Una precaria vivienda de una familia campesina empobrecida, en las montañas de Cajamarca, en el departamento colombiano de Tolima. Crédito: Helda Martínez/IPS
– “Esto está cada vez peor”, exclamó con la mirada triste Enrique Muñoz, un campesino de 67 años de Cajamarca, municipio del central departamento de Tolima que fue una de las mayores despensas agrícolas de Colombia.
“En cinco décadas la situación cambió radical y negativamente”, complementó a IPS el activista Miguel Gordillo sobre lo que pasa en Tolima, cuya capital es Ibagué, a 195 kilómetros al suroeste de Bogotá.
“Hace 50 años, Ibagué era una pequeña ciudad rodeada de cultivos: enormes extensiones de algodón simulaban a lo lejos una gran sábana blanca”, recordó Gordillo, coordinador de la no gubernamental Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria.
“En Tolima cultivábamos maíz, tabaco, soja, sorgo, frutales, y las montañas que rodean a Cajamarca estaban cubiertas de verdes cafetales, protegidos con naranjos, maíz, plátano, y rodeados de arracacha (apio)”, detalló Muñoz.
Con la voz perdida en el pasado, también contó que no faltaban en las fincas campesinas “los chanchitos, las gallinas, las mulas, las vacas, todo era muy distinto”.
“Al norte del departamento teníamos frutales de todas las especies, y los peces no cabían en los ríos. Persiste el arroz, algo de maíz, café… pero hasta los peces desaparecieron”, explicó Gordillo.
“En definitiva, en cinco décadas se cambió la imagen de región agrícola, y hoy se rodea de autopistas, conjuntos residenciales, estaciones de gasolina y por ahí uno que otro cultivo”, se quejó.
En consecuencia, todo cambió para Muñoz. “Mi mujer y yo ahora vivimos de lo que nos dan los hijos que trabajan, uno en Ibagué, y dos más en Bogotá. En la finca tenemos una vaca, con cuya leche hacemos queso que vendemos, y cultivos de pancoger”, como se llaman en estas zonas cafeteras las siembras básicas de la dieta local, enumeró.
Miguel Gordillo sumó otro problema acarreado por los acuerdos de libre comercio: las semillas.
El gubernamental Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) prohibió en 2010 que los campesinos almacenasen semillas propias cosechadas para siembras futuras, recordó el especialista.
En su Resolución 970, el ICA estableció que solo podían usarse semillas certificadas, que producen empresas transnacionales de la biotecnología como Monsanto, Syngenta y DuPont, los líderes mundiales de transgénicos.
La medida “desconoce una tradición de siglos, desde los indígenas, quienes escogían siempre las mejores semillas para reproducirlas vegetativamente. Hoy, en semillas, en abonos, en agroquímicos, estamos a merced del mercado internacional”, sentenció Gordillo.
Por eso, Muñoz va a participar en el Segundo Paro Nacional Campesino, que está programado para el 27 de abril y que el gobierno intenta evitar.
El primero se produjo entre el 19 de agosto y el 9 de septiembre de 2013, y movilizó a cultivadores de café, arroz, algodón, caña de azúcar, papa y cacao, en demanda de que el gobierno de Juan Manuel Santos revisase los capítulos agrícolas de los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por el país, en especial con Estados Unidos.
A la protesta se unieron mineros artesanales, transportistas, trabajadores de la salud, maestros y estudiantes, con cinco grandes manifestaciones en Bogotá y en otras 30 ciudades. El paro dejó 12 muertos, 485 heridos y cuatro desaparecidos.
Colombia tiene vigentes más de 50 TLC, según el Ministerio de Desarrollo Económico.
Entre ellos se destacan establecidos con Estados Unidos, firmado en 2006 y en vigor desde mayo de 2012, con la Unión Europea, cuyo trámite legislativo concluyó en julio de 2013, además de Canadá y Suiza entre los países del Norte industrial. Ahora se negocia otro con Japón.
En 2011, Colombia fundó el bloque comercial de la Alianza del Pacífico, con Chile, México y Perú, del que Panamá es también observador, mientras pertenece a otros grupos de integración regional anteriores.
“Los gobiernos colombianos que desde los años 90 impulsaron la consigna de ‘Bienvenidos al futuro’, la cumplieron: ese futuro ha sido nefasto en Tolima y el país entero”, aseguró Gordillo.
En el último cuatrienio los cafeteros protagonizaron paros hasta lograr subsidios de 80 dólares por carga de café en un camión de gran tonelaje, que antecedieron a las dos movilizaciones nacionales de campesinos.
En este país de 48,2 millones de habitantes, el sector agropecuario aporta 6,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), con el café, las flores, el arroz y el banano a la cabeza. En 2000 el rubro representaba 14 por ciento del PIB y en 1975 llegaba a 20 por ciento.
“La agricultura está mal en todas partes, y Tolima no es la excepción”, dijo a IPS el secretario de Desarrollo Agropecuario del departamento, Carlos Alberto Cabrera.
“El arroz, fuerte en el departamento, no pasa por un buen momento. En café somos el tercero en producción nacional y aspiramos al primer lugar. Algodón hay poco. En sorgo somos el segundo productor nacional. La soja se acabó, el tabaco también, y muchos productos quedaron para la seguridad alimentaria de nuestros campesinos”, detalló.
Para promover soluciones, “hemos invitado a ministros y viceministros a la región, pero su respuesta ha sido que debemos sembrar lo que se venda para permanecer en el mercado de oferta y demanda”, dijo.
Pero Cabrera desestimó que en el caso de Tolima los responsables sean los TLC. “No hemos sentido ningún efecto, porque lo único que exportamos es café. El arroz es para consumo nacional, y el sorgo para la industria”, aseguró.
Gordillo, en tanto, criticó que cuando los ministros visitan el departamento “afirman que los campesinos deben cultivar lo que no producen otros países; lo que no pueden vendernos”. “Es decir, insisten en favorecer a otros. Se olvidan de que lo primero debe de ser la seguridad alimentaria de nuestro pueblo y no al contrario”, dijo.
Por esas visiones erradas, aseguró, “nuestros campesinos volverán al paro nacional. Los tolimenses y los de muchas regiones del país, porque el gobierno no les cumple, y tanta pobreza los obliga a abrir los ojos”.
El gobierno afirma que cumplió 70 de los 183 compromisos asumidos con el agro a raíz del paro del año pasado.
Entonces, se demandaron soluciones a la crisis agropecuaria, que iban desde la tenencia de la tierra, la inversión social en el área rural y la protección ante otros sectores en auge, como la gran minería y el petróleo, hasta un subsidio a los combustibles de uso agrario.
El gobierno asegura que incluyó 500 millones de dólares para apoyar al agro en el presupuesto de 2014.
Mientras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aumentó las últimas semanas la campaña sobre su gestión, y el presidente Santos insiste en los actos públicos en que “no se justifica un nuevo paro campesino”.
Las autoridades también promueven diálogos con el sector para desarrollar un Gran Pacto Nacional Campesino, como parte de los esfuerzos para desactivar el paro convocado para menos de un mes antes de las elecciones presidenciales del 25 de mayo, en las que Santos aspirará a la reelección.
En la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, entre el 15 y el 17 de marzo, los participantes fijaron ocho ejes para un diálogo, que incluyen la reforma agraria, el acceso a la tierra, el establecimiento de zonas de reserva campesina, la consulta previa y protección ante los TLC, restricciones a la minería y el petróleo y un plan de choque en infraestructura.