El estado de Kansas defiende su política de reducción o negación de ayuda alimenticia a los hijos de los inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
Numerosos analistas creen que semejante ‘dieta forzosa’ es altamente reprobable e inhumana.
La modificación legislativa, introducida el pasado 1 de octubre, fue respaldada este lunes por Michelle Schroeder, directora de políticas públicas del Departamento de Servicios Sociales y de Rehabilitación de EEUU. A su postura se sumaron varias legisladores republicanos.
El cambio legislativo modifica el sistema de ayudas financieras a las familias de inmigrantes indocumentados que les permitía recurrir al sistema de cupones de asistencia nutricional bajo la cobertura del programa del Departamento de Agricultura de EEUU.
Bajo esta nueva normativa, Kansas (junto con los estados de Arizona, Utah y Nebraska), priva de estas ayudas a las familias si alguno de sus miembros se encuentra en el país de forma ilegal.
Desde el 1 de octubre más de 1.040 hogares con familiares no legalizados perdieron la posibilidad de obtener cupones de alimentación, lo que afecta a más de 2.000 niños, según cifras del Departamento de Servicios Sociales y de Rehabilitación.
Los activistas defensores de los derechos de los inmigrantes y de los pobres critican la medida, mientras que los demócratas exigen explicaciones a los funcionarios del gobernador de Kansas, el republicano Sam Browbank.
Schroeder respondió que con la norma se intenta no privilegiar a las familias con inmigrantes indocumentados en detrimento de los 106.000 hogares sin inmigrantes no autorizados.
La ayuda consiste de un ingreso adicional de 908 dólares al mes que anteriormente habían recibido los hogares con miembros en situación irregular.
Aboliendo estas prestaciones, las autoridades aseguran querer articular un sistema “igualitario”, como lo calificó Schroeder.
Un gran número de analistas ha denunciado la iniciativa alegando que no se pueden solucionar los problemas del país a costa de los más vulnerables.
EEUU “quiere de una manera anticonstitucional negarles a los hijos de indocumentados, que son ciudadanos norteamericanos, los servicios sociales”, denuncia Christian Ramírez, director de un programa de inmigración. El experto agrega que es “reprobable” e “inhumano” que “los más pobres y desprotegidos sean quienes tienen que pagar por una crisis […] generada por los millonarios de EEUU”.
Además, Ramírez se suma a las exhortaciones de los activistas que exigen a la administración del presidente Barack Obama que “censure” esta medida “excesiva”.
RNV / RT
http://www.librered.net/?p=14968