Esta semana, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, se han llevado a cabo una serie de protestas en contra del proyecto de ley ‘antipiratería’ presentado en Estados Unidos, Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, también conocido por sus siglas: CISPA. Este nuevo proyecto, aprobado por el Senado por 248 votos a favor, se encuentra a la espera de su votación en la Cámara Alta de Estados Unidos.
Con éste, ya son tres proyectos -sumando los anteriores SOPA y PiPA-, los intentos del Gobierno de los EE. UU. para crear una ley anti-descargas muy similar a que existe en España, la denominada ley Lasalle.
EEUU, su gobierno, lucha cada día por minimizar el número de descargas ilegales y transgresiones a la propiedad privada, realizados por usuarios de su país o que afecten a empresas de su territorio. Sin embargo, este objetivo se ha visto frenado por aquellos organismos o particulares que defienden la libre circulación y transmisión de la información, dando lugar a una serie de ‘ciber-enfrentamientos’, como los que tuvieron lugar durante el debate de los dos proyectos anteriores, SOPA y PiPA.
Ambos proyectos estaban enfocados a la lucha contra las descargas ilegales, llegando a permitir el bloqueo de webs de descargas y el rastreo de IPs para encontrar a los infractores -tal y como se hizo en el caso Megaupload-. Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno ha entendido que las descargas ilegales no son el único foco contra el que deben combatir y que, de hacerlo, la lucha podría estar desde un principio, perdida. Por ello, los creadores del nuevo proyecto han cambiado su objetivo, ampliando su meta.
En esta ocasión, CISPA no se refiere únicamente a las descargas ilegales y la piratería, sino que lucha para mantener la ‘ciberseguridad’ de la red. Con este proyecto, EEUU pretende crear una vía de comunicación entre el Ejecutivo y las principales empresas tecnológicas sobre los usuarios o ‘softwares’ que puedan suponer amenazas para la seguridad cibernética.
Este objetivo, puede suponer en un principio un gran paso por parte del Gobierno para evitar los ‘ciber-ataques’ tan fáciles como peligrosos en esta época en la que todos los grandes sistemas que sostienen un país como el suministro de agua, electricidad o la seguridad, se rigen a partir de programas informáticos. Sin embargo, la definición que el proyecto propone para ‘ciber-amenaza’ es demasiado amplia.
Exigir información
De ser aprobado, el Gobierno de los EE. UU, podría exigir información a empresas como el gigante buscador, Google, acerca de vulnerabilidades, amenazas, intentos de degradar, interrumpir o destruir la red o el robo o apropiación incluso, de propiedad intelectual. Por tanto, esto deja un gran abanico de posibilidades a la Administración Obama para pedir los datos correspondientes a cualquier usuario sin que la empresa que los facilite cuente con algún tipo de responsabilidad civil o penal.
Por ello, no es de extrañar que un alto número de colectivos y asociaciones hayan decidido manifestarse en contra de esta ley que podría aceptarse en las próximas semanas. Asociaciones como Mozilla, Reporteros Sin Fronteras o la Asociación Americana de Bibliotecas, han alertado de que la norma podría amenazar la privacidad de los usuarios de forma importante ya que podrían ser vigilados por el Gobierno desde el momento en el que realizasen una búsqueda sospechosa o accediesen a una página poco recomendable que permitiera infringir cualquiera de los amplios puntos de la ley.
Entre los grupos en contra de esta norma, se encuentran los ‘hacktivistas’ de Anonymous, defensores de la libre difusión de la información y contrarios a cualquier norma que pueda atentar contra el libre conocimiento, tal y como manifestaron durante el debate producido en España a raíz de la votación de la llamada ley Sinde -finalmente aprobada como la Ley Lasalle-.
Anonymous
Anonymous ha realizado un gran número de protestas en contra de CISPA. La más reciente, ha sido el apagón del pasado lunes promovido por la asociación de ‘hackers’ y realizado por alrededor de más de 900 webs. Esta medida consistió en la suspensión del servicio de las páginas web manifestando su desprecio hacia la ley. En solidaridad, algunas páginas de Facebook, junto con algunos perfiles de Twitter, permanecieron “en silencio” durante la jornada del pasado 21 de abril.
Por otro lado, las grandes empresas favorecedoras a CISPA se encuentran encabezadas por Google, Facebook, Twitter y Microsoft, principales fuentes de tráfico de la red, aficionadas al seguimiento de la actividad realizada por los usuarios mientras éstos utilizan sus servicios.
De hecho, esta afición ha llegado a costarles a empresas como Google, la apertura de algún proceso judicial por violar la privacidad de los clientes de su servicio a través de las ‘cookies’ – unidades de rastreo – , con la excusa de poder ofrecer a los usuarios una experiencia más personalizada y eficaz pero con la consecuencia final de la obtención de todos los datos personales o profesionales de un mismo usuario. Por ello, no es de extrañar su postura a favor de esta ley.
Y es que, lejos de castigar el seguimiento que estos portales realizan de sus clientes, lo legitimarían, ya que sin estos datos, recabados a través del continuo rastreo de su actividad, podrían ser reclamados por el Gobierno en el momento en el que un usuario infrinja las pautas englobadas por CISPA.
De esta manera, apoyaría las prácticas ilícitas de las grandes empresas tecnológicas, dejando de lado la privacidad de los usuarios.Privacidad que nunca más podría ser asegurada en Internet debido a los largos brazos de los portales más visitados, que, en su afán de ofrecer productos cada vez más personalizados -como la publicidad AdChoise, consistente en ofrecer productos al usuario en función de su historial-, ignoran los derechos de sus usuarios.