Simplemente con revelar los conflictos de intereses no es suficiente.
Es parte de la condición humana el tener sesgos implícitos y seguir estando felizmente ignorante de ellos. Los investigadores académicos, científicos y médicos no son una excepción, sino que son tan maravillosamente imperfectos como todos los demás. Sin embargo, el sesgo cognitivo no es el problema, más bien, la negación de éste es lo que hace surgir el problema. De hecho, nuestra capacidad de auto-engaño ha sido bien retratada en el título de un reciente libro, apuntando las estrategias auto-justificativas de los investigadores, “Mistakes Were Made (But Not by Me)”.

Ilustración de Dusan Petricic

Décadas de investigación han demostrado que los sesgos cognitivos son algo común y muy difíciles de erradicar, y los estudios más recientes sugieren que, el destapar los conflictos de intereses financieros en realidad pueden empeorar los prejuicios. Esto se debe a que prejuicios se manifiestan a menudo bajo formas sutiles, sin que el investigador o médico lo perciba, por eso, generalmente, es implícito, no intencional. Por ejemplo, aunque en la investigación no hubo mala conducta o fraude, las re-evaluaciones del tejido hepático de las ratas expuesto a la dioxina dio lugar a conclusiones distintas sobre el cáncer de hígado en las ratas: En comparación con la investigación inicial, la re-evaluación de la industria patrocinadora identificó un menor número de tejidos cancerosos y esto afectó a la política de recomendaciones (las normas de calidad del agua se debilitaron). (Véase también Brown, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 13-28, 1991). Este ejemplo es sólo uno de los muchos que apuntan a un genérico riesgo de que un conflicto de intereses financieros puede poner en peligro la investigación o minar la confianza pública.

Tanto es así que, recientes investigaciones neurocientícas demuestran que la efectividad en la toma de decisiones no sólo implica a los centros cognitivos, sino también a las áreas emocionales, como el hipocampo y la amígdala. Esta interacción del procesamiento cognitivo-emocional permite que los conflictos de intereses afecten a la toma de decisiones de forma que la misma persona que decide no lo perciba.

A pesar de estos resultados, mucha gente desdeña la idea de que los vínculos financieros de los investigadores con la industria sean problemáticos. Por ejemplo, en un reciente ensayo publicado en The Scientist, Thomas Stossel, del Hospital Brigham and Women y de la Harvard Medical School, preguntó, «¿cómo podrían unas subvenciones ilimitadas, ideales para la investigación, dar seguimiento a unos hallazgos casuales, que posiblemente fuesen problemáticos? El dinero conduce a una mejor investigación que pueda beneficiar a los pacientes”. Muchos argumentan que la subjetividad en el proceso de la investigación y la posibilidad de sesgo pueden ser erradicados con un estricto apego al método científico y a la transparencia acerca de las relaciones con la industria. En conjunto, los científicos creen que estas prácticas pueden garantizar la investigación basada en la evidencia que conduce al descubrimiento y a la difusión de verdades «objetivas» científicas. El supuesto es que comunicar resultados sesgados es el problema de la «manzana podrida», el de unos pocos individuos corruptos involucrados en en una investigación fraudulenta, pero lo que hay tenemos es un barril podrido entero.

Algunos han empezado a utilizar el marco analítico de la «corrupción institucional» para llamar la atención sobre el hecho de que el problema no es de unos pocos individuos corruptos que dañan a una organización cuya integridad está básicamente intacta. La corrupción institucional se refiere a la práctica sistémica y jurídico en general, a menudo ampliamente aceptadas y defendidas, que llevan a una organización o institución a perder el norte, socavando su misión y su eficacia, y debilitando la confianza pública. A pesar de que todo el campo de la biomedicina ha estado bajo escrutinio, debido a las preocupaciones por una dependencia impropia con la industria, y que todas las especialidades médicas han luchado con los conflictos de intereses financieros, la psiquiatría ha sido particularmente problemática, siendo descrita por algunos como que padece una crisis de credibilidad.

