nacional (PN) y a la de la Guardia Civil (GC). Aparte de la citada diferencia retributiva entre un Comisario de la PN y uno de la policía autonómica, hay más ejemplos: los honorarios de un subinspector de Policía están lejos de los 37.526 euros de un mozo en prácticas.
A la superioridad salarial del cuerpo policial de la Generalitat se añade la de su despliegue. Partiendo de las plantillas de 19.711 mossos, de 156.400 policías nacionales y guardias civiles (74.458 PN+81.995 GC) y de las cifras de población de Cataluña y de toda España, los catalanes disponen de 1 policía por cada 299 habitantes, proporción que descenderá a 1/275 habitantes con el aumento de nuevos agentes prometido por Illa. Una proporción que empeora para el conjunto de ciudadanos del territorio nacional, que es de 1 policía o guardia civil por cada 307 habitantes.
Es raro el día que la prensa catalana no da cuenta de sucesos graves en la vía pública creando un clima de inseguridad ciudadana y de guetos delincuenciales. Si la policía autonómica va por delante de las fuerzas de seguridad estatales en remuneración y en despliegue, los datos de eficacia contra el crimen de una y otras arroja unos resultados más favorables al conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil, como recoge el cuadro junto a estas líneas con los datos más recientes del Ministerio del Interior.
El sistema público sanitario catalán, con una superestructura costosa integrada por el Servei Catalá de Salut o CatSalut, el Sistema Sanitari Integral d’Utilizació Pública de Catalunya, el Institut Català de la Salut… y así hasta treinta entidades públicas o no, es el de mayor presupuesto de España: 14.017 millones € para 8 millones de habitantes, por delante de Andalucía con menos dinero, 12.638 millones €, para más habitantes, 8,6 millones y un 63% más de territorio. El último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud arroja los siguientes datos comparados sobre Cataluña (CAT), Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y Comunidad Valenciana (CVA):
- Gasto sanitario por habitante:1.829 € (CAT) – 1.536 € (CAM) – 1.656 € (CVA).
- Médicos / Enfermeras: 28.355 / 36.462 (CAT) – 26.262 / 28.497 (CAM) – 17.657 / 21.229 (CVA).
- Hospitales públicos: 156 (CAT) – 38 (CAM) – 38 (CVA).
Las evidentes ventajas presupuestarias y en recursos materiales y humanos del CatSalut no siempre se traducen en mejores resultados asistenciales, particularmente en algo que afecta tan directamente a los pacientes como las listas de espera:
- Tiempo medio de espera para especialista: 97 días (CAT) – 67 días (CAM) – 93 días (CVA).
- Pacientes que esperan más de 6 meses para quirófano: 23,5% (CAT) – 0,6% (CAM) – 8,2% (CVA).
La relación gasto/eficiencia en los sistemas educativos también ofrece disparidades a la vista de lo recogido en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024. Siendo Cataluña la comunidad autónoma con mayor presupuesto en enseñanza, su gasto público por alumno, 6.920 €, supera notablemente al de Madrid, que es de 5.886 €, asemejándose al de 6.793 € dela Comunitat Valenciana. Desde esas cifras de gasto y con unas ratios de número de alumnos por profesor semejantes, los resultados académicos o calidad educativa vuelven a mostrar que a mayor coste no siempre hay mejor rendimiento, como aparece en las mediciones del Informe PISA:
- Comprensión lectora: Cataluña ocupa el puesto 37 de 44, por debajo de las medias de España, de la UE y de la OCDE. En los diez primeros puestos se sitúan Castilla y León, Cantabria, Madrid, Asturias, Navarra, Galicia y La Rioja. C. Valenciana ocupa el puesto 14.
- Competencia matemática: Cataluña está en 27º lugar, debajo de las medias de España y de la OCDE. La CAM, en los diez primeros puestos y la CVA en el 20º.
- Competencia en ciencias: Cataluña en el retrasado 33º lugar, también alejada de la media española y europea, por debajo de Extremadura, Canarias o Islas Baleares. La C. Valenciana, en vigésimo lugar.
- Dentro de las singularidades del sistema educativo catalán, con la inmersión lingüística como determinante, figura junto a esos rendimientos mediocres que, siendo Cataluña la región con más baja tasa de repetidores en primaria y ESO y con un gasto por alumno superior en 1.000 euros al de Madrid, arroje uno de los mayores porcentajes de abandono de los estudios: un 14,8% de los estudiantes de 18 a 24 años, cantidad superior al 11,4% de quienes abandonan en la Comunidad de Madrid.
