Si la Unión Europea va a la cabeza de implantar normas de dudosa validez y eficacia, España podría unirse a esa sinrazón y recuperar el ‘nivel de exportaciones’. Pero no con cosas útiles, si no con más normas de dudosa validez, como la Ley Sinde.

El plan inicial era ‘trasladar’ el modelo HADOPI de tres avisos y desconexión. Será por las ampollas que levantó, o por su nula eficacia y resultados diametralmente opuestos, provocando un aumento de las descargas directas.

O será porque hasta el Presidente de la República francesa ha reconocido que “HADOPI contiene errores”, aunque la frase correcta sería “HADOPI es un error“.

Será porque los errores de HADOPI hicieron que su clon irlandés fuera declarado ilegal y ahora los lobbies están intentando reformar la ley de Irlanda para adaptarla a sus necesidades particulares.

Sea como sea, al final resulta que España podría hacer otra gran aportación mediante una ley que crea una comisión arbitraria, nombrada por la industria del ocio y el entretenimiento, que será la responsable de decidir qué sitios web son dignos de seguir existiendo y cuales deberán ser cerrados.

Pero en la Unión Europea no compran la Ley Sinde tal cual, si no que quieren usarla solamente de modelo y hacer un refrito para ‘actualizar’ la Directiva Europea sobre comercio electrónico, así como la Directiva de respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Para hacerse una idea, hasta los ISP que han podido acceder al borrador se han asustado. Como lo de desconectar a los abonados a la brava esta muy mal visto, el borrador contempla que los ISP se conviertan en la policía privada de la industria del ocio y el entretenimiento, siendo los responsables de controlar y filtrar el tráfico.

Si no lo hacen, y según un borrador del tratado ACTA, los ISP podrán ser objeto de sanciones por colaborar y amparar la “infracción de copyright”.

En ésta ‘compra’ de una ley trampa como la Ley Sinde ha participado muy activamente la sociedad de recolección de royalties francesa CISAC, que ha usado toda su influencia para “presionar” al Comisario del Mercado Interior, Michel Barnier que, casual o serendípicamente, también es el responsable de la legislación sobre propiedad intelectual de la Unión.

Lo que pasa es que tampoco ha sido necesario ‘presionar’ demasiado, ya que el amigo Barnier es el mismo que lleva tiempo impulsando las ‘revisiones’ de las Directivas antes comentadas, y no para su derogación precisamente, si no para endurecerlas más aún, buscando perseguir a los ISP por el contenido de las comunicaciones que usen sus canales. Por cierto, la revisión de Bernier ya tiene fecha: 24 de mayo.

Presionando a los ISP y amenazándoles con sanciones, se busca que sean ellos los que decidan, libremente, filtrar el contenido y, por tanto, que ejerzan de vigilantes y de policías para la industria de forma ‘libre‘.

Curiosa percepción de ‘libertad’ la de apuntar a alguien con una pistola y decirle que es libre de actuar como quiera, pero si no lo hace bien recibirá un disparo. Y eso que el ACTA no está en vigor…aún…