Legisladores de la oposición denunciaron que ex agentes de la Policía secreta de Augusto Pinochet, que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos tienen beneficios excesivos, en algunos casos amparados en supuestos problemas de salud.

ALVARO CORBALÁN

Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Tucapel Jiménez y Enrique Accorsi, advirtieron en particular sobre la privilegiada estadía en prisión de Alvaro Corbalán, ex jefe de Operaciones de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI).

El ex militar, sentenciado a cuatro cadenas perpetuas por graves violaciones a los derechos humanos, pasó casi un tercio del último año en el Hospital Militar, recinto que habría utilizado como oficina y hotel, alertaron los legisladores.

De hecho, Jiménez y Accorsi anunciaron que citarán al Comandante en Jefe del Ejército y al director de Gendarmería a una reunión en el Parlamento para que den cuenta de tales prerrogativas, reportó la agencia Prensa Latina.

Trascendió también que el ministro de Defensa, Andrés Allamand, instruyó que se vele por el estricto cumplimiento de los protocolos de atención médica en el Hospital Militar.

Allamand, además, dispuso que la responsabilidad administrativa de las hospitalizaciones de ex represores serán asumidas por el director de ese centro, postura valorada por los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

Un informe de Gendarmería reveló que en los últimos nueve años de prisión que cumplió Corbalán en el penal santiaguino de Punta Peuco, permaneció en el hospital 259 días en tratamientos odontológicos, oftalmológicos o para pruebas de laboratorio.

A modo de ejemplo, se citó que para un examen de sangre estuvo internado cinco días; por una carie 13 días; y por un tratamiento oftalmológico 18 días, ilustró Red Diario Digital de Chile.

Desde el Hospital Militar, reseñó ese medio, Corbalán organizó el criticado acto de homenaje a Pinochet el pasado 10 de junio.

El ex jefe de Operaciones de la CNI es responsable, entre otros crímenes, del secuestro y degüello en 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez -padre del actual diputado-, cuando encabezaba la unidad de las organizaciones de los trabajadores.

Por otra parte, el Servicio Médico Legal de Chile identificó los restos de cuatro detenidos-desaparecidos, asesinados en 1976 por agentes de la policía secreta de Pinochet.

Los restos pertenecen a los dirigentes comunistas Lincoyán Berríos Cataldo; Horacio Cepeda Marinkovic y Fernando Ortiz Letelier, y al militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Angel Guerrero Castillo.

El proceso de identificación se realizó sobre la base de 200 pequeños fragmentos óseos, que serán entregados a los familiares de las víctimas, que habrían sido torturadas salvajemente en el denominado cuartel Simón Bolívar de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La existencia de esa macabra instalación se conoció hace sólo cinco años, cuando fue revelada por Jorgelino Vergara, alias “El Mocito”, un ex agente de la DINA.

Telam

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