GUATEMALA, dic (IPS) – “Muchos turistas vienen a esa zona a ver aves, pero hay una deforestación tremenda que conlleva la desaparición de mucha fauna y flora. Son terrenos utilizados luego para ganadería”, lamentó Haroldo Figueroa, un guía guatemalteco de áreas protegidas de la costa caribeña.
Los números le dan la razón a Figueroa. El nororiental departamento de Izabal, la costa de Guatemala bañada por el mar Caribe, es uno de los distritos que muestran los datos más altos de deforestación del país, según estudios de Dinámica de la Cobertura Forestal 1991-2001 y 2006-2010 (http://www.marn.gob.gt/documentos/novedades/cobertura.pdf)
En el período 1991-1993 contaba con 373.022 hectáreas de bosques, mientras que en 2010 bajó a 264.245 hectáreas, según ambas publicaciones elaboradas por los estatales Instituto Nacional de Bosques y Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con apoyo de las universidades privadas del Valle de Guatemala y la jesuita Rafael Landívar.
“La deforestación es causada por personas o terratenientes que no toman en cuenta las consecuencias que eso tiene para el recalentamiento global, la pesca y el turismo, y una vez hay dinero, aquí cualquiera puede hacer lo que le da la gana”, dijo Figueroa a IPS.
Sus efectos para la zona del Caribe guatemalteco se agravan si se considera que en esa región se encuentran al menos 12 áreas protegidas que funcionan como fuentes de subsistencia para las comunidades, pues ahí se abastecen de agua, leña, frutos y se desarrollan actividades productivas como la pesca y el turismo.
Una de estas zonas es Punta de Manabique, declarada refugio de vida silvestre en 2005 por el Congreso legislativo, debido a que alberga infinidad de especies entre arrecifes de coral, peces, crustáceos y moluscos, aves, mamíferos y otros, a lo largo de sus 151.878 hectáreas.
En el área también se encuentra el río Dulce, de unos 43 kilómetros de largo, bordeado por ecosistemas acuáticos y manglares.
Esta área protegida, declarada así desde 1955, es refugio de especies como el manatí (Trichechus manatus), un mamífero en peligro de extinción para cuya protección funciona en el lugar el biotopo Chocón Machacas, otra zona preservada.
En Izabal también se ubica la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil, de 47.434 hectáreas, cuya importancia estriba en que sus 19 ríos y afluentes abastecen a por lo menos 50.000 pobladores de comunidades aledañas.
La deforestación, sin embargo, está asolando este departamento y, con ella, también el sustento de las comunidades.
Datos de la estatal Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2011, los últimos divulgados, indican que 54 por ciento de los 15 millones de guatemaltecos viven en condiciones de pobreza y 13 por ciento en la indigencia, arraigada especialmente en territorios indígenas y rurales.
“La pérdida de estos recursos es irreparable para el país en términos productivos pues estos macizos forestales ofrecen bienes y servicios ambientales, como el agua, que son vitales para la población”, dijo a IPS el activista Walter Chávez, de la no gubernamental Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación.
La tala inmoderada e ilegal del bosque también constituye una amenaza para las poblaciones ante los fenómenos naturales.
“El bosque constituye una protección para las riveras de los ríos frente a eventos atmosféricos catastróficos. Somos un país con alto riesgo a los efectos del cambio climático y así solo aumentamos nuestra vulnerabilidad y perdemos una de nuestras barreras más importantes”, señaló.
Para Chávez no hay duda: la deforestación que afecta al departamento de Izabal y amenaza sus áreas protegidas es ocasionada, principalmente, por la actividad ganadera y “el lucro que representa”.
“La gente cree que un área con bosque no tiene mayor valor, es puro desconocimiento pero es parte de la idiosincrasia de las personas que habitan el área”, lamentó.
El ambientalista mencionó que el país posee mecanismos para proteger el bosque como el gubernamental Programa de Incentivos Forestales, que propicia la reforestación a cambio de una compensación económica, “pero es voluntario”.
Además, consideró que la presencia estatal en las áreas protegidas es todavía “muy limitada y no hay una fiscalía específica que le dé seguimiento a las denuncias sobre la destrucción de nuestros bosques”.
Mientras, el avance de la frontera agrícola continúa.
“Lo único que he visto atrás son fincas ganaderas. No sabría decirle qué controles hay o cómo lo manejan. Supongo que botan árboles para sembrar pasturas para los animales”, dijo a IPS el lugareño Carlos Bartolomé, propietario de un pequeño hotel.
“La deforestación conlleva muchos problemas como deslaves, migración de aves”, agregó, mientras que “a la mayoría de turistas lo que más les atrae del lugar es la naturaleza”.
Uno de los sitios más amenazados por la deforestación es Punta de Manabique.
Gerónimo Pérez, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la universidad Rafael Landívar, dijo a IPS que este es un humedal de los pocos que quedan en el mundo, declarado de importancia internacional por la Convención de Ramsar, suscrita en 1971 en esa ciudad iraní para preservar ecosistemas prioritarios como recursos hídricos y fuentes de biodiversidad.
“Esta área ofrece protección para los arrecifes de coral de la zona del Caribe, alberga innumerables especies animales y vegetales, y brinda servicios ambientales como agua para las comunidades”, consideró este ingeniero agrónomo.
Aun así, está siendo devastada. “A pesar de tener un régimen de protección, toda el área de Punta de Manabique tiene una acelerada deforestación por el aumento de las fincas ganaderas”, señaló.
La ley Nacional de Áreas Protegidas considera la conservación, restauración y manejo de la fauna y flora silvestre como un asunto “fundamental para el logro de un desarrollo social y económico sostenido del país”.
Asimismo ordena la protección de estas zonas mediante su delimitación, la creación de categorías de manejo y el establecimiento de controles para la explotación de sus recursos. Pero cumplir con su cometido no ha sido tarea fácil