TECOLUCA, El Salvador, 25 mar (IPS) – Con un nudo en la garganta, Mercedes Alfaro contó cómo perdió a siete de sus familiares en la masacre conocida como del Guajoyo, al declarar ante los jueces del IV Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador.

El Guajoyo es un cantón de la jurisdicción de Tecoluca, en el central departamento de San Vicente, donde en junio de 1982 el ejército masacró a unas 200 personas, entre ellas a hermanos y padres de Alfaro.

«Se siente duro perder lo que uno más quiere», dijo esta sobreviviente, hoy con 50 años, al panel de jueces y a la audiencia que se hicieron presentes en la localidad de Tecoluca, también en el departamento de San Vicente.

Allí escucharon desde el miércoles 21 hasta el viernes 23 los testimonios de las sobrevivientes y testigos de masacres y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil (1980-1992).

El conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad del Estado y la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy en el gobierno, dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Las masacres perpetradas casi en su totalidad por el ejército fueron 124, con casi 8.000 víctimas.

La cuarta edición del tribunal celebrada en El Salvador se concentró en las masacres cometidas en la zona de San Vicente, área con fuerte presencia guerrillera durante la guerra. Se estima que el ejército ejecutó unas 39 masacres en esta área.

Este tribunal fue promovido por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), basándose en la corriente jurídica iniciada en el mundo a comienzos de los años 80, que no busca el procesamiento y encarcelamiento de los victimarios, sino que hace énfasis en la reparación a las víctimas.

«Queremos crear el espacio para que las víctimas hablen y sean escuchadas», dijo a IPS el presidente de Abogados del Mundo de Valencia, España, José Ramón Juániz, integrante del tribunal instaurado en Tecoluca.

Muchas de los que pasaron al estrado, como testigos, nunca antes habían contado públicamente las experiencias vividas.

«Yo no tenía valor de contar todo esto, pero le pedí a Dios que me diera fuerzas para hacerlo», narró Alfaro.

A diferencia de masacres como la 1981 en El Mozote, ampliamente divulgada debido a que los muertos fueron alrededor de 1.000, muchas de las personas que testificaron ahora en Tecoluca no han sido ni siquiera reconocidas como víctimas, pues los casos relatados nunca llegaron a la justicia.

El cuerpo de jueces estuvo integrado, además de Juániz, por la también española Rosario Valpuesta, catedrática de la Universidad Pablo de Olivide, la brasileña Carol Proner y José María Tomás y Tío, magistrado y presidente de la Fundación por la Justicia de Valencia, España.

También participaron Suelli Aparecida Bellato, vicepresidenta de la Comisión de Amnistía de Brasil, y Ramón Cárdenas, un salvadoreño sobreviviente de la masacre del Sumpul, ocurrida en mayo de 1980, en el departamento de Chalatenango, donde murieron unas 600 personas.

El ejército consideraba a estas comunidades campesinas como apoyo logístico de la entonces guerrilla del FMLN, convertido en partido político tras el fin de la guerra y los acuerdos de paz.

Cuando el ejército llegó al Guayoyo, la población huyó, pero fue acorralada en la ribera del río Lempa. Algunos nadaron, pero varios niños y niñas que intentaron cruzar en una barcaza fueron ametrallados desde un helicóptero, contaron los sobrevivientes.

«Los cuerpos se los llevó el río», señaló Alfaro, quien relató por primera vez su experiencia. Contó, además, cómo fue obligada a cocinar para los soldados, después de que ellos mismos habían asesinado a sus familiares.

Esa masacre no figuró en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos que registró la Comisión de la Verdad, conformada al final de la guerra.

El concepto de justicia restaurativa incluye también la participación no solo de las víctimas, sino también de los victimarios, para que estos, sin temor de ser procesados legalmente, puedan reconocer los crímenes, obtener el perdón de las víctimas y alcanzar una verdadera reconciliación.

«Que vengan los victimarios y nos pidan perdón… Yo estoy dispuesto a perdonar a esa gente, pero quiero que me digan: ‘Mira, yo maté a tus niños’. Mis niños jamás se me van a olvidar», dijo entre lágrimas Juan Cornelio Chicas, de 58 años, sobreviviente de la masacre de 1981 del Junquillo, jurisdicción de Cacaopera, en el norteño departamento de Morazán.

En esa operación murieron alrededor de 70 personas, entre ellas 10 niños y niñas.

Pero a las sesiones de Tecoluca no llegaron los responsables y autores de los asesinatos, en aquellos casos donde se los ha identificado, como el capitán Carlos Medina Garay, señalado por la Comisión de la Verdad como uno de los oficiales que dirigió el operativo militar que terminó en la masacre del Junquillo.

Como en este caso, los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos se han escudado en la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, para mantenerse alejados del brazo de la justicia.

«Lamentablemente, los victimarios no están dispuestos a declarar», señaló a IPS la jueza Proner.

Pese a los constantes llamados de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales para derogar la mencionada ley, los políticos y funcionarios del sistema de justicia del país la han mantenido vigente.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien llegó al gobierno de la mano del FMLN, se ha negado incluso a iniciar un debate en torno a la posibilidad de derogar la ley de amnistía, pese a que en enero pasado pidió perdón en nombre del Estado por las víctimas de la masacre de El Mozote.

«Es un gobierno que pide perdón a las víctimas, y perdona y protege a los victimarios», señaló a IPS el director del Idhuca, Benjamín Cuéllar.

Los informes emitidos por el tribunal no son vinculantes y más bien pretenden tener una fortaleza moral para con las víctimas, pero Proner aseguró que esos informes pueden ser la base para futuras acciones legales en las instancias locales e internacionales.

En las ediciones pasadas de tribunal, los informes que este emite buscan que el Estado repare material, psicológica y moralmente a las víctimas, pero ese llamado ha sido obviado por las instancias gubernamentales.

«Quienes tienen que buscar los mecanismos de reparación, agregó, son las autoridades, el estado salvadoreño, no es el tribunal», advirtió el juez Juániz.

Varios de los testigos pidieron que se haga justicia en los casos relatados, que al menos el Estado les brinde una indemnización y que se abran los archivos del ejército para que se sepa la verdad de lo que pasó.

También que los victimarios pidan perdón y que se demuela el busto de Roberto d’Aubuisson (1944-1992), que se levanta en una plaza de San Salvador, por ser señalado como el fundador de los escuadrones de la muerte en esa época, cómplices de las fuerzas militares en las masacres.

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