¿Qué pasa si se limita el derecho del Gobierno a espiar a sus ciudadanos? Que este busca otros caminos y sigue ahí, como en el Reino Unido, donde cada vez cobran más popularidad los servicios de detectives privados.

El año pasado las autoridades del Reino Unido aplicaron la Ley de Protección de Libertades, que prohíbe a los dirigentes locales vigilar a los ciudadanos sin el permiso correspondiente.

Desde entonces, según revela un grupo de activistas llamado Big Brother Watch, las instituciones estatales invirtieron más de 6 millones de dólares en servicios de detectives privados para evitar las restricciones legislativas.

La situación se agrava por el hecho de que la vigilancia privada no está regulada por ninguna norma ni requiere licencia alguna, cualquiera puede dedicarse a ella y nadie está protegido. “Yo no causo ninguna sospecha”, dice Olivia Ellenger, una chica de tan solo 21 años de edad que domina su negocio, Answers Investigation.

Conociendo los detalles del espionaje privado desde cerca, Olivia cuenta que nadie está a salvo porque la información que suele considerarse privada en realidad es muy fácil de conseguir. “Listas electorales, certificados de matrimonio y muerte, uno puede conseguir todo esto. Produce una gran sorpresa a muchos. La información está ahí, siempre ha estado ahí. Pero muchos confían en que el derecho a la protección de datos personales previene que sea accesible algo sobre ellos”, cuenta la detective.

De esta manera toda la población británica, a pesar de no estar oficialmente vigilada por nadie, paradójicamente está bajo vigilancia total.

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