RÍO DE JANEIRO, 6 mar (IPS) – Desde que ocurrió en 1992, la masacre del Carandirú, donde murieron 111 detenidos, ametrallados en lo que era el mayor presidio de Brasil, fue registrada por miles de noticias e imágenes televisivas, además de cinco libros y una taquillera película.
Pero cada día una cantidad similar de personas, la mayoría jóvenes, es asesinada a tiros en este país sin ninguna repercusión. “Perdimos la sensibilidad” para esa “masacre cotidiana”, lamentó Julio Jacobo Waiselfisz, autor del “Mapa de la Violencia 2013: muertes matadas por armas de fuego”.
El informe, divulgado la noche de este miércoles 6 en esta ciudad, fue realizado para el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos (Cebela) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y se basa en registros oficiales y totalizó 799.226 muertes por armas de fuego en Brasil entre 1980 y 2010.
De ese total de muertos, 450.255 eran jóvenes de 15 a 29 años, indica el Mapa, cuyo título recoge la expresión coloquial brasileña de ‘muertes matadas’, usada para referirse a los asesinatos.
Es una matanza invisible, que equivale a la suma de víctimas fatales en los conflictos armados de 12 países, incluyendo a Afganistán, Iraq, Sudán y Colombia, en los años críticos de 2004 a 2007, compara el Mapa.
Los homicidios representan en promedio 84 por ciento en las tres décadas registradas, en el informe que también incluye las muertes por accidente, suicidios y otras causas indeterminadas, no naturales.
En 2010, el porcentaje subió 94,6 por ciento, en parte por mejoras en el Sistema de Informaciones de Mortalidad del Ministerio de Salud.
El índice de homicidios por 100.000 habitantes pasó de de 5,1 en 1980 a 19,3 en 2010. La escalada es sobre todo grave entre los jóvenes, un grupo en que la tasa pasó de 9,1 a 42,5. Otro elemento importante es que las balas matan a 2,5 personas negras por cada blanca.
El incremento de esta tasa no fue uniforme. Aumentó hasta 2003, cuando se situó en 20,4 por 100.000 habitantes. Entonces decayó hasta reducirse a 18 en 2007 y volver a subir ligeramente.
“Vivimos un equilibrio inestable” desde 2005, con la caída de la letalidad en los estados más poblados y ricos del sureste, especialmente en el de São Paulo, mientras se produjo un “crecimiento drástico” en el norte y Nordeste del país, observó Waiselfisz a IPS.
En Maceió, capital del nororiental estado de Alagoas, se triplicó el índice de muertes por armas de fuego, alcanzando 94,5 por 100.000 habitantes en 2010, mientras en la metrópoli de São Paulo bajó a 10,4, una cuarta parte menos que una década antes.
Tres grandes factores explican la migración de la violencia criminal, según el autor del Mapa, un sociólogo argentino que vive en Recife, una de las ciudades más violentas del Nordeste brasileño y capital del estado de Pernambuco.
El desarrollo económico, concentrado en las regiones metropolitanas industriales del sureste, se descentralizó a partir de los años 90, creando nuevos polos en otros estados y en el interior del país, atrayendo allí población e inversiones.
A eso se sumó el Plan Nacional de Seguridad Pública, con un fondo que ayudó a mejorar el combate a la criminalidad en grandes metrópolis como São Paulo y Río de Janeiro. Adicionalmente, una mejora en los registros de mortalidad redujo los “cementerios clandestinos” y el subregistro cayó casi a la mitad.
Pese a los avances logrados, la tasa de homicidios por armas de fuego sigue demasiado alta. “Se repite un Carandirú por día”, observó Waiselfisz.
Se trata de una llaga compartida con el resto de la región latinoamericana, fruto de una “herencia colonial y esclavista, de desprecio por la vida humana”, fundamentada en “la cultura de la violencia, en la que los conflictos se resuelven exterminando al otro” y no mediante la negociación o la justicia, y a una “elevada impunidad”, diagnosticó.
Cifras de la Organización de las Naciones Unidas indican que la tasa promedio de homicidios en América Latina fue en 2010 de 26 por cada 100.000 habitantes, el triple que en Europa. El organismo caracteriza de epidémica la violencia de más de ocho homicidios por 100.000 personas.
Estudios en São Paulo estimaron que solo cuatro por ciento de los homicidas son encarcelados, con “pérdidas” sucesivas en la cadena de denuncias, averiguaciones policiales, procesos y condenas judiciales. Eso estimula la criminalidad y la cantidad excesiva de delitos aumenta la impunidad en un “círculo vicioso”, evaluó el sociólogo.
Waiselfisz puso como ejemplo el del brutal incremento de asesinatos en el estado de Alagoas, de 248 por ciento durante la década pasada, debido al arribo allí de otra lacra criminal latinoamericana: las mafias del narcotráfico, expulsadas de otras zonas, y a la debilidad de la policía local, que protagonizó huelgas de más de siete meses.
Jorge Werthein, presidente de Cibela, subrayó a IPS una contradicción que merece una gran reflexión: la persistencia de la mortandad, e incluso su ligero incremento, en los últimos 10 años, cuando crecieron la economía, la inclusión social y la generación de empleos, con fuerte reducción de la pobreza y la desigualdad.
La sociedad brasileña tiene que reconocer su realidad, en la que “predomina la violencia en niveles inaceptables”, y buscar respuestas “que no sean solo represivas”, opinó.
El período de reducción de los homicidios en Brasil fue fruto de la campaña contra la posesión y uso de armas de fuego durante el final del siglo pasado y el comienzo del actual, parcialmente por un referendo que, en 2005, no aprobó la prohibición en el país del comercio de armas y municiones.
En Brasil y en los demás países latinoamericanos el control de la venta de armas es necesario para reducir los asesinatos, además de acciones en áreas como la de la persistencia de la cultura de la violencia, sostuvo Werthein.
El Mapa de la violencia sobre la criminalidad letal en Brasil pretende principalmente “traer a la luz pública” las muertes cotidianas que permanecen “invisibles” para la sociedad y cuya reducción exige “políticas nacionales” y no solo las tradicionales intervenciones puntuales, allí donde hay brotes de violencia criminal, concluyó Waiselfisz