Sofía Gatica, con un megáfono, en una manifestación contra los agrotóxicos Crédito: Madres de Ituzaingó

BUENOS AIRES, 16 ago (IPS) – Tras más de una década de denuncias y reclamos, un grupo de mujeres de un barrio precario de la norteña ciudad de Córdoba logró llevar a juicio en Argentina a los responsables de daños en la salud causados por agrotóxicos.

El juicio comenzó en junio y la sentencia se espera para el 21 de este mes. En el banquillo hay dos productores de soja, Francisco Parra y Jorge Gabrielli, y un piloto fumigador, Edgardo Pancello. Para el primero, la fiscalía pide cuatro años de prisión y, para el tercero, tres años.

En cuanto al segundo, Gabrielli, la fiscalía no presentó cargos, por no hallar pruebas específicas sobre su responsabilidad, por lo que se anticipa que quedaría absuelto.

Ante la solicitud de condenas de prisión, el tribunal deberá resolver si son suficientes las pruebas que vinculan la fumigación con los impactos perniciosos en la salud y sentenciar de acuerdo a ello.

«No estamos conformes con la pena que pidió el fiscal. Nos han hecho mucho daño y esperábamos más. Pero al menos se creará un precedente en el país», dijo a IPS una de las querellantes, Sofía Gatica, galardonada este año con el Premio Ambiental Goldman.

Gatica fue reconocida con ese reputado galardón internacional por su actividad en defensa del ambiente y la vida de los pobladores de su barrio, Ituzaingó Anexo, en los suburbios de la ciudad de Córdoba.

Sus 5.000 habitantes sufrieron durante muchos años el impacto de la fumigación química sobre campos sembrados con soja que rodeaban el barrio. Las viviendas estaban a escasos metros de los cultivos rociados.

En 1999, Gatica perdió a su hija a los tres días de vida por una malformación en el riñón. Tiempo después decidió comenzar a llevar un registro de casos de cáncer, malformaciones y otras enfermedades en el barrio.

Las sospechas por los males recaían en el glifosato, el herbicida utilizado contra las malezas en plantaciones de soja genéticamente modificada. El químico se pulverizaba desde «mosquitos» (fumigadores terrestres) o aviones y recaía sobre la población.

En el registro casero de Gatica aparecieron casos de recién nacidos con seis dedos o sin el pulgar, sin el maxilar inferior, sin intestinos. «Teníamos malformaciones, cáncer, lupus, púrpura, anemia hemolítica», recordó ahora.

Las Madres de Ituzaingó, como se autodenominan las mujeres que advirtieron la presunta relación de las enfermedades con el contaminante, consiguieron someter a estudios de sangre a niños y niñas, realizar análisis del agua, del aire y del suelo.

Los datos fueron mostrando aparentes evidencias de la relación entre la exposición a los agroquímicos y el impacto en la salud, y con ellos las mujeres lograron resoluciones para que la fumigación se hiciese a mayor distancia del barrio.

En los años siguientes se aprobó una norma que exigía 500 metros de distancia a la fumigación y 2.500 metros si se hacía desde aeronaves. El barrio logró así un cinturón protector, pero entonces volvió la pulverización desde aviones.

Finalmente, las Madres hicieron una denuncia judicial en 2008 contra los responsables de la fumigación aérea, con la prueba de imágenes de aviones sobrevolando muy cerca del barrio.

La demanda fue apoyada por la Subsecretaría de Salud de la ciudad de Córdoba, que hizo su propia denuncia. La fiscalía ordenó una pesquisa que detectó que además de glifosato se utilizaba endosulfán, un pesticida tóxico muy persistente.

Tras esas denuncias y manifestaciones del colectivo de organizaciones rurales, ecologistas y vecinales con el lema «Paren de fumigar», que hacía campañas contra los agroquímicos en casi todas las provincias, el gobierno nacional intervino.

La presidenta Cristina Fernández creó por decreto en 2009 una Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos dentro del Ministerio de Salud. El grupo de expertos se pronunció poco después mediante un informe.

La «Evaluación de la Información Científica vinculada al Glifosato en su Incidencia sobre la Salud y el Ambiente» recogió las investigaciones realizadas sobre el tema hasta ese momento, pero no aportó resultados concluyentes propios.

«En Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes», fue su recomendación final.

Para ese mismo año, el médico Andrés Carrasco, investigador del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, dio a conocer estudios acerca del impacto del glifosato en embriones anfibios.

Según su reporte, publicado en la revista Chemical Research in Toxicology en 2010, el herbicida es devastador en embriones anfibios, incluso en dosis muy bajas.

«Los resultados comprobados en laboratorios son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo», añadió Carrasco, que fue uno de los testigos citados por la acusación en el juicio.

El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, también testigo de la parte acusadora, declaró a IPS que el juicio «es un caso muy interesante porque va a sentar un precedente en una provincia en la que se produce un tercio de la soja del país».

Argentina es uno de los principales productores y exportadores mundiales de la leguminosa. En la última campaña se sembraron casi 19 millones de hectáreas y se obtuvieron cerca de 50 millones de toneladas.

Según Souza, que es coordinador regional de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, tanto los jueces como el fiscal manifiestan «voluntad de conocer en profundidad» los efectos de los agroquímicos en la salud.

«El problema es que no todos los organismos vivos reaccionan igual, también puede haber manifestaciones a largo plazo, por eso en mi declaración insistí en que no se deben buscar relaciones de causa y efecto porque no se van a encontrar», advirtió.

Souza reivindicó en el proceso el principio precautorio que contempla la legislación argentina para frenar actividades cuyos efectos pudieran ser perjudiciales para la salud o el ambiente, al menos hasta que se obtenga la debida certeza científica.

También fue consultado acerca de las alternativas orgánicas a la producción agrícola, para conocer a fondo los argumentos de quienes defienden esas opciones en lugar de las de monocultivos dependientes de dosis crecientes de químicos

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