La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apremia a los países para que aprueben el impuesto mínimo para las multinacionales.

El objetivo principal de la OCDE es combatir la evasión fiscal de las grandes multinacionales. Para evitar estas prácticas, se diseñó un impuesto mínimo global del 15%, que busca garantizar que las multinacionales paguen una cantidad justa de impuestos, sin importar dónde operen. Manal Corwin, directora de impuestos de la OCDE, en declaraciones recogidas por Reuters, ha dicho que “hay un compromiso del 100% entre los miembros de la OCDE para conseguirlo”.

La implementación de este impuesto no ha sido uniforme. Aunque más de 140 países participaron en la creación de este plan, varios de ellos, como Estados Unidos, India y China, aún no han adoptado medidas concretas para su implementación. Sin embargo, la Unión Europea ha liderado la adopción de este impuesto, con España como uno de sus principales promotores.

¿Cómo afectará el impuesto mínimo a las multinacionales?

El plan de la OCDE se basa en dos pilares. El primero, que ha progresado más lentamente, busca redistribuir la base imponible de las multinacionales en aquellos países donde operan, incluso si no tienen una presencia física allí. Este pilar aún está en fase de desarrollo.

El segundo pilar, que está más avanzado, introduce un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales. Esta tasa se aplicará incluso si la empresa opera en un país con un régimen fiscal más favorable. La Unión Europea ya adoptó esta medida en 2022, y España ha sido uno de los primeros países en implementar la directiva comunitaria en su legislación interna.

El avance de España en la adopción del impuesto mínimo

España ya dio el paso en la adopción de la normativa europea al aprobar un anteproyecto de ley que incorpora el impuesto mínimo del 15%. Esta reforma afecta a las grandes empresas multinacionales y nacionales con ingresos superiores a los 750 millones de euros.

La medida no solo busca aumentar los ingresos fiscales, sino también frenar la tendencia de desviar beneficios a territorios con baja tributación. Según estimaciones, esta práctica ha costado a las arcas públicas miles de millones de euros cada año. Al adoptar esta normativa, España está alineada con el segundo pilar del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) promovido por la OCDE.

¿Cómo se aplicará el impuesto en España?

A diferencia del impuesto de sociedades vigente en España, que se basa en la base imponible de las empresas, el nuevo impuesto del 15% se aplicará sobre el resultado contable ajustado. Esto significa que se gravará una cifra más cercana al beneficio neto de la empresa, lo que permitirá una recaudación más efectiva.

Además, el Gobierno español ha previsto un esquema de impuesto complementario, diseñado para asegurar que las empresas multinacionales paguen el mínimo del 15% en todas las jurisdicciones donde operan. Este esquema se divide en tres tipos de impuestos complementarios: el nacional, el primario y el secundario.

• Impuesto complementario nacional: se aplicará a las empresas con sede en España que tributen por debajo del 15%.
• Impuesto complementario primario: afectará a las empresas españolas con filiales en el extranjero que paguen menos del 15% en impuestos.
• Impuesto complementario secundario: gravará a las filiales de multinacionales extranjeras que operen en España y que no alcancen el mínimo impositivo.

En España hay cada vez más ricos y menos contribuyentes al impuesto de Patrimonio

El impacto que se espera en España

Se estima que esta nueva normativa afectará a 126 grupos empresariales con sede en España, así como a 707 multinacionales extranjeras que operan en el país. Estos grupos se verán obligados a ajustar sus pagos fiscales para cumplir con el nuevo marco impositivo.

Aunque todavía no se ha realizado una previsión exacta sobre la recaudación que generará esta medida, se espera que el impacto sea significativo. El Gobierno español, por el momento, ya hizo los deberes legislativos, a falta de la aprobación del Congreso, para garantizar que las multinacionales contribuyan a las finanzas públicas, en línea con los objetivos de la OCDE.

Todo ello mientras el G20 también quiere implementar un impuesto a los más ricos, aceptando una iniciativa de Brasil, para que los casi 3.300 multimillonarios que hay en el mundo paguen un 2% de su riqueza en impuestos, para combatir con la recaudación estimada de 250.000 millones de dólares (unos 230.000 millones de euros), la pobreza, el hambre y el cambio climático.