En Arabia Saudí aumenta la violación de los derechos de inmigrantes, hecho que ha provocado la ira de la comunidad internacional.
Según demuestran informes de los observadores de derechos humanos, más de 45 empleadas extranjeras se encuentran en el corredor de la muerte en el país árabe, mientras crece la indignación internacional por el trato que reciben los trabajadores inmigrantes.
Dicha cifra ha salido a la luz después de que decapitaron a una trabajadora doméstica de 24 años de origen srilanqués en Arabia Saudí, llamada Rizana Nafeek.
Pese a que el número de empleadas domésticas condenadas a pena de muerte es bastante alto, las autoridades saudíes no han publicado hasta el momento las cifras oficiales. No obstante, se cree que las indonesias representan la mayor parte de las condenadas a la pena capital.
Grupos de derechos humanos señalan que 45 mujeres indonesias están sentenciadas a la pena capital en Arabia Saudí, de las que cinco han agotado los procedimientos legales.
Todavía se desconoce la cifra exacta de las sentenciadas de otras nacionalidades, sin embargo, se cree que son de Sri Lanka, Filipinas, La India y Etiopía.
La ejecución de la joven Nafeek ha atraído la atención de las organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional, que han condenado contundentemente el acto de las autoridades saudíes, denunciando que ella fue víctima de las deficiencias del sistema judicial de ese país.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió la semana pasada que un estimado de 52,6 millones de los trabajadores domésticos en todo el mundo carece de derechos legales y protecciones. Además de indicar que Arabia Saudí plantea problemas específicos debido a que las protecciones legales son más débiles y la posibilidad de acceso a la justicia todavía más remota.
“El sistema judicial saudí se caracteriza por las detenciones arbitrarias, los juicios injustos y castigos severos”, ha apostillado. “Los migrantes están en alto riesgo de ser víctimas de acusaciones falsas”.
Las autoridades saudíes, tras la ejecución en público de Nafeek, declararon que había sido condenada a muerte por el asesinato de un bebé en su cuidado, aunque ella insistía que el niño murió como consecuencia de un ahogamiento.
El Gobierno de Sri Lanka reaccionó con ira y condenó la ejecución. Asimismo, miembros del Parlamento de Sri Lanka mantuvieron un minuto de silencio en su memoria. Simpatizantes de Rizana Nafeek aseveraron que ella solo tenía 17 años en el momento de la muerte del niño en 2005, y que el derecho internacional prohíbe la ejecución de menores de 18 años de edad