En la primera Convención Nacional contra la Imposición, celebrada este fin de semana, los mexicanos que no están de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales han acordado un eje nacional de acción para «impedir que Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia». Entre las acciones que planean impulsar destacan movilizaciones a escala nacional, boicots a empresas que “participan en el fraude”, ocupación de plazas públicas, así como la toma pacífica de las instalaciones de Televisa en todo el país. Durante la convocatoria nacional al menos 300 organizaciones sociales, entre ellos el movimiento estudiantil #Yosoy132, se discutieron más de doscientas propuestas de movilización. Entre las aprobadas destaca la decisión de organizar el 22 de julio una marcha nacional en la capital, la de llevar a cabo una toma pacífica de la empresa mediática Televisa (el 27 de julio) o la de efectuar bloqueos en las principales rutas (prevista para el 6 de septiembre). También planean un paro nacional de universidades para el 2 de octubre. Los activistas se pronunciaron igualmente a favor de realizar una concentración ante el Tribunal Electoral mexicano el próximo 6 de septiembre, día que el organismo estatal emitirá su veredicto final para declarar si hay razones para anular o invalidar los comicios. El número de los recursos de impugnación que revisa el Corte ya supera los 300. Ante el cúmulo de acciones, los activistas se han avenido a no aprobar algunas de las propuestas, tales como una huelga nacional de trabajadores para el 1º de diciembre o la tomas del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, de la residencia oficial de los Pinos y del Congreso de la Unión. Los activistas y los opositores de Peña Nieto consideran fraudulento el triunfo de Peña Nieto debido a las múltiples denuncias de compra de votos y derroche de recursos económicos durante su campaña presidencial.   El candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Instituto Federal Electoral pruebas para invalidar el proceso. Entre ellas se encuentran supuestas tarjetas prepagadas para una reconocida cadena de autoservicios que comprobarían la presunta compra de votos para favorecer a Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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