Para el 15 de octubre se ha fijado la celebración de un referéndum ‘ciudadano’ cuyos preparativos ya están en marcha. El objetivo de esta consulta, impulsada por la sociedad civil al margen de las estructuras del Estado, es enviar “un mensaje claro a aquellos que tienen el poder para tomar las decisiones que nos afectan a todos”.

Queremos demostrar, explican los promotores, que la democracia tiene otras vías de expresar la opinión mayoritaria de la sociedad además de votar cada 4 años” en unas elecciones, esto lo digo yo, más injustas que un tribunal presidido por el juez Estevill.

El referéndum incluirá cinco preguntas:

1. ¿Quieres que tu voto tenga un valor justo y poder elegir libremente a tus representantes?

Exigimos un sistema electoral que garantice la plena equidad del voto mediante una mayor proporcionalidad, eliminando los actuales mecanismos para favorecer mayorías estables. Esto último ha convertido nuestra democracia en un sistema bipartidista de facto. En cada proceso electoral, el porcentaje de cargos electos otorgados a cada formación política deberá ser tan cercano como sea posible al porcentaje total de votos obtenidos en el territorio sobre el que la cámara, parlamento o ayuntamiento en cuestión tengan competencias. En particular, el Congreso de los Diputados debe ser la sede de la soberanía del conjunto de ciudadanos, y el Senado una cámara de representación territorial. De esta forma, ambas reflejerán la realidad de los resultados electorales en esos ámbitos y la pluralidad de la sociedad, según los “criterios de representación proporcional” que fija la Constitución Española en su artículo 68. Asimismo, demandamos un desbloqueo de las listas, mediante el mecanismo denominado ‘de voto preferencial’ ya utilizado en otros países.

2. ¿Quieres saber cómo se gastan tus impuestos? ¿Quieres erradicar la corrupción política?

Reclamamos una ley que garantice el derecho de acceso a la información del sector público. Pedimos, asimismo, la extensión de la fórmula de concurso de méritos para la contratación de altos cargos en las administraciones públicas que, como en otros países, deben estar en manos de funcionarios de carrera y profesionales independientes. Demandamos órganos reguladores independientes e intolerantes con los oligopolios. También exigimos las medidas pertinentes para endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos electos, y que se evite que ex-altos cargos de las administraciones públicas sean contratados por parte de empresas de sectores fuertemente regulados. Queremos un poder político realmente independiente, y entendemos que éste nunca lo será plenamente si no se regulan debidamente las distintas condiciones de financiación bancaria y pública aplicadas a distintos partidos políticos y asociaciones próximas, incluida la condonación de deudas.

3. ¿Quieres evitar la influencia política sobre los jueces?

Demandamos la independencia, el equilibrio y la separación efectiva entre los poderes del Estado, mediante el establecimiento de las reformas legislativas oportunas. Entre otras posibles, reclamamos la elección democrática de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial y, en especial, la elección por sufragio universal directo y secreto por todos los jueces y magistrados del Estado de los 12 vocales de procedencia judicial que integran el Consejo General del Poder Judicial. Pedimos igualmente reformas orientadas a la despolitización del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

4. ¿Quieres tener voz y voto en las decisiones políticas que más afectan?

Demandamos el establecimiento de fórmulas de participación ciudadana en los distintos niveles de la administración pública. Los ciudadanos deben tener facilitado su derecho a contribuir en la toma de decisiones que afecten de manera trascendente a su futuro. Para ello, exigimos el desarrollo y potenciación de la fórmula del referéndum; una nueva regulación de las Iniciativas Legislativas Populares y de las peticiones a las cámaras, de cara a darles mayor efectividad y alcance; la institucionalización normativa de los presupuestos participativos; y la creación de normas que fomenten la participación a través del uso de nuevas tecnologías, garantizando siempre la seguridad y la privacidad de los procesos.

5. ¿Quieres que la economía esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía? ¿Quieres que los responsables de la crisis paguen por ella?

Queremos una economía al servicio de las personas, y no que las personas estén al servicio de la economía. Por ello, demandamos: un control efectivo del fraude fiscal; sanciones a la mala praxis bancaria; y la regulación del actual sistema de incentivos a los cargos directivos del sector financiero, por su relación con la toma de riesgos excesiva por parte de dicho sector. Pedimos a nuestros representantes políticos que luchen de forma enérgica en las instituciones europeas e internacionales contra los paraísos fiscales y las prácticas abusivas, como la ingeniería financiera y la deslocalización fiscal. Debemos exigir también, en primer lugar dando ejemplo, un mayor nivel de exigencia de todos los países en el cumplimiento de los acuerdos internacionales existentes para un desarrollo económico sostenible y respetuoso con el planeta así como el establecimiento de nuevos compromisos más ambiciosos en este terreno. Reclamamos, por último, una fiscalidad más justa y equitativa (verdaderamente proporcional) y, para ello, un debate profundo sobre el posible establecimiento de la renta básica universal.

En la página web se aclara que las preguntas “no son un ‘pack’ completo”, ya que se pueden responder individualmente. Para participar se ofrecen dos vías: voto electrónico o mediante la tradicional papeleta. Para votar por Internet será necesario el DNI electrónico o el certificado digital, pero se podrá depositar la papeleta en los centros de votación habilitados en plazas y asociaciones de ciudades españolas y del extranjero.

Una iniciativa más que interesante en una fecha (15-O) ya señalada en el calendario de todos aquellos que defienden el recurso a las consultas populares para ampliar la participación directa de los ciudadanos en los mecanismos de decisión. Entendiendo que impulsar el recurso al referéndum (como derecho ciudadano) no va a gustar a los defensores de la partitocracia, pues queda muy feo descubrir que los parlamentos no representan exactamente la expresión popular como ha quedado bien acreditado en el caso italiano.