La importación y venta de cartuchos para las videoconsolas de Nintendo no constituye un delito para el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña que ha archivado de forma provisional un caso idéntico al que afrontará el joven comerciante de Avilés para el que la compañía japonesa pide 23 años de cárcel y más de 840.000 euros de indemnización.

La noticia de este auto que adelanta el diario El Mundo decreta el sobreseimiento provisional de la causa tras la denuncia de Nintendo contra Todo Consolas SL, empresa a la que acusaba de haber importado al menos 800 dispositivos que vulneraban derechos de propiedad intelectual e industrial.

La sentencia afirma que “las tarjetas a las que alude el denunciante también permiten otras funciones legítimas tales como el empleo de juegos legítimos de otros países, copias de seguridad de juegos originales, manejo de fotografías, escuchar música o ejecutar software libre, por lo que descarta el delito contra la propiedad intelectual.

“Lo que se efectúa es una manipulación del software para ampliar su utilidad, pero no con fimes exclusivamente ilegítimos”, y pone en cuestión que Nintendo tenga derecho absoluto como único fabricante para crear accesorios para sus consolas.

Lo que se aproxima a lo defendido por Carlos Sánchez Almeida cuando en su alegato final en defensa del joven para el que Nintendo pide 23 años de cárcel explicó a la sala que en el juicio se habían puesto de manifiesto dos formas distintas de entender la sociedad de la información, “como es la cerrada que tiene Nintendo y la abierta que es la que tiene la comunidad del software libre”.

Claro que el Fiscal que pide un año y nueve meses de cárcel para el acusado manifestó una opinión del software libre más próxima a la de la BSA. Algo que se da en otras “instancias políticas” y no exclusivamente en el ministerio público tal y como han demostrado los cables de WikiLeaks.