El Gobierno de Aragón ha sido pionero en convocar oposiciones para funcionario con una reserva de plazas para mujeres maltratadas y para personas transexuales. Las primeras optarán a veinte puestos de maestra y los segundos a diez mediante sendos turnos específicos dentro del concurso convocado por la comunidad, que incluye 1.041 puestos y cuyos exámenes comenzarán el próximo 22 de junio.

La reserva para esos dos colectivos, que se suma a otra de 70 puestos para personas con discapacidad (20 de ellos, intelectual), tal y como señala el Estatuto del Empleado Público, y a una más de diez para víctimas del terrorismo, es consecuencia de la aprobación en esta legislatura de las leyes de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género y de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que incluyen específicamente la asignación del 2% en el caso de las maltratadas y “un cupo no inferior al 1% de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales”.

Esa misma normativa, que incluye medidas de integración para el colectivo LGTBIy en la que Aragón ha sido pionero en esta legislatura, hizo que la Diputación de Huesca ya reservara tres plazas para mujeres maltratadas y para personas transexuales en su última oferta de empleo público y que el Ayuntamiento de Zaragoza hiciera lo propio con dos y una, respectivamente, en el proceso de incorporación de personal de este año.

El Congreso aprobó a principios de mes, a propuesta de Ciudadanos, incluir una reserva del 2% de las plazas para mujeres maltratadas en todas las convocatorias de empleo público a través de la ley que debe desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque su tramitación decaerá con la convocatoria de las elecciones generales.

Aplicar las leyes que se aprueban

María José Marín, responsable de la Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad de CCOO, destacó la decisión del Gobierno de Aragón, ya que “las comunidades autónomas no tienen reservas específicas para estos colectivos, mientras que el Estatuto Básico del Empleado Público se limita a incluir medidas genéricas para adecuar los puestos de trabajo y para facilitar los traslados en el caso de las víctimas de violencia de género”.

“Me alegro de que se apliquen las leyes cuando se han aprobado”, señala Natalia Aventín, presidenta de la asociación Chrysallis de padres de niños transexuales. “La discriminación es una fuente de exclusión, y el simple hecho de que conocer esta realidad puede animar a gente que en ocasiones se encuentra en situaciones cercanas a la marginalidad”, añadió.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Educación, Mayte Pérez. / Aragonhoy.net

Los requisitos para inscribirse como aspirante

De hecho, la convocatoria está abierta a cualquier ciudadano español y comunitario, a los de países adscritos a los convenios europeos de libre circulación de trabajadores, a los cónyuges y descendientes de estos dos último grupos y a los extranjeros que acrediten en una prueba que “poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita” del castellano.

En el caso de los transexuales, la convocatoria marca como requisito la presentación de una “declaración jurada notarial en la que se identifiquen con un género diferente al que se les asignó al nacer”.

Por su parte, las mujeres maltratadas podrán acreditar su condición “mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima”, o bien presentando un informe de la Fiscalía “que indique la existencia de indicios” de maltrato o dictámenes “de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida” de las distintas administraciones.

Medidas de protección

En ambos casos, como ocurre con todos los opositores que se presenten por el llamado “turno libre”, la inscripción, en la que deberán marcar la casilla que recoge su situación, solo puede realizarse por medios telemáticos. El plazo estará abierto del 27 de febrero al 19 de marzo.

La convocatoria establece, “con la finalidad de proteger la integridad física de las aspirantes que sean víctimas de violencia”, que “no se publicará ningún tipo de información personal” sobre ellas. Dispondrán de un código que les será asignado personalmente “y que servirá de identificación a lo largo de todo el proceso selectivo” para garantizar su anonimato, señala el decreto. Previamente, las aspirantes deberán contactar con la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado para establecer esas medidas preventivas.

“Una convocatoria de este tipo es algo muy positivo, una forma de empleabilidad para mujeres maltratadas que en muchos casos han tenido que salir de sus ciudades y de sus entornos”, señala Marín, que destaca esa “necesidad de mantener la seguridad y el anonimato” para que los maltratadores no puedan localizarlas.

CCOO y Somos propusieron al Gobierno de Aragón una reglamentación para gestionar la participación de las personas transexuales en las oposiciones y evitar su “estigmatización”. No llegó a negociarse, aunque medidas como integrarlas en el cupo general sí han sido atendidas.

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