Una colaboración de lalunagatuna
La delicada memoria de sus señorías delata la falta total de ideología.
Los socialistas aprovecharon el Congreso de la formación en el País Vasco del pasado fin de semana para proponer algunas medidas contra la corrupción como la de restringir las donaciones de empresas a partidos políticos porque ésta permitiría controlar mejor la financiación ilegal, toda aquella que exceda de la financiación pública o individual acreditada.
Una información del diario La Razónrecuerda que los socialistas no cayeron en la cuenta de que este tipo de plantamiento ya fue defendido por el Partido Popular en la tramitación de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos en 2007. En esta ocasión los populares prohibieron las donaciones anónimas pero se toparon con el rechazo del grupo socialista y el de todos los partidos que en aquel entonces le apoyaron.
En el conjunto de enmiendas presentadas por el PP se encontraba la prohibición de que los partidos políticos recibiesen donación de personas físicas o jurídicas que se encargaban de la construcción o promoción de viviendas, es decir, la corrupción relacionada con el ámbito urbanístico.
Esta enmienda junto con todas las modificaciones que se propusieron fueron rechazas. Entre ellas se encontraba la idea de que los partidos no podían tener participaciones o intereses en acciones de sociedades marcantiles ajenas a su actividad. También constaba la supresión de privilegios fiscales en las actividades fiscales de las formaciones políticas. En concreto laaplicación de un impuesto de sociedades reducido del 25% o la exención, por tener locales, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
El PP propuso la necesidad de que los los grupos políticos locales rindiesen cuentas al Tribunal de Cuentas y apostó por prohibir toda condonación de las deudas con las entidades financieras, reforma que se rechazó entonces pero que se terminó aprobando en la reforma de la ley de 2012. Además, los populares reivindicaron la limitación de las subvenciones públicas a los partidos ilegalizados, así como las enmiendas concernientes a las fundaciones vinculadas con los partidos políticos.
El diputado navarro Jaime Ignacio del Burgo denunció los escándalos de la lay que se estaba tramitando justo antes de que se descartaran todas las propuestas en el Pleno del Congreso. El diputado popular aseguró entonces que la voluntad de todos los que se sumaban a ese rechazo lo hacían con la única voluntad de asegurar su interés particular y tapar las vergüenzas de sus partidos en perjuicio del interés general del país