El pasado mes de mayo, Libre Mercado se hacía eco de la lucha de un jubilado de 71 años por recuperar la vivienda que tenía en alquiler para complementar su pensión y que desde hace cinco está inquiokupada por dos mujeres que le deben más de 60.000 euros. Después de que la Justicia haya paralizado hasta en 5 ocasiones el desalojo de estas personas por supuesta vulnerabilidad, el Gobierno ha vuelto a prorrogar el polémico decreto antidesahucios hasta 2025, por lo que, el pasado 16 de septiembre, Carmelo decidió escribir personalmente a Pedro Sánchez para contarle su historia y la de tantas otras víctimas agrupadas en la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Su intención era hacerle ver el daño que esta polémica norma -que inicialmente se aprobó para paliar los efectos de la crisis del coronavirus- está provocando a miles de propietarios de toda España, generando una injusticia a todas luces evidente. Por eso, no solo le narró su delicada situación económica, sino también cómo el hecho de que sus inquiokupas ni paguen ni le devuelvan su casa -en la que él mismo se crió y que luego heredó de su padre- le ha llegado a afectar psicológica e incluso físicamente. No en vano, desde que empezó todo esto, Carmelo tiene que tomar pastillas para dormir y ha perdido mucho peso. «No consigo quitármelo de la cabeza y se me hace un nudo en el estómago que me impide comer lo que debiera», relataba a LM hace tan solo unos meses.

El propietario contemplaba la posibilidad de que Sánchez no le respondiera, pero lo que no imaginaba es la respuesta que ha recibido. «Es una tomadura de pelo. Lo único que hace es echar balones fuera y decir que el problema es de la administración local y autonómica, y que ellos lo han hecho bien», resume indignado, mientras nos muestra el mail que el Gabinete de Presidencia le ha remitido en su nombre.

La carta de Carmelo

En su misiva, el propietario le relataba su particular calvario, así como el «desamparo» en el que se encontraba tras alquilar su piso a dos mujeres que no solo presentaron su nómina, sino que, además, aportaron avalistas. «El contrato de arrendamiento que firmé en su día no me obliga a ser escudo social de esta familia«, insistía, al tiempo que preguntaba al presidente si privaría a un pensionista del ingreso del rescate de su plan de pensiones para atender una necesidad de interés social.

«Pues en mi caso me están privando de ese ingreso, porque yo tenía ese piso para completar mi pensión, y además tengo que asumir gastos por importe de 350 euros todos los meses«, denuncia Carmelo, quien no solo tiene que hacer frente a la Comunidad, los seguros y los impuestos, sino también al agua y el gas que consumen sus inquiokupas. «Solo me falta ir con el cubo de fregar y llevarles la compra todas las semanas«, ironiza.

Con todo, su conclusión no puede ser más desoladora. «El esfuerzo y sacrificio de toda mi vida a beneficio y disfrute de personas jóvenes, en edad laboral, a los que no me une ninguna obligación», concluía la carta remitida al presidente, al que pedía acabar con el polémico decreto antidesahucios: «Recurro a usted como última posibilidad en busca de solución y por el poder de su cargo».

La respuesta de Sánchez

Para sorpresa de Carmelo, la respuesta no tardaba en llegar. Sin embargo, tal y como denuncia, lo único que hace el presidente es echar balones fuera y culpar a otras administraciones. «Somos conscientes del problema que plantean algunos inquilinos/as que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar la vivienda. Estos casos deben pasar por un juzgado, como usted ha hecho, y por ese motivo la respuesta es menos inmediata», arranca la misiva, que hace oídos sordos a la petición de derogar la norma que ha condenado a miles de propietarios de toda España a mantener a sus inquiokupas.

«Tenga en cuenta que desde aquí es inviable intervenir en asuntos judicializados -le advierte en relación a la petición de ayuda-. Lo que le sugerimos es que se mantenga en contacto con su abogado o abogada, que es quien mejor le puede explicar cómo puede actuar en defensa de sus derechos e intereses».

El reparto de culpas

Lejos de asumir cualquier responsabilidad, la Unidad de Comunicación del Gabinete de la Presidencia empieza a repartir culpas: «Si un juez o una jueza reconoce como vulnerable a una persona o una familia, son los servicios sociales de la comunidad autónoma o el ayuntamiento los que deben ocuparse de ofrecerles opciones que les permitan abandonar la vivienda por la que han dejado de pagar. Además, como sabe, las comunidades autónomas cuentan con unos fondos para compensar a los arrendadores y titulares de vivienda en la situación antes descrita, para aliviar la carga que les supone este problema».

En el caso de Carmelo, la Comunidad de Madrid ya ha autorizado el pago de esta compensación que, en todo caso, no cubrirá, ni de lejos, los más de 60.000 euros perdidos durante todos estos años y llegará con cinco años de retraso. Sin embargo, no en todas las autonomías está funcionando. «Me parece increíble que de lo que yo les pregunto, que es el decreto antidesahucios, no digan nada, y que lo único que hagan sea echar balones fuera, porque todo esto es su culpa, porque les han implicado en una en una ley en la que la administración local no tiene recursos para hacer correctamente la valoración de vulnerabilidad ni capacidad para investigar a las personas y, por otro lado, la comunidad tiene que pagar esas compensaciones de unas partidas que no tenían asignadas y con unos Recursos Humanos que tampoco tenían previstos», argumenta el propietario.

«No se puede echar balones fuera de esa forma, culpando a los demás de algo en lo cual estás implicado al 100%, porque si se derogase el decreto antidesahucios no habría un ‘efecto llamada’ al impago y no tendríamos estos problemas -concluye indignado-. En fin, que me ha sentado muy mal recibir esa contestación; casi hubiera preferido que no me hubieran respondido».

El Gabinete de la presidencia se despide enviándole «un cordial saludo», junto con sus «mejores deseos». «Mi único deseo es que se derogue este decreto y pueda recuperar mi vivienda, porque insisto: a nadie se le ocurriría privar a un jubilado del rescate de su plan de pensiones y esta casa era mi particular plan de pensiones«, reitera Carmelo.