Más de 700.000 muertos después, el Gobierno de Somalia ha exigido a la comunidad internacional la «supresión del embargo de armas» que pesa sobre sus fronteras. En un comunicado, el Ejecutivo somalí -a quien la ONU impuso el bloqueo en 1992-, expresa la necesidad de reforzar el Ejército, para poder luchar así de forma más eficaz contra la milicia islamista Al Shabab, quien la pasada semana juró fidelidad a la red terrorista Al Qaida.
Los datos, eso sí, demuestran que el mercado bélico goza de buena salud. Y no solo por el acuciante número de muertos. Según un reciente estudio del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, pese a la medida correctiva que impera en Somalia, la compra de armamento por parte de grupos paramilitares y rebeldes se ha disparado en los últimos meses, gracias a los fondos aportados por Eritrea y la diáspora somalí -se calcula que Al Shabab genera cada año entre 70 y 100 millones de dólares solo en impuestos ilegales-. De igual modo, el informe también denuncia que hasta un 80 por ciento de las armas y municiones donados por la comunidad internacional al Gobierno de Mogadiscio termina en manos privadas.
En la actualidad, siete naciones del continente africano sufren un embargo de armas por parte de Naciones Unidas: República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Liberia, Libia, Somalia y Sudán. Aunque pocos como Andrew Mwangura, coordinador del Programa de Asistencia a marineros para el Este de África y uno de los mayores expertos internacionales en la lucha contra la piratería, conocen tanto su ineficacia.
En 2008, Mwangura fue arrestado en Kenia tras denunciar que el carguero ucraniano «Faina» (uno de los primeros casos notorios de secuestro por piratas somalíes) transportaba material bélico hacia Sudán del Sur, región por entonces perteneciente a la metrópolis Jartum y donde impera un embargo de armas desde 2004.
La compra de armas por grupos paramilitares se ha disparado en los últimos meses
La doble moral, lo cierto, no fue menor. Durante meses, tanto el Gobierno de Nairobi como el de Estados Unidos (principal interesado en armar a la región dado el futuro referéndum de independencia) se embarcaron en una campaña propagandística para demostrar que el cargamento -32 tanques soviéticos, 150 lanzagranadas y 6 cañones antiaéreos – iba destinado a incrementar el arsenal del Ejército keniano. «Solo fui el chivo expiatorio», destaca a ABC el experto, quien fue acusado de «emitir informaciones alarmantes».
Dos años después, Wikileaks otorgaba la razón a Mwangura. Según un cable fechado en noviembre de 2009, la Administración Bush tenía total conocimiento de esta transacción e, incluso, un oficial del Departamento de Estado, Vann H. Van Diepe, denunció a diplomáticos ucranianos un contrato de venta que mostraba a Sudán Sur como el destinatario.
Casquillos asiáticos
Quizá por la costumbre, en Sudán nadie dio explicaciones. Solo unos meses antes de la rectificación del caso, un informe de Naciones Unidas denunciaba que el Gobierno de Omar al Bashir, con la ayuda de China, incumplía, de forma ostensible y desde hace una década, el embargo que pesaba sobre la región de Darfur, al oeste del país. En la investigación, se documentaba cómo la mayoría de los casquillos hallados en los lugares en los que se produjeron ataques contra las fuerzas de paz de la ONU y la Unión Africana fueron fabricados en terreno asiático, aunque eximía -curiosamente- de conocimiento al régimen chino.
No es un caso único. En 2008 un panel de cinco expertos de Naciones Unidas (en esta cuestión no falta trabajo a la organización), destacaba el envío -ese mismo año-, de 53 toneladas de munición desde la República Democrática del Congo (impera un embargo desde 2003) a la capital de Zimbabue, Harare, (bloqueo desde 2002, aunque solo por parte de la Unión Europea). ¿El origen de las armas? China. Eso sí, revendidas a través de Sudán. Que en el negocio de la muerte siempre es bueno cerrar el círculo.