175 años después de que se aboliera la esclavitud en la España peninsular, miles de personas son víctimas de explotación sexual y laboral en España

Los muros de la casa de los esclavos de la isla de Gorée aún conservan las argollas y las marcas de los 20 millones de hombres, mujeres e incluso niños africanos que aguardaban hacinados la llegada del barco que les llevaría a América. La pequeña isla de Senegal, a solo tres kilómetros de Dakar fue durante más de tres siglos un importante puerto para el mercado de esclavos. Su largo y estrecho paso hacia el océano era conocido como el lugar de donde no se regresa». O eran embarcados o pasto de los tiburones.

Han pasado 63 años desde que la Asamblea General de la ONU aprobara el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que cada año se recuerda el 2 de diciembre con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, pero miles de personas se siguen encontrando hoy ante un angosto pasillo hacia el sometimiento bajo todo tipo de amenazas. Y no tan lejos, pese a que en la España peninsular se abolió la esclavitud en 1837.«Me cogieron como una esclava, me encerraron en una casa desde donde nos mandaban a la calle a pedir dinero. Nos violaban. A las que no querían, las mataban», relata Marie, una joven camerunesa de 37 años que llegó a España en 2011.

Es uno de los 58 testimonios recogidos en el informe del Defensor del Pueblo sobre la trata de seres humanos en España elaborado durante los dos últimos años y presentado el pasado septiembre. En el estudio, titulado «Víctimas invisibles», lamenta la «carencia de datos acerca de la verdadera dimensión de la trata de personas» y advierte que la explotación sexual es la más detectada, «pero las otras formas de explotación permanecen ocultas en una gran mayoría de los casos».

La ONG Médicos del Mundo señalaba en noviembre que más de 50.000 personas, la mayoría mujeres inmigrantes en situación irregular, son víctimas de trata de seres humanos en España para la explotación sexual, laboral, comercio de órganos, mendicidad forzada o comisión forzada de delitos.

¿50.000 personas? La cifra no sorprende a Marta González porque «la realidad de la trata de personas en España está mucho más presente de lo que queremos reconocer», explica la coordinadora del Proyecto Esperanza puesto en marcha hace diez años por la congregación de las Adoratrices ante la necesidad de ayudar a las mujeres explotadas sexualmente que lograban romper sus cadenas para denunciar el horror de su día a día, el engaño y las amenazas. La ONU estima que solo se identifica a una de cada veinte víctimas de trata. Si el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado detectó en 2011 a 14.730 personas en situación de riesgo de las que 1.082 fueron identificadas, cabe pensar que existen muchos más casos ocultos. La crisis no parece haber influido en estas negras estadísticas, que se mantienen constantes en los últimos años.

Es «una forma moderna de esclavitud» a juicio de Accem, otra ONG que señala al sector doméstico, la construcción, la industria textil, la hostelería y el trabajo en el campo como los sectores con más casos de explotación laboral. El último caso que saltó a la prensa el pasado mayo llevó a la detención de una familia alicantina que obligaba a cuatro inmigrantes africanos a trabajar en la finca sin contrato, durante jornadas maratonianas, vejados y humillados.

Captados por grupos de delincuentes en África, Latinoamérica o los países del Este, los nuevos esclavos llegan a España con la promesa de un trabajo y una vida mejor, pero una vez aquí la realidad es muy distinta. Se ven retenidos y obligados a trabajar, ejercer la prostitución o mendigar para saldar la deuda que les exigen las mafias por el viaje.

España tiene abiertas actualmente 64 causas judiciales contra «negreros» que se tramitan al amparo de la reforma del Código Penal que entró en vigor a finales de 2010 y recoge en el artículo 177 bis como causa penal la trata de seres humanos.

Según explicó el pasado octubre en Zaragoza el fiscal de sala coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez Covisa, han aflorado los trabajos al margen de las más elementales condiciones de seguridad jurídica y social. La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2010 muestra que todas las actividades productivas donde no se exige una cualificación especial de mano de obra se han visto afectadas: construcción (20,93%), agricultura (13,95%), Hostelería-alimentación (11,62%) y el cuidado de ancianos-trabajo doméstico (9,3%).

Sin embargo, la trata de seres humanos tiene en la mayor parte de los casos como fin la explotación sexual de mujeres y niñas. En 2011 fueron acusadas por este delito 167 personas, un 57,54% más que en el año anterior, según la Memoria de la Fiscalía. La mayoría de las víctimas eran rumanas, seguidas de brasileñas y nigerianas.

Los avances de los últimos años contra la trata de personas «son todavía incompletos y recientes», a juicio de Marta González. «No podemos afirmar que se está luchando de forma eficaz de forma que el delito disminuya», en parte porque hasta 2010 no se tipificó como delito. El primer Plan Nacional que caduca este mes de diciembre y que solo contemplaba la explotación sexual se impulsó a finales de 2008, según recuerda la coordinadora del Proyecto Esperanza. «Hay que dar un mensaje a los autores de que se persigue el delito y eso en España aún es reciente», añade.

La Comisión de Igualdad del Congreso aprobó la puesta en marcha en febrero de 2013 de una subcomisión que impulsará una ley destinada a combatir el tráfico y la trata de personas con fines de explotación, según anunció hace apenas unas semanas la presidenta de la Comisión, Carmen Quintanilla (PP). La Unión Europea aprobó en 2011 una directiva que debe ser traspuesta a la legislación española antes de abril de 2013.

Se ha dado el paso para no expulsar inmediatamente del país a una persona en situación irregular si se sospecha que es víctima de trata. Sin embargo, aún existen indefiniciones y lagunas a la hora de considerar a una mujer como víctima. Ésta debe ofrecer datos objetivos en su denuncia, algo que no resulta fácil para algunas mujeres que «a veces no saben ni en qué país se encuentran», asegura la representante del Proyecto Esperanza. «Es muy importante que se entienda que luchar contra la trata es luchar contra una forma de esclavitud contemporánea, no contra la inmigración ilegal», subraya Marta González.

Ése es el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas: «Hoy en día, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado deberían aunar esfuerzos para erradicar todas las formas contemporáneas de la esclavitud (…) Juntos, hagamos todo lo posible en favor de los millones de personas de todas partes del mundo que son esclavizadas y privadas de sus derechos humanos y su dignidad». El último informe elaborado por los Estados Unidos sobre el tráfico de personas cifra en unos 27 millones las personas que viven en la esclavitud en el mundo.

http://sociologosplebeyos.com/2012/12/05/esclavos-en-la-espana-del-siglo-xxi/