La comunidad más sureña de España, Andalucía, ha visto cómo estos últimos meses televisiones y periódicos van preñados de noticias sobre presuntos casos de corrupción y apropiación indebida de inmensas cantidades de fondos públicos, en una de las regiones más subvencionadas de Europa, con una altísima tasa de desempleo y gobernada por los socialistas desde la llegada de la democracia en España hace más de 30 años.

En un principio, los observadores acogieron con cautela el goteo de denuncias ante la idiosincrasia de la jueza que instruye el caso principal, Mercedes Ayala, y por coincidir las filtraciones de los autos con “hitos institucionales y orgánicos” del PSOE andaluz, como ha criticado Juanjo Cornejo, secretario de Organización del partido regional.

© Cortesía de Pilar Casanova

Pilar Casanova

Andalucía ha recibido decenas de millones de euros de Bruselas, Madrid y Sevilla (la capital política andaluza). El Gobierno autonómico distribuía este dinero público entre su sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores (UGT), empresas, diputaciones, ayuntamientos y asociaciones sin el “control político” que exigen las leyes, según la jueza Mercedes Ayala.

Ayala instruye desde hace más de tres años la macrocausa con más imputados de la historia de España. De momento, más de 210 personas, muchos de ellos políticos aforados (protegidos por un fuero especial, de forma que sólo les puede procesar el Tribunal Supremo).

El caso principal es el denominado de los ERE, en referencia a los temidos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE o despidos masivos para reducir drásticamente las plantillas de las empresas) que se han aplicado masiva e implacablemente en estos años de crisis económica y que han llevado a España a liderar las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea.

A partir de 2008, las empresas, reforzadas desde hace dos años por la nueva reforma laboral del Gobierno conservador de Mariano Rajoy, han puesto en la calle a decenas de miles de españoles.

El ‘caso ERE’ es el paradigma de la corrupción.

Primero, el Parlamento andaluz emitió una ley especial para ayudar a las compañías andaluzas en las indemnizaciones que debía pagar a los trabajadores despedidos.

La intención era buena, pero esa ayuda acabó creando un circuito paralelo, en donde las comisiones de los intermediarios eran cada vez más alta y los desvíos monetarios crecían exponencialmente. Uno de los fraudes era el de los “intrusos”, personas que “cobraban indemnización de empresas en las que nunca trabajaron”.

Además, los líderes de la trama confiesan un absoluto desenfreno con el dinero público, que se gastaban en juergas, comilonas, coches, chóferes, drogas o prostitución.

Pero de esta investigación ha arrancado otra igual de explosiva: la de las facturas falsas de UGT. Un entramado que está intentando desenmarañar ahora la Policía. La envergadura que alcanzó esta vía paralela, según explicó a los investigadores el ex trabajador del sindicato socialista Francisco Mateos, “fue tal que escandalizaba a todo el mundo”. Los propios empleados “comentaban entre ellos que esta práctica no podía continuar y que iba a explotar”.

Las palabras “sobresueldos, bote, comisiones, rápel (descuentos que la UGT concedía a las empresas que trabajaban para ellos) o mordidas” han sido las más habituales en las conversaciones de los militantes de una histórica organización que se ha visto forzada a ‘limpiar’ sus estructuras sindicales y a renovar la cúpula de poder dos veces consecutivas en sólo un año. El sindicato llegó a crear un ‘software’ que permitía controlar dos contabilidades paralelas, para computar la ‘caja B’ de fondos ilícitos.

El caso UGT, con 3.516 folios en el sumario, revela “una estructura levantada para el fraude” que se prolongó más de 10 años y fue creada para financiar ilegalmente al sindicato y, paralelamente, abonar “sobresueldos” de entre 900 y 3.000 euros mensuales a sus dirigentes.

El tercer escándalo que protagoniza la comunidad más poblada de España, con 8,5 millones de habitantes y con el índice de paro más alto de Europa (34,71%), ha estallado esta misma semana, pero las raíces son las mismas: las subvenciones públicas y su casi nulo control político. “Por falta de funcionarios”, se ha excusado ahora la Junta de Andalucía.

La jueza Ayala acusa al Gobierno socialista andaluz de “otorgar 950 millones de euros en subvenciones” para la formación de desempleados entre 2008 y 2011, que en 2013 “seguían sin justificar”. La magistrada imputa al ex consejero de Empleo del Ejecutivo andaluz “malversación y prevaricación continuados”, en un auto judicial que está en la frontera entre “la irregularidad administrativa y la infracción penal”, según han escrito varios articulistas en los medios locales. La Administración pública seguía otorgando nuevas subvenciones sin reclamar previamente a nadie la justificación del dinero concedido anteriormente.

La ciudadanía asiste entre atónita e indignada a este goteo constante de corruptelas que padece España, ya sean las del dinero negro y sobresueldos fraudulentos del Partido Popular, en el poder, o los escándalos con las subvenciones públicas de los socialistas. Una corrupción endémica que infecta a los dos partidos mayoritarios que gobiernan en España desde 1978.

El movimiento cívico progresista Podemos, partido revelación de las últimas elecciones, tacha de “casta” a los dirigentes conservadores y a los socialistas que se repartieron el poder en España durante cuatro décadas de postfranquismo. O que lo ostentaron en las nacionalidades históricas, como Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya durante 23 años, quien acaba de confesar que mantuvo millones ocultos en paraísos fiscales durante tres decenios.

Hoy, la ciudadanía ha tomado conciencia de esa arrogante rapiña de los líderes del bipartidismo, y sus dirigentes históricos, que hasta ahora se creían impunes, han pasado a ser auténticos descastados para el electorado, que parece dispuesto a hacer la revolución en las urnas y barrer toda la escoria política del pasado.

*Pilar Casanova (Lleida, 1957), corresponsal en Moscú (1986-1992) y en Washington (1992-1996), enviada especial en muchos conflictos internacionales (Tien’an’men, Camboya, Nagorno-Karabaj…). En más de 30 años de experiencia fundó dos periódicos (Diario de Sevilla y El Observador), dirigió la edición de otros tres, fue asesora de los gabinete de comunicación de la Generalitat de Catalunya y de la Comunidad de Madrid. Es autora de un libro sobre las repúblicas bálticas y la URSS. Ahora, inicia una etapa más en Nóvosti y la Voz de Rusia.

http://sp.ria.ru/opinion_analysis/20140726/160981740.html