Entre las décadas de los años 50 y 70, en plena Guerra Fría, la CIA condujo numerosas operaciones secretas para asesinar líderes extranjeros, desestabilizar países considerados hostiles, planear golpes de Estado, etc.

En muchos de estos casos, ni tan siquiera el presidente de EEUU tuvo conocimiento de ellas. Tras el escándalo del Watergate, y en una investigación interna conocida como ‘Family Jewells’, se puso al descubierto este oscuro entramado, y se modificó las reglas bajo las que opera la agencia de espionaje, otorgando un mayor control a la Casa Blanca.

La lógica implacable de la guerra contra Al Qaeda, y el extremismo islamista, ha hecho que EEUU vuelva a recurrir a de forma habitual a operaciones secretas y guerras encubiertas.

Sin embargo, a diferencia del periodo de la Guerra Fría, ésta vez la Casa Blanca sí parece tener un conocimiento y control claro de estas operaciones de tipo paramilitar.

El pasado domingo, el periódico ‘The New York Times’ publicó un reportaje en el que aseguraba que las operaciones secretas -los responsables militares y políticos del país sólo reconocen su existencia en conversaciones privadas, nunca en declaraciones oficiales- de la CIA y el Pentágono se habían extendido a una docena de países, abarcando una amplia zona que va desde las ex repúblicas soviéticas a Marruecos.

Hasta ahora, gracias a reportajes de investigación de la prensa estadounidense, se sabía que el Pentágono ha llevado a cabo de forma regular acciones con comandos paramilitares y bombardeos con aviones no tripulados, no sólo dentro de Afganistán, sino también en Pakistán y en Yemen, los tres países donde Al Qaeda parece tener una mayor capacidad operativa.

El reportaje del ‘Times’ amplía el ámbito geográfico de este tipo de operaciones a varios países donde Al Qaeda tienen grupos afiliados, como Algeria o Somalia. Sin embargo, no proporciona ejemplos de operaciones que permitan calibrar con exactitud sus objetivos, y naturaleza.

En cambio, el reportaje sí es más específico respecto a Yemen, donde reside el imam radical de nacionalidad estadounidense Anwar al-Awlaki, y que en los últimos meses ha concentrado un atención creciente del Pentágono.

Según el rotativo neoyorquino, el pasado 25 de mayo un bombardeo aéreo estadounidense contra un grupo de presuntos terroristas de Al Qaeda se llevó la vida de un vice gobernador provincial, que había estado intentando desligar de la organzación de Bin Laden miembros de una tribu desafecta al gobierno. Para evitar ocultar el origen del ataque, el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, asumió la responsabilidad y compensó económicamente a las víctimas.

Al igual que hiciera ‘The Washington Post’ en un reportaje sobre la maraña burocrática que ha generado la ‘guerra contra el terror’, ‘The New York Times’ advierte de la creciente privatización de actividades, como el espionaje, antes reservadas a agencias públicas.

Asimismo, asegura que los límites entre las responsabilidades de la CIA y el Pentágono cada vez son más borrosas: los agentes de la CIA realizan actividades paramilitares, mientras el Departamento de Defensa ejecuta operaciones secretas, con fines de inteligencia, que a veces se escapan del control de los responsables políticos.

Esta indudable escalada en las operaciones contra Al Qaeda ha levantado numerosas críticas de grupos de derechos humanos tanto estadounidenses, como extranjeros.

Muchas de las acciones de estas nuevas ‘guerras secretas’, al igual que las viejas guerras en América Latina, África o Asia, levantan dudas sobre una posible violación de la legislación internacional, o incluso interna.

No hay que olvidar que el Congreso sólo autorizó a una guerra en Afganistán, no en Pakistán o Yemen. Un ejemplo de las complicaciones legales que presentan estas operaciones la representa la orden de asesinar a Awlaki, el imam radical refugiado en Yemen.

Dos grupos de derechos civiles, uno de ellos la ACLU, han demandado al Gobierno por considerar que vulnera la Constitución, que prohíbe ejecutar a ciudadanos norteamericanos sin un juicio previo.