Pablo Hernández, exdirector del Departamento Jurídico de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y actual número dos de la entidad, adquirió siete viviendas de lujo en la Comunidad de Madrid y la Costa del Sol durante un periodo de ocho años, a lo largo del cual utilizó como tapadera para cobrar una parte de su salario en la SGAE a una empresa inmobiliaria cuyo administrador único es su mujer, Carmen Cabezas.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el macroproceso contra la SGAE por apropiación indebida durante la etapa de Eduardo Teddy Bautista al frente de la sociedad, investiga también a Hernández en una pieza separada del sumario principal por las presuntas irregularidades cometidas en el llamado Proyecto Arteria, la red de teatros de la SGAE. Hernández (Guadalajara, 1967) no está imputado en la causa.
Su llegada a la SGAE en 1996, primero como asesor jurídico, coincidió con un aumento vertiginoso de su patrimonio inmobiliario, según consta en un informe que la Guardia Civil entregó a la Fiscalía Anticorrupción y que está incorporado al sumario. Aquel mismo año adquirió un chalé de 199 metros cuadrados y 411 de parcela en Collado Mediano (Madrid).
Tres años más tarde compró otro chalé de mayores dimensiones (261 metros cuadrados de superficie y otros 1.232 de parcela) en la misma localidad. Y en 2003 adquirió un tercero de 169 metros cuadrados y 150 de parcela también en Collado Mediano.
En 2005 compró un cuarto chalé, también en Collado Mediano, de superficie similar a los anteriores. Y un año más tarde se hizo con la propiedad de otra vivienda, esta de 108 metros cuadrados y situada en la localidad malagueña de Manilva, en la Costa del Sol. Los cinco inmuebles figuran a nombre de Hernández y su esposa, según el informe elaborado por la Guardia Civil.
Pinche aquí para ver los documentos.Pinche aquí para ver los documentos.Además, otros dos chalés y un inmueble de uso comercial (uno en Collado Villalba, también en Madrid, y dos en Collado Mediano) fueron adquiridos a mediados de la pasada década, cuando Hernández ya había escalado posiciones hasta llegar a la cúpula directiva de la SGAE.
tres propiedades, sin embargo, están registradas a nombre de Inmoconsulting Collado S. L., de la que su esposa es administradora única. Hernández figura como apoderado de la sociedad.
El actual secretario general de la SGAE se sirvió de Inmoconsulting Collado para facturar a la sociedad de autores unos supuestos servicios de asesoría que iban desde los 55.332 euros de 2006 a los 63.270,30 de 2010, tal y como refleja el informe encargado por la Fiscalía Anticorrupción. A esas cantidades sumaba sus emolumentos como director de los Servicios Jurídicos de la SGAE, que rozaban los 160.000 euros anuales.
Hernández, sin embargo, nunca comunicó a la cúpula de la SGAE que estaba utilizando la empresa de su esposa como supuesta tapadera para cobrar aquel suculento sobresueldo.
Y también ocultó ese dato a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo interrogaron el 6 de julio de 2011, cinco días después de que el juez Ruz ordenara la entrada y registro del palacio de Longoria, sede de la sociedad de autores.
Hernández aseguró aquel día a los agentes que una parte de su salario era abonada por la SGAE y otra por Iberautor Promociones Culturales, la sociedad impulsada por Teddy Bautista y precursora de la red de teatros Arteria. Esta última, dijo, “ascendía aproximadamente a 40.000 euros anuales” (aunque en realidad llegaron a ser más de 63.000) “y las percibía a través de facturas mensuales”. Pero no mencionó que esas facturas las emitía la empresa de su mujer.
De hecho, Hernández trató de borrar el rastro de esos pagos. Para ello, pidió en 2011 a Natalia Gómez de Enterría, entonces directora de Recursos Humanos de la sociedad de autores, que “el dinero que percibía mediante dicha factura se lo incrementase como sueldo base en su nómina de la SGAE”, según declaró la propia exdirectiva a la Guardia Civil tras su salida de la entidad.
El secretario general de la SGAE, en conversación telefónica con El Confidencial, reconoció ayer ser el copropietario de los chalés citados, excepto de uno de ellos, que atribuyó a “un error” de la Guardia Civil. “Siempre he tenido un salario alto, primero en un despacho de abogados que tuve y luego en la SGAE, y las cosas siempre me han ido bien”. Y atribuyó a otro “error” de los agentes que le tomaron declaración el no haber incluido en esta su supuesta alusión a Inmoconsulting Collado.