Cuidado con las retiradas voluntarias

La nueva Ley contempla la creación de la Comisión de la Sección Segunda, dependiente del Ministerio de Cultura y formada por miembros de las industrias culturales, políticos y representantes de los usuarios. Esta comisión tendrá potestad para cerrar una página web en el caso de que se considere que la misma vulnera los derechos de propiedad intelectual de los titulares demandantes. Al propietario de la página se le darán 48 horas para retirar de manera voluntaria los contenidos considerados ilegales: pueden ser desde canciones hasta vídeos de Youtube.

Si el propietario de la página retira los contenidos de manera voluntaria, reconocerá de forma implícita su culpabilidad

Si se presentan alegaciones y no se procede a la retirada voluntaria, la Sección Segunda dictará una propuesta de resolución en la que se puede solicitar la eliminación de los contenidos, o la interrupción de sus servicios, y darán al demandado cinco días para presentar sus conclusiones al respecto. Al cabo de los mismos se lanzará un apremio de 24 horas, tras las cuales se procederá a la retirada forzosa o al cierre de la página.

En todo el proceso no intervendrá juez alguno, pero en el caso de que el propietario de la página acceda de manera voluntaria a retirar los contenidos, reconocerá de manera implícita su culpabilidad y, por tanto, según los principales expertos jurídicos en el tema, incurrirá en delito y podrá ser denunciado ante una corte penal y sancionado económicamente. Por ello, los abogados recomiendan recurrir todos los requerimientos y dejar que sea la Sección Segunda la que efectúe la retirada forzosa.

Medida polémica

Cuando la ley no era más que un anteproyecto, este modo de proceder levantó una gran polémica entre la comunidad internauta al entender que en una democracia el poder legislativo (los políticos) no podía arrogarse funciones del poder judicial (los jueces) y que una disposición de este tipo violaba varios derechos fundamentales de los usuarios. Después de la revuelta generada en la Red, el Gobierno de entonces, era 2010, decidió tener en cuenta la figura de un juez de la Audiencia Nacional como garante de que, con el cierre de un sitio web, no se violan derechos fundamentales.

El magistrado no podrá determinar si la página vulnera los derechos de propiedad intelectual o no, por lo que el cierre lo dictará la Sección Segunda

Este juez sería el encargado de estudiar si con la acción del cierre se daña la libertad de expresión en la página que es objeto de la denuncia. Se pretende garantizar que la Comisión de la Sección Segunda será una herramienta para velar por los derechos de los autores y no un arma de represión política y social.

Ahora bien, este magistrado no podrá resolver si el cierre responde a infracciones de la legalidad en la vulneración de derechos, es decir, no podrá determinar si la página vulnera los derechos de propiedad intelectual o no y, por tanto, está justificado su cierre, ya que solo está autorizado a pronunciarse tras la orden emitida por la Comisión. Por otro lado, para agilizar esta medida, el juez solo tendrá cuatro días para emitir un veredicto sobre la violación de derechos en el cierre.

¿Cómo afectará a los usuarios?

Según diferentes análisis jurídicos de expertos en derecho, propiedad intelectual e Internet, la medida deja la puerta abierta para que pueda cerrarse cualquier página web que haya cometido una vulneración de la propiedad intelectual por pequeña e involuntaria que sea. De este modo, colgar una fotografía ajena en un blog o un vídeo de Youtube en una página personal podría ser motivo de cierre.

En principio, podría cerrarse todo blog que recoja enlaces, citas, fotografías u otros contenidos culturales con Copyright sin permiso de sus autores

Llegar a este extremo no quiere decir que cualquier página de los usuarios esté en peligro, puesto que el objetivo de la norma no es perseguir a los consumidores de contenidos culturales, sino a los sitios que proveen de ellos sin permiso de explotación ni pago de derechos y que concurren en la infracción con claro ánimo de lucro.

Ahora bien, en principio, podría cerrarse todo blog que contenga enlaces, citas o incluya fotografías u otros contenidos culturales con Copyright sin permiso de sus autores. Además, si el sitio carece de publicidad, también le afecta la norma, ya que el anteproyecto hace hincapié en que la medida se dirige a cualquier página web, con o sin ánimo de lucro, que cause un daño patrimonial tanto directo como indirecto. Donde no entra la ley es en las descargas realizadas por los usuarios en plataformas como Emule o BitTorrent, o cualquier otro sistema. En España, esta actividad no es delito ni tampoco se pueden aplicar cortes en la conexión a la Red.

En otras palabras, la norma tampoco garantiza que jamás pueda llegarse a tal extremo y lo cierto es que todo blog y sitio web, por muy personal que sea, dispone de enlaces a contenidos que pertenecen a terceros, puesto que esta es la esencia de Internet y del denominado hipertexto.

Los usuarios que se descarguen contenidos de las redes P2P no cometen delito ni corren peligro de que se les corte la conexión

En conclusión, la norma no aclara si se podría utilizar el hecho de enlazar a contenidos de terceros como motivo, o excusa encubierta, de cierre. Tal como declara el activista y periodista Fernando Berlín, «la Ley de Economía Sostenible es ambigua y podría utilizarse contra la libertad de expresión». El abogado David Bravo va más allá y la tilda de inconstitucional.

Por otra parte, diferentes empresas que tienen en la Red su base de negocio han manifestado su preocupación por la inseguridad jurídica que esta medida puede generar en el sector de la innovación y las nuevas tecnologías. Consideran que una normativa que deja la puerta abierta al cierre de páginas sin pasar por un juez, y mediante una comisión que implica a miembros de diversos sectores económicos, podría lesionar con facilidad la libre competencia en favor de los intereses de los comisionados.

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/02/22/190976.php