“El agua es un servicio, no un negocio”. Con este lema, miles de habitantes del pueblo Laguna de Duero (Valladolid) han plantado cara durante casi un año al proyecto del alcalde, Luis Minguela, de privatizar la gestión del agua del municipio hasta que, el pasado viernes, recibieron por sorpresa la noticia de que el proceso quedaba suspendido.
“Tras las medidas de contención del gasto, y con la consiguiente mejora notable del estado del remanente de tesorería, el equipo de Gobierno municipal ha decidido continuar con la gestión directa del Servicio de Agua”, rezaba el consistorio en un comunicado. Precisamente, el déficit municipal había sido la excusa para perpetrar la “externalización de la gestión” del agua.
Desde la Plataforma contra la Privatización del Agua de la localidad -formada por PSOE, IU, la asociación de vecinos La Calle, CCOO, UGT y USO-, reivindican el éxito de la movilización social. “Estamos convencidos de que es lo que les ha llevado a echarse atrás: tanto las manifestaciones masivas, como las recogidas de firmas o las alegaciones que hemos ido presentando en los plenos”, asegura Jesús Salamanca, concejal de Izquierda Unida.
Minguela justificaba la privatización del agua con el supuesto ahorro para las arcas públicas. “Es totalmente falso: se habría recibido dinero de la empresa al principio, en pago por la concesión, pero a la larga es una pérdida, ya que el servicio público da una media de 200.000 euros de beneficio”, defiende Salamanca, quien señala que “se habría producido también una subida brusca de la tarifa para el consumidor”.
Pese a la lucha sostenida, la noticia ha cogido por sorpresa a la oposición. El pasado viernes, Izquierda Unida presentó una alegación en un pleno extraordinario junto a la La Calle contra la privatización del agua. No obtuvieron respuesta ni información al respecto. Pocas horas más tarde, el alcalde anunciaba su intención de suspender el proceso.
“El proyecto estaba ya en su última fase, ya que se habían realizado todos los estudios económicos; el alcalde ha visto el rechazo social y además ha querido apuntárselo como una victoria personal”, afirma Salamanca. “Por arte de magia se ha reducido el déficit un 80%, así que de todos modos nos tomamos con cautela la noticia hasta que comprobemos las cuentas”, añade.
Desde el Ayuntamiento defienden que la decisión no fue política, sino económica. “Hemos puesto toda la carne en el asador para no gastar el presupuesto, y no hemos sabido cómo estaban las cuentas hasta que se han cerrado las facturas”, defiende Luis Valle, portavoz del Consistorio.
“La única solución que tenía el Ayuntamiento ha sido quitar ayudas y subvenciones a asociaciones de todo tipo, así como que las fiestas de navidad se reduzcan muchísimo, que se rebajen los sueldos de los políticos, que se optimice el sistema público de limpieza, entre otras medidas”, mantiene Valle. “Al cumplirse los requisitos económicos, en coherencia, hemos retirado el proyecto de externalización de la gestión del agua”, zanja.