Esta crisis de credibilidad se ha materializado más notablemente en una controversia pública en torno a la última revisión del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). El DSM es la referencia básica de los trastornos mentales, producida por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), una organización profesional con una larga historia de vínculos con la industria. El DSM-5, la edición revisada prevista para publicar en mayo de 2013, ya ha sido criticada por «alarmismo», o patologizar comportamientos normales. Preocupa que, dado que las personas responsables de realizar los cambios y añadir nuevos trastornos, tengan una fuerte y duradera asociación financiera con las compañías farmacéuticas que fabrican los medicamentos utilizados para tratar estos trastornos, el proceso de revisión puede verse comprometido por la indebida influencia de la industria.

Los investigadores, médicos y psiquiatras que confeccionaron el DSM-IV, apuntan que la agregación de nuevos trastornos o el bajar el umbral de diagnóstico de los trastornos anteriormente incluidos puede crear «falsos positivos», individuos identificados incorrectamente como si tuvieran un trastorno mental con prescripción de medicación psicotrópica incluida. Por ejemplo, hubo un acalorado debate acerca de la patologización de un proceso de aflicción normal, sobre si el DSM-5 eliminaba la exclusión por duelo (pérdida de un familiar) de la gran depresión. El problema era que la ampliación de los límites diagnósticos de la depresión incluyan la pena como «algo que califica», eso permitía establecer un diagnóstico de gran depresión a solo 2 semanas después de la pérdida de un ser querido, e identificar falsamente a los individuos como deprimidos. Aunque no sea la intención de la APA hacer de criada de la industria, la realidad es que ese cambio daría lugar un mayor número de personas tomando los antidepresivos prescritos después de la pérdida de un ser querido. De hecho, el psiquiatra Allen Frances, que presidió el grupo de trabajo del DSM-IV, ha señalado que el DSM-5 sería una «bonanza» para las compañías farmacéuticas.

Después de las críticas recibidas por los posibles sesgos en el desarrollo del DSM-IV, la APA exigió que los miembros del panel del DSM-5 revelaran sus vínculos financieros. Además, durante su permanencia en los paneles que no se les permitía recibir más de 10.000 dólares de las compañías farmacéuticas o tener más de 50.000 dólares en valores de las compañías farmacéuticas (las subvenciones sin restricciones a la investigación fueron excluidas de esta política). La mayoría de los paneles de diagnóstico, sin embargo, continúan teniendo a la mayoría de sus miembros con vínculos financieros con la industria farmacéutica. Concretamente, el 67 por ciento del grupo de 12 personas para los trastornos del estado de ánimo, el 83 por ciento del grupo de 12 personas para los trastornos psicóticos, y la totalidad de los 7 miembros del panel para trastornos del sueño y vigilia (que, por cierto, ahora incluye el »síndrome de piernas inquietas»), tienen vínculos con las compañías farmacéuticas que fabrican los medicamentos utilizados para tratar estos trastornos, o con empresas que dan servicio a la industria farmacéutica.

Es evidente que la nueva política de revelación de vínculos no ha estado acompañada por una reducción de los conflictos de intereses financieros de los miembros del panel del DSM. Por otra parte, Darrel Regier, hablando en nombre de la APA y en defensa de los miembros del panel del DSM con vínculos con la industria, señalaba a USA Today, «Se presume que la atadura con una empresa es la evidencia del sesgo. Sin embargo, estas personas pueden ser objetivas”. No obstante, como la ciencia ha demostrado en repetidas ocasiones, la transparencia por sí sola no puede mitigar el sesgo, además de ser una solución insuficiente para proteger de la integridad del proceso de revisión. La objetividad no es un producto que puede ser fácilmente fijada por una sola adhesión al método científico. Más bien, existe un riesgo genérico a que un conflicto de intereses puede dar como resultado sesgos implícitos, no intencionales. Análogamente, como decía Sinclair Lewis, «es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda.»

– Perfil autora: Lisa Cosgrove es psicóloga clínica y profesora asociada en la Universidad de Massachusetts, Boston, y miembro del laboratorio de investigación en el Edmond J. Safra Center for Ethics, de la Universidad de Harvard.

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