La Asociación Española de Banca (AEB) considera que sería “perjudicial” acometer “reformas de calado” en la Ley Hipotecaria como forma de lucha contra los desahucios, ya que podría “romper la seguridad jurídica” para los acreedores y encarecería y limitaría el crédito para acceder a una vivienda.

En una carta remitida a los bancos, el presidente de la AEB, Miguel Martín, asegura que “sería muy perjudicial” hacer reformas “de calado” en la normativa que regula los desahucios, “inspiradas por necesidades coyunturales”, dado que se podría “romper la seguridad jurídica, tanto para acreedores como para inversores”.

“En concreto -dice la carta- se podría alterar el mercado de cédulas hipotecarias”, en el que los inversores extranjeros representan un porcentaje muy relevante e impactaría también en las titulizaciones hipotecarias”. También “dificultaría significativamente el acceso a la vivienda, encareciendo el coste de financiación y limitando el crédito”.

Aunque admite que “la crisis económica actual está generando dificultades para pagar su hipoteca a un número importante de hogares”, Martín deja claro que “casi el 97% de las familias españolas con hipoteca está haciendo frente a sus obligaciones de pago”, según datos del Banco de España.

Por ello, para la AEB, “es conveniente situar el problema de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios en su justa medida y aclarar ciertos datos y aseveraciones que de forma recurrente se vienen mencionando”. Para la AEB, “es muy grave poner en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario”, que juzga “básica para asegurar un sistema sólido y sostenible y cree que “no debería introducirse estímulos para dejar de pagar las hipotecas”.

Sobre los desahucios, Martín destaca que en los últimos cuatro años se han realizado entre 4.000 y 15.000 en primeras viviendas, según cifras facilitadas por el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, que también coordina el grupo de trabajo sobre este asunto.

Mucho peores son los datos que se desprenden de la estadística trimestral que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúa en 300.000 las ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 y en 57.410 los lanzamientos acordados en el primer semestre de 2012.

Sin embargo, Martín recuerda que en estas últimas cifras no se distingue entre desahucios de primera y segunda vivienda, ni en los aplicados en vivienda alquilada o propia, ni tampoco los que afectan a empresas o particulares.

Por último, Martín defiende los importantes “esfuerzos” que realizan los bancos de manera “silenciosa” para renegociar el pago de la hipoteca de sus clientes con dificultades financieras, con el objetivo de lograr que “la cuota mensual se ajuste a su capacidad de pago actual”.

Según explica Martín “entre 2009 y septiembre de 2012 los bancos privados han reestructurado o refinanciado 400.000 hipotecas”, ofreciendo a sus clientes con problemas de pago alternativas como la ampliación de los plazos de amortización o la reducción de capital e intereses”.

Tras recordar iniciativas como la moratoria de dos años en los desahucios de familias más vulnerables acordadas el jueves por el Gobierno, Martín recomienda “analizar de forma equilibrada y con el mayor rigor técnico posible las diferentes propuestas” de cara a una “posible reforma de la legislación hipotecaria”.

Por todo esto, la AEB cree que “la crítica indiscriminada al sector financiero, acusándole de prácticas abusivas e irregulares y de falta de sensibilidad social, sólo contribuye a generar una alarma social desmesurada”.

“Creo que los bancos españoles están realizando un esfuerzo importante para tratar de mitigar los efectos de un problema tan sensible como este. Insistir en hablar de prácticas abusivas e irregulares no refleja la realidad”, añade.

EFE

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