Veinte meses después de la catástrofe de Fukushima, los japoneses han elegido al Partido Liberal Demócrata (PLD), el partido conservador favorable a la energía nuclear, que se convirtió en el eje de la campaña de las elecciones celebradas este domingo.

Pese a que millones de personas han firmado una petición para decir «adiós a lo nuclear», al final ha imperado el programa económico que ofrecía el PLD frente al de la coalición de centroizquierda gobernante que centró su campaña en el abandono del átomo para 2040.

El PLD, que aboga por un Japón fuerte y no dependiente del extranjero, considera que es imposible renunciar a mediano plazo a una de las pocas fuentes energéticas que Japón es capaz de producir sin depender demasiado del exterior.

Por eso, relegó el tema de las centrales nucleares por detrás de la reconstrucción de los destrozos que dejó el tsunami que siguió al fuerte terremoto, la recuperación económica, la educación o la diplomacia.

El partido del probable futuro primer ministro Shinzo Abe ha prometido revisar el medio centenar de centrales nucleares del archipiélago en un plazo de tres años antes de tomar una decisión sobre el futuro del sector, lo que ha demostrado ser una estrategia ganadora.

Antes del accidente de Fukushima, el PLD, que gobernó el país durante cinco décadas, aspiraba a que para 2030, más del 50% de la energía que consume el país procediera de las centrales nucleares.

Tras el accidente de la central nuclear de Fukushima esta formación sabe que no es posible, pero sin duda se va a dar tiempo para definir el tipo de fuentes energéticas, entre las que estará la nuclear.

Esta posición coincide con la opinión del empresariado nipón, que siempre ha preferido al PLD frente al PDJ, pues considera que Japón no puede renunciar a la energía nuclear.

De hecho, la actual detención de las centrales atómicas ha obligado a las empresas a reducir su consumo de energía, afectando su actividad en el archipiélago.

Los operadores han tenido que compensar la caída de la energía de procedencia nuclear con la de centrales térmicas de gas o petróleo, carburantes importados cuya factura socava las cuentas públicas.

La balanza comercial ha pasado del superávit a los números rojos, algo insólito hasta ahora en la tercera potencia económica.

Sólo dos reactores están en servicio actualmente mientras que otros 48 están parados a la espera de un veredicto sobre su seguridad.

Antes de que vuelvan a funcionar, tendrán que pasar por una batería de pruebas de resistencia exigidas por el gobierno de centroizquierda tras el drama de Fukushima.

La decisión de volverlas a poner en marcha depende del poder político, pero la nueva Autoridad de Regulación Nuclear creada en septiembre tendrá que dar antes el visto bueno sobre la seguridad de las mismas.

Esta instancia, independiente del gobierno, prevé definir nuevos estándares de seguridad más estrictos que los anteriores el próximo año.

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