 Niños de la escuela de El Credo recuerdan a su compañera Vanesa Coicué, quien murió en septiembre de 2011. Crédito: Constanza Vieira/IPS
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BOGOTÁ, 10 ago (IPS) – Es imperativo dialogar. A esa definición arribaron el gobierno de Colombia y las autoridades aborígenes del sudoccidental departamento del Cauca el miércoles 8 en víspera de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pero aún no acuerdan fecha ni lugar.
Las conversaciones se habían interrumpido el 27 de julio, cuando a la primera cita no asistió ningún ministro para enfrentar la exasperación comunera por la persistencia en su territorio de los combates entre organismos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la insurgencia izquierdista surgida en 1964.
Con una marcha a Popayán, capital del Cauca, comenzó este viernes 10 el «Encuentro nacional de los pueblos indígenas por la defensa de la Madre Tierra – 520 años de resistencia», que se prolongará hasta el día 15 y al cual el gobierno prometió respetar.
A ese encuentro fue invitado el propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que el martes 14 se concrete el diálogo, «en presencia y con la participación de toda la gente», según Feliciano Valencia, integrante del pueblo nasa y portavoz político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
El ministro del Interior, Federico Rengifo, quien dialogó con las autoridades indígenas en Popayán el miércoles, apenas acusó recibo de la invitación, pero no pudo asegurar la presencia de Santos.
Quedó la incertidumbre sobre qué puede pasar si el mandatario no va. Las comunidades se han preparado con esperanza para esa visita.
IPS conoció que, si el presidente acude el martes al territorio de diálogo de La María, en el norte del Cauca, recibirá de los indígenas una propuesta de paz surgida de las raíces de la población civilista, para que la considere como camino de reconciliación en el país sumido en la confrontación desde 1946, con breves baches de calma.
Se reunieron con el ministro Rengifo todos los gobernadores indígenas y los altos consejeros de los cabildos de más de 60 resguardos (territorios nativos), que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Surgido en 1971 y curtido en la lucha por la tierra y la autonomía aborigen, el CRIC cubre todo el Cauca con nueve organizaciones zonales, como la mencionada ACIN.
De acuerdo a la reconstrucción que IPS logró hacer de ese encuentro, las partes acordaron reglas del juego, como portavoces, apoyos técnicos y testigos, para reactivar el diálogo ante el levantamiento del pueblo nasa contra la guerra en su territorio ancestral. Empero, fue poco el avance pese a las casi seis horas de reunión.
La rebelión, anunciada hace un año, produjo que miles de indígenas nasa participaran en el desmonte a empujones de bases militares, campamentos guerrilleros y trincheras de la policía contrainsurgente en varios poblados del norte del Cauca.
Los indígenas expusieron a Rengifo la necesidad de no encarcelar a los comuneros que desalojaron a los combatientes, pero este no dio garantía.
Así las cosas, no deja de sorprender que el ambiente de la reunión haya sido «muy bueno, muy agradable», como dijo en exclusiva a IPS una fuente no indígena que estuvo presente y que pidió reserva de su identidad.
Tiempo de desmilitarización
Los indígenas presentaron su preocupación esencial: «desmilitarización», término rechazado por la mayoría de los colombianos, radicalizados contra la guerrilla, pero que para los aborígenes equivale a decir «no queremos guerra de ninguna clase en nuestro territorio».
Y es que, para ellos, la presencia de las fuerzas del Estado no ha sido garantía de seguridad. Según el CRIC, más de 2.500 civiles fueron afectados por el enfrentamiento armado interno en el último año y medio en el norte del Cauca, y un centenar de ellos murieron.
El Observatorio del Conflicto Armado Nuevo Arco Iris contabilizó entre el 1 de enero y el 15 de julio 159 acciones armadas en el Cauca, convertido desde 2008 en «un verdadero teatro de operaciones militares», dijo a IPS el coordinador de esa iniciativa, Ariel Ávila.
Los líderes aborígenes rechazaron la decisión del gobierno de poner al ejército al frente de las inversiones en el Cauca, una acción que corresponde al Estado civil, y ofrecer a los gobernadores indígenas financiar proyectos productivos, lo cual destruye las comunidades, dijeron.
En cambio, le detallaron al ministro Rengifo sus planes comunitarios de desarrollo, laureados internacionalmente, como el Proyecto Nasa, en el resguardo de Toribío, y el Proyecto Global, en el de Jambaló, ambos parte de la ACIN y que muestran resultados concretos en salud, educación, vivienda y actividades productivas.
También en territorio de la ACIN nació la Guardia Indígena, un cuerpo civil armado solo con bastones de mando orlados de cintas de colores, que tiene un importantísimo carácter simbólico para que se concrete el retiro de las fuerzas públicas.
El gobierno insiste en que no retirará sus tropas de ningún lugar del país, argumentando la función de soberanía de la fuerza pública, además de que tiene la obligación de cortar eventuales ventajas logísticas a la guerrilla.
A ello, los indígenas responden que la fuerza pública se instaló en el norte del Cauca para garantizar intereses privados, como los yacimientos de oro y carbón y aseguran que también a las FARC les interesaría que esta actividad minera florezca para poder extorsionar a las empresas.
De hecho, el portal especializado en minería Colombia Punto Medio mostró a IPS que 1,36 por ciento del territorio de Toribío, 1,54 por ciento del vecino resguardo de San Francisco y 13,6 por ciento del de Huellas tienen títulos mineros concedidos a particulares sin licencia ambiental.
Los resguardos son propiedades colectivas que no pueden ser subdivididas. En contravía de la normativa internacional, los indígenas no fueron consultados al expedir esos títulos, que permiten iniciar trámites para explotar yacimientos.
La paciencia se terminó en el norte del Cauca el 9 de julio, cuando, en medio de combates en el pueblo de Toribío, las FARC hirieron a cuatro personas, entre ellas una enfermera a la que se le debió amputar una pierna.
El levantamiento subsiguiente parece ser una clave más de que en las zonas de guerra se está gestando una masa crítica que podría ser el germen de una voluntad generalizada de paz que los expertos internacionales en reconciliación echan de menos en el conflicto interno colombiano.
«Hay un proceso de paz serísimo», dijo a IPS la fuente ya mencionada; «los indígenas están en plan de jugarse la vida para que no haya más guerra en su territorio».
«Quien conozca a los indígenas sabe que esto no va a parar, aunque va a demorar. El asunto más delicado es que el gobierno de Santos entienda que la sociedad civil es, en esas condiciones, un actor decisivo para la paz, que no debe ignorar», aseguró.
En territorio indígena, la idea de sacar al ejército y la policía del territorio divide opiniones. «La fuerza pública respeta más» (que la guerrilla), dijo en 2005 a IPS un comerciante ecuatoriano en Toribío, desolado ante las ruinas de su casa tras un ataque de las FARC
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