El estigma que persigue a las víctimas de abusos sexuales hace que las familias guarden silencio al respecto. Crédito: Al Jazeera English/CC-BY-SA-2.0

MANAMA, sep (IPS) – Una maestra bahreiní de 34 años, cuyo hijo fue abusado hace cinco, no le contó esto a nadie por temor a que la culparan de no proteger a su pequeño.

El niño, que ahora tiene ocho años, estaba entonces «sentado con la mucama en el exterior de la casa», relató ahora.

«Ella lo dejó solo un momento para ir a buscar leche, y (en ese interín) unos adolescentes se lo llevaron a un edificio en construcción ubicado en las cercanías», dijo a IPS, pidiendo no revelar su identidad.

«Cuando la mucama se dio cuenta de que había desaparecido, lo buscó y lo encontró mientras esos muchachos lo acosaban», agregó.

«No pude denunciar el caso porque ellos (los adolescentes) eran mis vecinos y no quise que la gente me culpara o avergonzara a mi hijo cuando creciera», señaló, expresando el sentir de incontables familias.

Esta maestra no llevó a su hijo al médico e interrumpió su terapia psicológica cuando le aconsejaron que tomara medidas legales contra los perpetradores.

El abuso sexual de niños en Bahrein pasa cada vez más desapercibido, porque las familias ansiosas por evitar «caer en desgracia» en esta sociedad conservadora guardan silencio sobre el asunto.

Otras, directamente lo tratan como un secreto de Estado, por temor a tomar acciones legales contra los abusadores, que muy a menudo son parientes.

Fakhriya Dairi, extitular del estatal Centro de Protección a la Infancia, dijo a IPS: «Como organización gubernamental, recibimos llamados de vecinos o familiares cercanos que reportan anónimamente los casos de abusos».

«En algunos casos, nos las arreglamos para demostrar el abuso, pero otras veces los padres logran ocultar la verdad», añadió.

Sin embargo, activistas y abogados critican la poca severidad de los castigos y la falta de legislación especial para abordar los abusos a niños y niñas.

Se requieren protecciones legales

Sharifa Swar, directora del Centro Batelco de Atención a los Casos de Violencia Familiar, observó un aumento de los abusos sexuales. Cada semana se reportan tres, en promedio, ante esa entidad.

El Centro registró 408 casos de abusos en 2011, incluidos incidentes de violencia contra las mujeres. Hasta la fecha, Bahrein no ha realizado un estudio exhaustivo sobre los abusos infantiles, así que existen muy pocas estadísticas oficiales al respecto.

Swar dijo este mes a la prensa que el aumento de los casos reportados no significa que hayan terminado los estigmas o los conceptos erróneos generalizados entre la población.

De hecho, está convencida de que los casos reportados son una porción ínfima de la cantidad real de víctimas, muchas de las cuales tienen demasiado miedo para hablar.

«Necesitamos una legislación severa que proteja a los niños, dado que la actual es anticuada y puede ayudar a los abusadores a salir impunes», señaló Swar en un comunicado divulgado este mes.

Según la legislación existente, un adulto que abusa sexualmente de un niño menor de 12 años es castigado con hasta 15 años de prisión, o con nueve si se trata de un anciano.

Pero la activista y abogada Fawziya Janahi destacó que muchos abusadores quedan sin castigar. Y citó un caso reciente en el que un hombre de 25 años fue sentenciado a uno de cárcel por violar a la clienta de 16 años de Janahi, convenciendo al tribunal de que la adolescente había consentido mantener relaciones sexuales con él.

«Todavía estoy lidiando con otro caso, de una niña de 14 años que quedó embarazada luego de ser violada por cuatro hombres. Solo uno confesó, y también logró evadir el castigo porque accedió a casarse con ella», dijo Janahi a IPS.

Leyes defectuosas y conceptos erróneos pero muy difundidos «convierten la agonía del abuso sexual en una vida entera de sufrimiento», declaró.

Según Janahi, Bahrein necesita sanciones más severas para quienes abusan de niños y niñas, y podrían implementarse mediante una enmienda al Código Penal.

«El proyecto de ley sobre violencia doméstica que está a estudio de los legisladores podrá proteger los derechos de los niños abusados, dado que, (de aprobarse,) los padres que oculten esos casos podrán ser responsabilizados pro abandono y maltrato», explicó.

Además, el Centro Sé Libre, que se dedica a garantizar un entorno seguro para la infancia, ha elaborado un código de ética para promover los derechos de los niños.

Este documento permite a agencias estatales y organizaciones no gubernamentales, a los medios, a los sistemas de telecomunicaciones y a muchos otros, considerar la seguridad infantil a la hora de diseñar sus estrategias y servicios.

Miembros de la sociedad civil celebran actualmente negociaciones con los parlamentarios, en un esfuerzo por dar poder legal al proyecto de Código.

La presidenta del Centro Sé Libre, Rana Al Sairafi, dijo a IPS que entre 50 y 60 por ciento de todos los tipos de abuso contra menores quedan sin reportar.

«Para llegar a las familias de niños abusados que no quieren que organizaciones no gubernamentales o estatales reporten sus casos hemos lanzado una línea telefónica especial que ofrece orientación psicológica gratuita y preservando el anonimato», planteó Al Sairafi.

El Centro también ofrece talleres para niños y niñas de diferentes edades, a fin de enseñarles a protegerse del abuso y la explotación.

Los expertos creen que el asunto tiene efectos sociales de largo alcance, que es necesario abordar desde el punto de vista sistémico.

Swar dijo que los hombres que sufrieron abusos sexuales en su infancia y que no recibieron una terapia adecuada a menudo carecen de concentración y tienen mal carácter.

«Los niños abusados sexualmente odian ir a la escuela y son emocionalmente inestables y tímidos», agregó.

Dairi, quien acaba de abrir su propio centro terapéutico, recibe ahora pocos pacientes, lo que ella atribuye a las limitaciones financieras que impiden que las familias pobres busquen apoyo psicológico.

Las clínicas psicológicas privadas cobran un promedio de 50 dólares por sesión, y el tratamiento puede insumir más de un año.

A menudo este precio resulta inaccesible para las 14.000 familias que viven bajo la línea de pobreza.

Bahrein aprobó en agosto una ley de protección a la infancia.

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