Unas 54 personas detenidas se presentaron en grupos de cinco para ser juzgados este jueves en la plaza central de la localidad de El Meson, en el municipio de Ayutla.

Durante el tribunal popular, vecinos y familiares de los detenidos y de las víctimas fueron testigos de la presentación de los imputados, juzgados por delitos relacionados con el crimen organizado, incluido el asesinato, el secuestro, la extorsión y la venta y el consumo de drogas.

Esta práctica se originó en el municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, de donde se ha extendido a otros seis municipios sureños ante la inacción del estado en la lucha contra el crimen organizado, según denuncia UPOEG.

Si bien la aparición de policías comunitarios en el estado de Guerrero ha sido tolerada por las autoridades mexicanas, la celebración de este tipo de juicios ha atraído la atención sobre esta zona de México, una de las más pobres del país, habitada por indígenas.

El gobierno admite el derecho de esas comunidades a su autodefensa, pero expresa su preocupación por la iniciativa de la UPOEG de aplicar justicia, que es competencia del estado. No en vano, el gobernador de Guerrero puso en marcha esta semana la Comisión para la Paz de Desarrollo de los pueblos Indígenas a fin de regular la actividad de los policías comunitarios. La comisión impedirá que se celebren procesos judiciales por causas no conformes a la ley.