MÉXICO, 1 feb (IPS) – “No nos han dicho nada; esperamos que el gobierno nos dé una respuesta satisfactoria y esclarezca el accidente”, reclamó María Pineda, sobrina de Marisela Guzmán, herida en una explosión en la sede de la firma estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en esta capital, que mató a 32 personas y lesionó a 121.
“Mi tía está estable, pero con lesiones graves. Pemex cubre los gastos médicos”, señaló a IPS esta mujer de 42 años que es jardinera en el consorcio petrolero. Su pariente, de 55 años y con 32 de trabajo en la misma empresa, sufrió fractura de columna y luxaciones en el hombro y la cadera.
La explosión colocó una presión extraordinaria sobre las autoridades de Pemex para que realicen un ejercicio de transparencia poco habitual en una empresa que históricamente no se ha caracterizado por la apertura pública de su accionar y decisiones, advierten analistas.
El estallido se registró la tarde del jueves 31 de enero en un sótano de uno de los edificios de la sede central de Pemex, en el oeste de la Ciudad de México. Hasta ahora señalado como accidente, fue uno de los peores siniestros de los últimos años, según los reportes de la propia empresa estatal mexicana.
Se trata, además, de la primera gran crisis que afronta el flamante presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo el 1 de diciembre. El mandatario pidió no especular con las causas de la explosión y prometió una investigación exhaustiva.
“Pemex ha tenido una larga tradición de resistencia a hacer transparente la información de sustancia. Tiene prácticas adversas a que los ciudadanos conozcan manejos y acciones internas”, declaró a IPS la académica Miriam Grunstein, del estatal Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
“Lo que me preocupa más es que se diga que fue un accidente y no haya responsables, porque se trata de decenas de vidas humanas. Puede haber negligencia criminal”, enfatizó la experta en asuntos petroleros.
La primera hipótesis de las autoridades es el sobrecalentamiento del sistema de calefacción, alimentado con gas, en uno de los nueve edificios que posee el complejo corporativo, construido en 1976 y donde trabajan unas 13.000 personas.
El parlamento nacional instó este viernes 1, en su primera sesión del año, a que se esclarezca la tragedia, cuyo telón de fondo es el debate sobre una nueva reforma del sector petrolero, en el que el nuevo gobierno promueve su apertura al capital privado.
El director general de Pemex, Emilio Lozoya, dijo este viernes en rueda de prensa que “se utilizarán todos los recursos para conocer las causas raíz del siniestro, los peritajes continuarán y estimamos que las conclusiones se den a conocer conforme se vayan produciendo los resultados. Quiero enfatizar la complejidad de estos peritajes”.
Pero redes sociales como Facebook y Twitter se han convertido en un hervidero de conjeturas, desde un atentado hasta un siniestro para destruir documentos que prueban actos de corrupción en Pemex.
La firma, que extrae diariamente casi 2,6 millones de barriles de petróleo, presume de la reducción de sus índices de siniestralidad, aunque en los últimos meses ha registrado al menos seis incidentes graves.
En 2011, el índice de frecuencia de accidentes de Pemex se situó en 0,54 casos por cada millón de horas trabajadas, marcando un ligero incremento en comparación con 2009 y 2010. Mientras, el índice de gravedad de lesiones alcanzó los 29 días perdidos por un millón de horas laboradas.
Desde 2001, han muerto 100 personas y 183 han resultado heridas en accidentes en instalaciones de Pemex en todo el país, según datos de la propia petrolera.
Además, entre 2000 y 2010 se registraron unos 3.000 incendios en infraestructura de la petrolera debido a robo de crudo y combustibles, obras de mantenimiento y fugas de gas.
Una explosión en un centro receptor de gas de Pemex en la ciudad de Reynosa, en el nororiental estado de Tamaulipas, mató en septiembre a 30 personas y causó lesiones a una cincuentena más, sin que hasta ahora la empresa haya publicado el informe final sobre los hechos.
Pemex se adhiere a varias entidades internacionales de transparencia y lucha contra la corrupción, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), el Pacto Mundial, patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas, y las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tiene entre sus miembros a los países más industrializados el mundo.
“Vamos a necesitar apoyo a futuro para que mi tía pueda recuperarse”, declaró Pineda, quien trabaja en Pemex desde 2002. La empresa posee una póliza de seguro para sus instalaciones por la cual pagó unos 400 millones de dólares para el periodo 2011-2013 y que cubre daños físicos por 1.000 millones de dólares. Empero, no abarca “riesgos de guerra”, “actos terroristas” o “sabotaje”.
El accidente no ha frenado las labores productivas de Pemex, según confirmaron las autoridades.
Para Grunstein, la explosión “puede tener efectos importantes, como que Pemex sea modernizada de pies a cabeza, desde la misma seguridad industrial”.