MÉXICO, nov (IPS) – En un país como México, asociado a crímenes, impunidad y parálisis judicial, las noticias de eficiencia penal son una rareza, más aun si se trata de justicia juvenil.
Pero en el estado de Morelos –vecino de Ciudad de México, en el centro de este país– hay un éxito que atrae miradas y empieza a ser replicado.
La Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes de Morelos, que desde luego tiene acrónimo –Umeca–, funciona desde 2011 bajo administración de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estadual, si bien fue diseñada por una organización de la sociedad civil.
“Nuestro interés fue racionalizar el uso de la prisión preventiva, pues hay un número alto de gente sin condena” tras las rejas, explicó a IPS la directora de proyectos de esa organización, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Ana Aguilar.
“Era importante promover a nivel de derechos humanos la racionalización por los costos sociales y económicos”, resaltó la especialista.
La Umeca entra en acción en las etapas procesales previas al juicio de un adolescente acusado de un delito.
Un equipo examina el perfil del acusado y expide una opinión técnica, informando a las partes del proceso si la persona puede seguir el juicio fuera de la celda.
Se proponen así alternativas a la prisión preventiva, tras evaluar la situación social y familiar de cada imputado para cumplirlas. Otro equipo fiscaliza el respeto a la libertad condicional.
El procedimiento genera así información e indicadores transparentes para que el tribunal de Morelos, donde funcionan los juicios orales, dicte su resolución cautelar.
Desde febrero de 2011, 175 niños y adolescentes de entre 12 y 17 años se beneficiaron de este sistema de libertad condicional. De ese total, se registraron cinco fugas y solo dos casos quedaron sin información.
Morelos tiene casi 600.000 menores de 18 años, la tercera parte de su población, según el censo nacional de 2010. Y todo México, con 112 millones de habitantes, tiene 39 millones de niñas, niños y adolescentes.
Entre 2006 y 2011 fueron detenidos 7.539 menores en todo el país, acusados de delitos federales como tráfico de drogas, homicidio y violación sexual, según la Procuraduría General de la República.
En un escenario de auge de embarazo adolescente, consumo de drogas y deserción escolar, “una de las mayores preocupaciones es la estigmatización y criminalización de los jóvenes”, dijo a IPS la directora de la no gubernamental Melel Xojobal, Jennifer Haza.
En 2005, una reforma constitucional estableció que las personas de entre 12 y 18 años de edad tienen derecho al sistema integral de justicia para adolescentes y que los menores de 12 solamente serán sujetos de rehabilitación y de asistencia social, pero no de sanción.
Pero el Congreso legislativo discute desde 2009 el proyecto de Ley Federal de Justicia Para Adolescentes, que incluye jueces especializados, la creación de centros de internamiento específicos y penas alternativas a la reclusión, como el apercibimiento, la libertad asistida, servicios a la comunidad y reparación del daño.
Mientras esto sigue pendiente, los adolescentes infractores comparten, dentro y fuera de las celdas, el mundo delictivo adulto en este país plagado por el narcotráfico.
Organizaciones no gubernamentales calculan que entre 30.000 y 50.000 menores de 18 años trabajan para las mafias de las drogas.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 2006 y 2011 fueron asesinados 2.903 adolescentes en todo el país. En Morelos fueron 54 en el mismo lapso.
El modelo de Morelos “es replicable. Se puede mejorar con más información para generar indicadores de desempeño. Puede producir retroalimentación para instituciones y el propio sistema”, planteó Aguilar.
La iniciativa fue concebida por el Proyecto Presunción de Inocencia en México, que ahora forma parte del IJPP, y financiada por la Open Society Justice Initiative.
El IJPP recibió en abril el 4° Premio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia “Los derechos de la niñez y la adolescencia en México” en la categoría de Mejores Prácticas; y en octubre, el Premio a la Formación de Personal de Administración 2012, concedido por la Asociación Internacional de Correccionales y Prisiones.
A inicios de este mes, la Umeca fue finalista de los premios Innovating Justice en la categoría Innovaciones Exitosas.
El sistema cierra un círculo virtuoso. El costo diario de mantener a un adolescente en prisión preventiva es de unos 11 dólares en Morelos. La Secretaría de Seguridad Pública estima que gracias a la Umeca se ha ahorrado unos 330.000 dólares en poco más de un año.
El mismo Morelos está echando a andar un sistema similar para adultos.
En el norteño estado de Baja California funciona desde 2010 una Umeca para adultos que, hasta julio, había conseguido 2.200 medidas cautelares, con solo 100 incumplimientos. Y el IJPP empieza a incursionar en el sureño estado de Puebla.
El programa atrae asimismo miradas internacionales. Argentina, Chile, Ecuador y Perú han mostrado interés en instaurar sistemas similares.
Los límites los impone el propio México, mientras no legisle e implemente el sistema penal juvenil.
“La reforma penal impacta de manera positiva en la justicia para adolescentes, pero deben existir condiciones diferenciadas para los jóvenes que no son iguales para los adultos”, enfatizó Haza.
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