La primera ley de salud mental de China entró en vigencia el 1 de mayo, pero grupos de derechos humanos se mantienen escépticos sobre si tendrá algún efecto real sobre la reducción de la institucionalización ilícita por parte de los funcionarios comunistas.

Aprobada en octubre, la nueva ley establece que los enfermos mentales deben ahora dar su consentimiento antes de recibir tratamiento hospitalario, a menos que se considere un peligro para sí mismos u otros. Supuestamente, sólo los psiquiatras tendrán la autoridad para hacerles ingresar en instituciones, pero el tratamiento puede ser obligatorio para pacientes diagnosticados con una enfermedad mental grave. La información privada de los pacientes hospitalizados también será protegida.

Las nuevas regulaciones fueron adoptadas después de casi 30 años de defensa por críticos de derechos chinos e internacionales y profesionales de la salud mental, combinados con la presión de los medios.

Decenas de miles han sido internados en instituciones psiquiátricas de China, a menudo como una forma de castigo por los funcionarios contra disidentes e informantes, según Voice of América.

Los ejemplos son abundantes. El manifestante, Wang Wanxing, en la masacre de la Plaza Tiananmen, fue encarcelado en centros psiquiátricos por 13 años para “tratar” su “paranoia política”, después que intentó desplegar una pancarta en público.

La peticionaria Xiang Hong, víctima de aborto forzado, fue enviada a hospitales psiquiátricos nueve veces desde que comenzó a presentar denuncias en 1992.

El tratamiento psiquiátrico forzado, también se ha utilizado ampliamente en los practicantes de Falun Gong, una disciplina espiritual tradicional China. En Minghui.org, un sitio web que documenta casos de persecución a Falun Gong, una búsqueda para “hospital mental” encontró 7.913 resultados, documentando evidencias de muchos practicantes mentalmente sanos que han sido enviados a hospitales psiquiátricos en contra de su voluntad.

Un ejemplo es la profesora Wu Xiaohua, que había practicado Falun Gong desde 1994, pero ahora está paralizada después de años de abuso en establecimientos psiquiátricos. Fue internada el 23 de octubre de 2001, alimentada a la fuerza e inyectada con drogas que dañaron su sistema nervioso central, según Radio Sonido de la Esperanza. Las drogas provocaron confusión mental e inhibición del movimiento y de las reacciones. Durante la hospitalización, Wu fue atada más de 40 veces durante hasta dos días seguidos y forzada a comer, así como agredida verbal y físicamente.

Wu señaló varias veces al personal que era ilegal encerrar a una persona mentalmente sana en una institución psiquiátrica, pero rara vez respondieron. Un médico le dijo una vez: “Definitivamente no estás mentalmente enferma, pero las órdenes vienen de arriba. Nos dijeron que te alimentáramos con drogas, y determinaron la cantidad que debemos suministrarte”.

Debido a varias lagunas, la nueva legislación no puede impedir que tales abusos vuelvan a suceder. El medio estatale Daily People informó que el tratamiento sólo puede realizarse de forma voluntaria, a menos que a una persona se le considere un peligro para sí misma u otros, en que el tratamiento debe ser determinado por el tutor de la persona, o el personal médico.

Analistas dijeron a la Voz de América que la forma en que una persona pone en “peligro a otros”, no está definido en la legislación, permitiendo a las autoridades la flexibilidad suficiente para tomar decisiones que sirvan a sus propios propósitos.

También falla en aclarar cuáles pacientes hospitalizados tienen el derecho de acceso y autorizar a representantes que apelen contra las decisiones de los tutores. Además, los derechos a la comunicación siguen siendo restringidos y la detención y el tratamiento en discapacidad, continúan sin necesidad de consentimiento.

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