 Restos de algunos de los 800.000 muertos en el genocidio de Ruanda. Crédito: Edwin Musoni/IPS
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GOMA, RD Congo, may (IPS) – El gobierno congoleño reclama una estrategia integral que permita lograr una solución duradera para la repatriación de los más de 127.500 refugiados ruandeses que se estima residen en este país.
El ministro de Asuntos Internos de la República Democrática del Congo, Richard Muyej, dijo que el gobierno cree que es prematuro cesar el estatus de refugiado a ciudadanas y ciudadanos ruandeses exiliados, fijado para el 30 de junio por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Esta entidad concedió el estatus a las personas que huyeron de Ruanda entre 1959 y 1998. La cláusula de cesación, vinculante para los refugiados y para los países de acogida, supone que los implicados tendrán que elegir entre la repatriación voluntaria y la residencia donde viven actualmente.
Está previsto que puedan solicitar una prolongación de su estatus de refugiado, pero de forma individual. Pero la RDC, vecina de Ruanda, se opone a la medida.
La posición del gobierno congoleño refuerza la que adoptó la diáspora ruandesa en la Conferencia Internacional sobre los Refugiados de Ruanda, realizada el 19 y el 20 de abril en Bruselas. La misma llama a Acnur y a los países de asilo a considerar la seguridad de las personas implicadas.
Gervais Condo, presidente del Congreso Nacional de Ruanda (CNR), con sede en Estados Unidos, y quien presidió la conferencia de Bruselas, dijo a IPS: “No hay circunstancias bajo las cuales el estatus de refugiado sea una solución de largo plazo”.
“Pero no podemos esperar que los refugiados regresen a su casa cuando las razones que los llevaron al exilio no han sido atendidas”, apuntó Condo, aliado del general Kayumba Nyamwasa, ex jefe del Estado Mayor del ejército ruandés y presidente fundador del CNR y quien ahora vive exiliado en Sudáfrica.
Acnur gestionó la repatriación de unos 3,5 millones de refugiados ruandeses entre 1994, cuando el Frente Patriótico de Ruanda llegó al poder tras el genocidio, y febrero de 2013.
No hay cifras concluyentes, pero las estimaciones indican que en 1994 murieron casi un millón de personas, en gran parte de la minoría tutsi y algunos hutus moderados.
El ministro Muyej señaló que la RDC solo aplicará la cláusula de cesación una vez que se haya implementado el Acuerdo Tripartido suscrito por Acnur y los gobiernos de Ruanda y la RDC para garantizar que las personas concernidas que deseen se repatriadas puedan regresar a su país con dignidad y seguridad.
Muyej se dirigió así a los ministros de Asuntos Internos de los 11 países africanos donde están asilados los refugiados ruandeses, reunidos en una conferencia el 18 de abril.
Pero Ruanda y Acnur insisten en que no se justifica la ampliación del estatus de refugiado después del 30 de junio.
El gobierno ruandés ofreció garantías y dijo que la situación en el país de los Grandes Lagos es segura y que quiere que se implemente la cláusula de cesación prevista en la Convención sobre el Estatus de los Refugiados, aprobada en Ginebra en 1951.
En octubre de 2009, el presidente ruandés Paul Kagame y el alto comisionado para los Refugiados, António Guterres, acordaron que el estatus de refugiados cesaría en junio de 2011.
Pero la oposición de los ruandeses exiliados y de organizaciones no gubernamentales hicieron que Acnur prolongara las conversaciones con las partes implicadas hasta junio de este año.
A los refugiados les preocupa que la situación respecto de la libertad de expresión y de reunión en Ruanda no haya cambiado. Creen que eso está confirmado por la gran cantidad de figuras políticas en exilio, entre ellos el exfiscal general Gérard Gahima y el exembajador ruandés Théogène Rudasingwa.
También generó preocupación la detención y juicio a Victoire Ingabire, candidata de la oposición en las elecciones presidenciales de 2010. Fue juzgada y condenada a ocho años de prisión por conspiración contra el país.
El 25 de marzo, Amnistía Internacional reclamó un juicio justo para Ingabire que cumpliera con los estándares internacionales. La organización de derechos humanos declaró que el tribunal no examinó las pruebas de la fiscalía.
“Varios altos funcionarios indicaron que Europa no considera que Ruanda sea lo suficientemente segura como para el retorno de los refugiados”, remarcó Condo.
La ministra de Gestión de Desastres y Asuntos de Refugiados de Ruanda, Séraphine Mukantabana, quien estuvo exiliada en el Congo- Brazzaville y fue repatriada en mayo de 2011, declaró que los refugiados no pueden gozar de ese estatus por tiempo indeterminado habiendo paz en el país.
“Hemos alentado la repatriación voluntaria, pues muchos refugiados tendrán dificultades para permanecer en el país de acogida”, indicó.
“Quienes quieran solicitar el estatus de refugiados de forma personal no tendrán bases para recurrir a Acnur”, apuntó Mukantabana, quien fuera presidenta de la asociación de refugiados ruandeses en Congo- Brazzaville.
Para facilitar la situación, Ruanda entregará pasaportes a los ciudadanos ruandeses que deseen permanecer en su país de residencia después del 30 de junio
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