La nueva Constitución se dispone a consolidar el poder de los militares en Egipto. Crédito: Cam McGrath /IPS.
EL CAIRO, 10 ene 2014 (IPS) – Un proyecto de Constitución que Egipto someterá a plebiscito la próxima semana otorga aun más privilegios a las Fuerzas Armadas y consagra su lugar como la institución más poderosa de este país de Medio Oriente, colocándolas incluso por encima del Estado.
La nueva ley fundamental, que reemplazará la Constitución redactada en 2012 durante la presidencia del islamista Mohammad Morsi, avivó el temor de que los generales egipcios estén presionando para consolidar su poder y proteger sus intereses económicos y políticos.
“Las competencias atribuidas al ejército (en el proyecto de Constitución) sientan las bases de una dictadura militar”, advirtió Tharwat Badawi, profesor de derecho constitucional de la Universidad de El Cairo.
El proyecto fue redactado por un comité de 50 miembros nombrados por el gobierno instalado por los militares, que ocupa el poder desde que el ejército derrocó a Morsi en julio de 2013. La votación comenzó el miércoles 8 entre los egipcios residentes en el exterior y continuará el martes 14 para los aproximadamente 85 millones de habitantes de este país.
El borrador es visto como una mejora frente a la Constitución aprobada por la mayoría islamista de Morsi, que fue sumamente criticada por el énfasis que puso en el derecho islámico y por sus restricciones a las libertades personales. Pero los juristas manifestaron su preocupación por los artículos que socavan las funciones del régimen de gobierno representativo.
“De aprobarse, el presidente y el parlamento electos no tendrían autoridad real sobre los militares que, en los hechos, se convertirían en un Estado en sí mismos”, advirtió Badawi en entrevista con IPS.
La nueva Constitución otorga al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la autoridad definitiva sobre la selección del ministro de Defensa. Según Badawi, este artículo despojará al presidente de la potestad de elegir al titular de esa cartera, lo cual pondría a los militares por encima de toda supervisión civil efectiva.
“De esta manera, los militares no serán responsables ante el jefe de Estado, ni ante el pueblo”, destacó Badawi. “Y esto es muy peligroso.”
Los críticos dicen que las Fuerzas Armadas pisotearon los derechos humanos en reiteradas ocasiones y frustraron el cambio democrático tras el levantamiento popular que derrocó al régimen autoritario del presidente Hosni Mubarak (1981-2011).
La nueva carta fundamental podría aislar aún más a las Fuerzas Armadas de todo cambio propuesto por los activistas revolucionarios y los funcionarios electos.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazan que uno de los artículos mantenga la práctica sumamente condenada de los juicios a civiles por parte de tribunales militares. Al menos 12.000 civiles fueron detenidos y juzgados sin las debidas garantías por la justicia militar en los meses posteriores al levantamiento de 2011.
Ahmed Maher, líder del Movimiento Juvenil 6 de Abril, denunció el artículo del proyecto constitucional sobre los juicios militares como una “traición” por parte del comité redactor de 50 personas.
“Quienes respaldan los juicios militares (de civiles) y se olvidaron de lo que ocurrió en 2011 vendieron su conciencia y siguieron sus intereses personales”, escribió en su cuenta de Facebook.
Maher fue condenado en diciembre a tres años de trabajos forzados por organizar una protesta no autorizada contra el intento del comité de consagrar en la Constitución la justicia militar para civiles. Fue uno de los primeros en ir a parar a la cárcel gracias a una nueva ley aprobada por el gobierno interino instalado por los militares que obliga a pedir permiso para celebrar manifestaciones públicas.
Como concesión a los activistas por los derechos humanos, el borrador de la Constitución limita el tipo de casos en los que ciudadanos civiles podrían comparecer ante un tribunal militar. Pero aun así permite que la justicia castrense presida las disputas entre civiles y uniformados en las “zonas militares”.
“En Egipto, el ejército está tan profundamente arraigado que casi cualquier lugar puede considerarse una zona militar”, según Badawi.
La nueva carta no garantiza la transparencia de las actividades económicas de los militares. Según el texto, el presupuesto de las Fuerzas Armadas no estará sujeto a la supervisión parlamentaria, por lo cual sus asignaciones y gastos quedan bajo la discreción absoluta de la cúpula militar.
Las mismas cláusulas protegen el vasto imperio económico de los militares, que se calcula representa entre 10 y 40 por ciento de la economía. Las empresas de propiedad militar, que participan en ámbitos tan diversos como la construcción y la producción de macarrones, gozan de beneficios tales como tierras gratuitas, la exención fiscal total y el trabajo recluta, y no tienen la obligación de informar sobre sus balances financieros.
“Teniendo en cuenta el grado de penetración que los militares tienen en el Estado”, éste está “más o menos a su servicio”, opinó Robert Springborg, experto en asuntos militares egipcios. Las Fuerzas Armadas “tienen acceso a los recursos estatales, sin ningún tipo de supervisión o rendición de cuentas”, agregó.
Es poco probable que la situación cambie. El ejército creció en popularidad desde que expulsó al presidente Morsi y reprimió a sus partidarios de la islamista Hermandad Musulmana. Los analistas dicen que sería sumamente difícil que alguien desafiara los poderes que la nueva Constitución otorga a las Fuerzas Armadas.
Mohammad Mousa, un destacado dirigente del partido Al Dostour (Constitución), dice que es lamentable, pero el próximo plebiscito es visto más como un voto de apoyo al golpe de Estado de julio de 2013 que sobre la propia ley fundamental.
Es probable incluso que quienes se oponen al régimen militar finalmente voten a favor del proyecto de Constitución, ya que la consideran como un ataque contra Morsi y la Hermandad Musulmana.
“Nos preocupa el proyecto de Constitución, sobre todo algunos de los artículos relativos a los juicios militares para civiles y a los poderes del ejército”, dice Mousa. “Sin embargo, tratamos de lidiar con ella como un paquete, y en general nos resulta aceptable”.