Los abogados de Jordi Pujol crearon la empresa que ha hecho rico a su hijo
El diario ABC publica que la principal empresa de Jordi Pujol Ferrusola, Iniciatives Marketing Inversions S.A., que está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, fue creada por testaferros dirigidos por el polémico abogado de Jordi Pujol padre, Joan Piqué Vidal. Así lo demuestran documentos oficiales consultados por ABC.
Esta cabecera relata que la sociedad se puso en marcha en la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat. Fue registrada con el capital mínimo permitido de 500.000 pesetas (unos 3.000 euros). Entre los accionistas fundadores no había ni rastro de la familia Pujol. En su lugar aparecen dos personas sin aparente relación con el clan Pujol: Santos Hernández Fox y Javier Villalba Catalá.
ABC afirma que la sociedad actualmente acumula una extraordinaria fortuna de 18 millones de euros en activos. Además destaca que las dos personas que aparecen como accionistas son dos hombres que trabajan para el despacho del abogado de Jordi Pujol. El letrado se convirtió en uno de los más cotizados de Barcelona después de conseguir que el presidente de la Generalitat no fuera procesado en el caso Banca Catalana, en 1986.
Según este diario, la sociedad de los Pujol se creó cuando Piqué Vidal estaba en lo más alto. Apunta que tenía un despacho con más de 40 abogados y una nutrida cartera de testaferros que ponía a disposición de sus clientes. ABC cuenta que poco después de iniciar su andadura hubo una ampliación de capital y una reordenación de las acciones, pero ésta no fue inscrita (la ley no obliga a hacerlo, es voluntario).
Esta cabecera destaca que la empresa está en el punto de mira de la Audiencia Nacional, que investiga las cuentas del primogénito del político catalán después de que su examante, María Victoria Álvarez, lo denunciara por “llevar fajos de billetes de 500 euros a Andorra”.
Blanco desvió 17 millones de la entidad del suelo a un polígono en Soria
El diario ABC publica que el extitular de Fomento José Blanco colaboró con la exministra de Defensa, Carme Chacón, en la descapitalización de la rentable Entidad Estatal del Suelo (Sepes). Destaca que Blanco se comprometió a invertir 17 millones de euros para relanzar el Polígono de Valcorba en Soria, que desarrollaban empresarios locales.
Según esta cabecera, la operación se cerró el 20 de septiembre de 2011, en plena crisis financiera, y consistió en comprar, a precio de mercado, el 48 por ciento del terreno a inversores privados que se habían quedado sin financiación y, por tanto, atrapados en el proyecto.
ABC destaca que la urbanización del polígono estaba avanzada al 60 por ciento cuando se cerró la operación y Sepes decidió correr con los gastos asumidos hasta entonces por la iniciativa particular no solo en cuanto a la compra de terrenos, sino también, lo más caro, en su desarrollo. Según este diario, la Entidad Estatal abonó así a los inversores que se habían quedado atrapados 2,5 millones de euros en concepto de suelo y otros 8,5 millones de euros por el capítulo de obras.
Ruz interroga como imputados a Villar Mir, Del Rivero y otros seis donantes del PP
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará a partir de hoy en calidad de imputados a ocho empresarios que habrían entregado diferentes cantidades de dinero al PP y que aparecen reflejados en los ‘papeles de Bárcenas’.
Los ocho empresarios imputados que deben comparecer esta semana ante el juez son José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Juan Manuel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), José Mayor Oreja (Construcciones de Fomento y Contratas) y Antonio Vilella (Construcciones Rubau).
El magistrado interrogará este lunes a partir de las 16.00 horas a García Pozuelo, Villar Mir y Sánchez Domínguez. El martes deberán comparecer Mayor Oreja, Contreras Caro, Del Rivero y Fernández Rubio. Por último, Ruz tomará declaración el miércoles a Vilella.
El juez ha citado asimismo para el miércoles, también en calidad de imputado, a Pablo Crespo, presunto ‘número dos’ de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’ y que aparece en los papeles como otro de los donantes del PP.
RONDA DE DECLARACIONES
Ruz interrogó ya la semana pasada, esta vez en calidad de testigos por la supuesta contabilidad B, al presidente del Senado, Pío García-Escudero, y a los populares Jaume Matas, Jaime Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Calixto Ayesa y Santiago Abascal.
De sus declaraciones se desprende que existían pagos de sobresueldos y entregas de sobres con dinero en el seno del partido. Del Burgo llegó a decir que el expresidente del Gobierno José María Aznar autorizó los sobresueldos que el partido abonó al dirigente en Navarra Calixto Ayesa, unos pagos que eran entregados en sobres por Bárcenas.
El magistrado también tomó declaración la semana pasada al exdiputado del PP Jorge Trías Sagnier, quien aseguró que en el PP “todo el mundo sabía” que se pagaban sobresueldos de forma “generalizada”. El instructor del caso interrogó por último al cajero del PP, Luis Molero, y a la responsable del departamento de contabilidad del partido, Milagros Puente.
Anticorrupción estudia pedir 17 años de cárcel para Urdangarin por seis delitos
La fiscalía Anticorrupción ultima ya su escrito de acusación en el caso Noos. Según anunció la cadena SER maneja pedir hasta 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarin por seis delitos.
El ministerio público, en la recta final de la investigación, está calculando, con el código penal en la mano, las penas que va a solicitar para los implicados en el caso de fraude del Instituto Noos. En concreto, al yerno del Rey, le atribuye un total de seis delitos. Por no dedicar el dinero público recibido a lo que se acordó con las administraciones públicas (Valencia y Baleares), el fiscal le acusa de un delito de malversación, falsedad documental y fraude continuado a la administración.
Por otro lado, Anticorrupción le achaca varios delitos fiscales. Fraude al impuesto de Sociedades a través de la sociedad Aizoon y dos ejercicios de la renta. También le pueden acusar de prevaricación, delito que sólo conlleva inhabilitación pero no cárcel. Sin embargo, la fiscalía no ve delito de blanqueo de capitales por falta de pruebas.
PODRÍA REDUCIR SU CONDENA A 4 AÑOS
Ni siquiera la conformidad le salvaría de la cárcel a Urdangarin. En caso de que reconociera los delitos y se comprometiera a reparar el daño causado, se le rebajaría de 17 años a 4 años de cárcel, pero en ningún caso evitaría la prisión.
http://www.teinteresa.es/espana/Anticorrupcion-estudia-carcel-Urdangarin-delitos_0_926907404.html#WaQ1SlBQqBr7WpnT