También están incluidos aquellos foráneos que deseen comprar una vivienda residencial a partir de los 500.000 euros o invertir en proyectos empresariales que creen puestos de trabajo. La norma prevé además ventajas fiscales para fomentar la reinversión en los negocios existentes e incentivos para la creación de nuevas compañías. De este modo el Gobierno español busca atraer capital e inversión al país para estimular la recuperación financiera.

“Es una medida que facilita el emprendimiento, que facilita la actividad económica. Pero no es una medida suficiente. Por más fácil que pongamos las cosas a las personas que deseen invertir, facilitando todos los trámites y simplificándolos, si en última estancia no hay una actividad económica suficiente que tire del consumo, que tire de la producción, al final no se va a producir dicha inversión y no van a llevar a cabo la creación de la empresa”, insiste el profesor titular de Política Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha Gregorio López Sanz.