En el horizonte cercano Salvador Illa no contempla mejores resultados educativos: “Los expertos que hemos consultado sitúan un horizonte de entre cuatro y seis años para verificar mejoras en estos ámbitos”, dijo el Molt Honorable President en la entrevista del domingo pasado en La Vanguardia, a propósito de las conclusiones del Informe PISA.
https://www.vozpopuli.com/espana/cataluna/privilegio-trabajar-generalitat-jefe-protocolo.html
Sindicatos policiales denuncian al Ayuntamiento de Granollers por un taller que simulaba lanzar cócteles molotov a agentes
Estaba programado para este martes 27 de agosto a las 19.30 horas en el folleto que recogía todos los actos de las fiestas del Ayuntamiento de Granollers. En el díptico difundido por el municipio catalán se recogía, organizado por la peña Els Baus, un taller práctico bajo el título Técnicas aplicadas de Guerrilla Urbana. La cita, que tuvo lugar en la Plaza Can Trullás, ha generado una enorme polémica. Primero, por la permisividad del consistorio por autorizarla. Y segundo, por las controvertidas imágenes filtradas tras su celebración. Lo que más revuelo ha causado ha sido el taller de lanzamiento de cóctel molotov incluido en la convocatoria. Así, los asistentes era invitados a una parte práctica en la que se les instaba a participar haciendo blanco en muñecos a escala real vestidos con uniformes policial semejantes a los oficiales. «Afina la puntería y lanza el cóctel contra el objetivo. ¡Haz que arda tu rabia» podía leerse en un panel informativo en el que se informaba también de cómo hacer esta arma incendiaria, una bomba casera cuyo propósito es la expansión de los líquidos inflamables que contienen. Normalmente se coloca una mezcla de material combustible en su interior en un recipiente de vidrio.
«Exigimos la dimisión de la alcaldesa»
Los vecinos de Granollers que participaron en este acto, algunos menores de edad, también movieron contenedores para ser golpeados contra una furgoneta de cartón que hacía las veces de vehículo policial. Los hechos acaecidos han provocado este mismo martes que Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos d’Esquadra USPAC, haya anunciado la denuncia ante la Fiscalía de la sucedido durante la Fiesta Mayor de la localidad catalana, donde gobierna desde abril de 2022 la socialista Alba Barnusell, licenciada en Comunicación Audiovisual y también delegada de Políticas de Igualdad en la Diputación de Barcelona. «Exigimos la dimisión de la alcaldesa y de todos los regidores que tuvieran conocimiento de este acto vandálico. Queremos que la consejera de Interior, Nuria Parlón, y el nuevo director general, Josep Lluís Trapero, den la cara y nos defiendan», ha señalado el portavoz de USPAC.
Los organizadores señalan que no querían «incentivar la violencia»
Además de USPAC, otras entidades que representan a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se han pronunciado en contra de lo ocurrido. «No podemos entender ni admitir que un Ayuntamiento admita dentro de su programa festivo una actividad así y luego, en un breve comunicado, asegure que desconocía el contenido del acto. El propio nombre del taller es suficientemente descriptivo y no tiene demasiadas interpretaciones», indican desde la Associació Professional de Comandaments de la Policia de Catalunya (COPCAT).
Desde el sindicato de la Confederación Española de Policía (CEP) consideran que lo sucedido en la ciudad catalana es «de tal gravedad que no puede quedar sin consecuencias contundentes». A su vez, la asociación que impulsó la celebración de estos talleres propios de la «kale borroka», considera que se han interpretado de forma errónea sus intenciones. La peña Els Baus indica que «en ningún caso hemos querido ofender ni incentivar la violencia, se trataba de un acto lúdico en el marco de la Fiesta Mayor».
Desde el consistorio de Granollers se ha emitido un comunicado mostrando su «apoyo a los cuerpos de seguridad». Añade que la corporación «desconocía el contenido de dicho acto». Sin embargo, como ya se especificó al comienzo de esta noticia, el polémico acto figuraba en la agenda oficial compartida en redes y mediante cartelería por parte del Ayuntamiento.