De acuerdo con los voceros de la protesta, el reclamo de este grupo de  la Policía Federal (PF) apunta a revertir la “falta de apoyo” que sufren por parte del gobierno brasileño y de la sociedad civil, además de pedir mejores condiciones de trabajo.

Aproximadamente cien agentes se concentraron frente a las puertas de la superintendencia de la institución, en el barrio de Lapa, para transmitir al Gobierno todas sus reivindicaciones.

“Hay un grado de desmotivación muy alto y un elevado índice de suicidios”

“Necesitamos una reestructuración de nuestra carrera, un cambio en diferentes departamentos de la PF. Hay un grado de desmotivación muy alto y un elevado índice de suicidios“, dijo a EFE el presidente del Sindicato de los Servidores Públicos Civiles Federales del Departamento de Sao Paulo, Alexandre Santana Sally.

La protesta supone el inicio de una serie de acciones aprobadas por miembros de la institución en todo el país. El próximo martes 11 de febrero hay prevista una huelga en todo el país.

De acuerdo con Santana Sally, la PF mantendrá los servicios esenciales, como las guardias, la emisión de pasaportes, la vigilancia de aeropuertos e investigaciones “sensibles”, como el narcotráfico.

La posibilidad de una huelga nacional de la policía supone un importante peligro en el contexto brasileño, cuando faltan pocos meses para la Copa del Mundo y las protestas por los gastos estatales, los desalojos y los aumentos en el transporte amenazan con recrudecer.

El día jueves, un millar de manifestantes ocupó la principal estación de trenes, buses y metro de la ciudad de Río de Janeiro, contra una nueva alza de los precios en el transporte. La policía logró dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos.

La amenaza de incidentes está latente en Brasil debido al recuerdo de las masivas manifestaciones que fueron suscitadas por la Copa Confederaciones en 2013.

Para evitar que el conflicto pase a mayores, el Gobierno ha informado de un operativo de seguridad que custodiará el megaevento deportivo y que contará con más de 100.000 hombres, entre la policía civil, militar y la llamada Fuerza Nacional.

Sin embargo, el reclamo policial en San Pablo podría ser un anticipo de que garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo no será tarea sencilla para el gobierno de Dilma Rousseff.