El deterioro de los derechos civiles en Puerto Rico «está asociado al agotamiento del modelo económico colonial». Es la conclusión de un informe recientemente publicado por el Colegio de Abogados que aborda las relaciones de este país con EE.UU. Según el documento compuesto de ocho ensayos, los derechos civiles en el estado caribeño son sometidos a “políticas antidemocráticas bajo el palio de un mandato electoral”.  Además se señala que en Puerto Rico no hay espacios de evaluación ciudadana sobre las políticas públicas que son diseñadas por el Estado.   El presidente del Colegio de Abogados destacó que a partir de la determinación de patrones de conducta gubernamental, «se apunta a la existencia de designios pre-dirigidos para reprimir a la oposición portorriqueña».   Y el Secretario de asuntos con Norteamérica del Partido Independentista puertorriqueño considera que «EE.UU. tiene toda la responsabilidad de lo que sucede en ese territorio» no incorporado.     “La oposición independentista no tiene las mismas alternativas de comunicación con el pueblo, como las que tienen los partidos auspiciados por el Gobierno de EE.UU.”, expresó Manuel Rodríguez Orellana.   Además, dijo que el endeudamiento público, el gasto excesivo, la corrupción en el gobierno y la injusta distribución de los recursos son fenómenos que conllevan la tensión social en Puerto Rico.   “Por definición el colonialismo es una violación de los más fundamentales derechos humanos, entre ellos  el de la autodeterminación de un pueblo”, concluyó el experto.   Dentro de cinco meses se celebrará en la isla un plebiscito no vinculante sobre su estatus político. Los defensores de la medida destacan que Washington debe asumir su deber moral y legal de promover la descolonización del territorio.

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