El Gobierno aprobó el pasado mes de enero una reforma del Código Penal que en teoría endurecía las penas por delitos fiscales, pero en la práctica deja siempre al defraudador “la oportunidad de no ingresar en prisión si se paga el importe defraudado” en el plazo de dos meses desde que ha sido imputado judicialmente, según han denunciado los inspectores de Hacienda.
El apartado 6 del artículo 305 insta a los jueces a reducir la pena de los defraudadores imputados si pagan antes de dos meses La reforma legal publicada el pasado 28 de diciembre en el BOE establece un tipo penal agravado para los mayores fraudes, y se contemplan así penas de entre 2 y 6 años como máximo.
Esta modificación permite, además, que el plazo de prescripción de las infracciones por fraude fiscal se eleve hasta los 10 años, e incrementa las opciones de cobro de la deuda tributaria impagada al impedir la paralización del procedimiento administrativo.
Sin embargo, tal como explica un informe publicado por la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), la normativa contiene “puntos oscuros” que suponen una puerta falsa “que invalida toda la ley”. En el apartado 6 del artículo 305 del Código Penal, se indica que jueces reducirán la pena “en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos”.
En la práctica esto está suponiendo una “excusa absolutoria”, en palabras de inspectores consultados por este diario, que impide que nadie entre en prisión por delitos de fraude (las penas máximas pasan a ser de 3 a 6 meses). Además, como de facto desaparece el delito fiscal, se impide por ello la persecución de otros posibles actos delictivos relacionados, “como son el blanqueo de capitales”, explican fuentes solventes de la Agencia Tributaria.
La absolución denunciada por los inspectores no acaba ahí, ya que junto a la reducción de la pena se produce una rebaja de la multa que se impone a los contribuyentes imputados: Pasa a ser del 25% al 50% del importe que correspondería en caso de sanción administrativa. “Con esta regulación se le está enviando al defraudador un mensaje claro de tranquilidad“, critican desde la IHE.
Pocos medios y un mal diseño
Los inspectores, ante la escasez de medios y la crisis fiscal nacional, han reclamado poder hacer horas extra por las tardes El colectivo de inspectores alerta en su último comunicado del conjunto de problemas que, a su juicio, viven día a día en la Agencia Tributaria, al tiempo que ofrecen una batería de propuestas para ganar en eficiencia y capacidad recaudatoria.
Una de sus quejas históricas es la falta de medios de la Agencia: En España hay un empleado tributario para cada 1.928 ciudadanos, ratios muy bajos en relación a los países de nuestro entorno. En Francia y Alemania, por ejemplo, hay un inspector o subinspector por cada 860 y 729 ciudadanos, respectivamente.
Para paliar la escasez de medios humanos y ante la crisis nacional que sufren las cuentas públicas, los inspectores han propuesto por escrito al Gobierno poder realizar horas extra por las tardes (el horario en Hacienda es de 8 a 15 horas), una medida que no tendría impacto, dicen, en las cuentas, ya que la Agencia se “autofinanciaría” con el aumento de ingresos. Además, como es obvio, han reclamado que se convoquen cuanto antes nuevas oposiciones para plaza de inspector y subinspector, después de que las de 2012 sigan paralizadas.
La falta de medios humanos a su vez provoca, tal como denuncia la IHE, que la carga de trabajo de cada funcionario sea “excesiva a todas luces”, lo que unido a un sistema de incentivos “perversos” (el 20% del salario depende de la productividad, es decir, de los expedientes resueltos) hayan dado como resultado una definición de objetivos inadecuada, en la que la mayor parte de la inspección se acumula en las rentas salariales y no en los grandes patrimonios.
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