Después de más de tres años y medio de instrucción, la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos ha elevado la causa al Tribunal Supremo al recabar indicios que demostrarían la participación en los hechos de siete aforados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía, el juzgado de Alaya ha enviado este martes al Alto Tribunal una voluminosa exposición razonada en la que desgrana la causa y detalla los indicios penales que incriminan a siete personas que gozan de fuero por los cargos públicos que ocupan -Chaves, Griñán y los ex consejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio-, a los que ella no puede investigar por falta de competencia.

En su opinión, la cúpula de la Junta era conocedora del sistema ilegal con el que se concedían las ayudas por parte de la Consejería de Empleo, que transfería el dinero al extinto IFA o a su sucesora la Agencia IDEA para que materializara el pago. Así se eludía la fiscalización previa.

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla envía la causa íntegramente, en contra del criterio que mantiene la Fiscalía Anticorrupción. Ésta considera que sólo debía elevar la parte del sumario que afecta a los aforados y que debe desgajar el procedimiendo en piezas separadas. La postura de la magistrada fue avalada por la Audiencia de Sevilla el pasado 30 de julio.

En las próximas semanas, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si admite la causa recibida del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y, en caso de hacerlo, acotar la investigación. Puede quedarsecon todo, con una parte o con nada.

Los siete aforados están preimputados por Alaya desde el pasado 18 de diciembre. Era la segunda vez que los señalaba la instructora, después de que la Audiencia de Sevilla estimara el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y revocara las imputaciones previas de Chaves, Griñán y cinco ex consejeros por no estar suficientemente motivadas.

Éstos son los hechos que ponía en relación la instructora con cada aforado en el citado auto de preimputación:

MANUEL CHAVES

Fue durante su mandato como presidente de la Junta cuando se firmó el convenio marco (17 de julio de 2001) que dio lugar al nacimiento del fondo de reptiles. Desde 2002, la partida presupuestaria 31.L se incluía en la Ley de Presupuestos que el Consejo de Gobierno enviaba al Parlamento para su aprobación. Pero las transferencias de financiación al entonces IFA -Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) desde 2004- para el pago de prejubilaciones ya se había utilizado en 2000 y 2001 mediante siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones. Excepto una, todas fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno que encabezaba Chaves a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

El hoy diputado por Cádiz en el Congreso de los Diputados sería el máximo responsable político de la «falta de control consentida» -en palabras de Mercedes Alaya- con la implantación de un sistema de concesión de ayudas alejado del procedimiento legal con el que se gestionaron 850 millones entre 2000 y 2012.

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN

Incorporado al Gobierno andaluz el 24 de abril de 2004 como consejero de Economía y Hacienda en sustitución de Magdalena Álvarez, Griñán fue uno de los destinatarios del informe adicional al definitivo de auditoría de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2003 y el de cuentas del mismo año en el que la Intervención General de la Junta alertaba de lautilización inadecuada de las transferencias de financiación, de que la Consejería de Empleo estaba gestionando subvenciones prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido y de que se habían generado obligaciones por encima de los créditos presupuestarios.

El Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía obliga a remitir el informe definitivo al consejero de Hacienda. En su declaración ante Alaya, el ex interventor general Manuel Gómez Martínez dijo que no le constaba que el titular de la Consejería conociera el detalle del informe adicional, pero consideró «impensable» que aquél desconociera que se había llegado a generar un déficit de hasta 95 millones.

En su etapa en Hacienda, según expuso la magistrada en el auto de preimputación, Griñán también asistiría a las «reuniones de alta cualificación técnica» que se celebraban durante la elaboración del anteproyecto y en las que se «abordaría el análisis del programa 31.L».

JOSÉ ANTONIO VIERA

Al hoy diputado socialista en Cortes debió darse traslado del informe de cuentas anuales del IFA de 2001 y del de cumplimiento 2001/2002 en los que se concluía que las ayudas concedidas «habían carecido de la tramitación legal correspondiente».

La de Viera es una de las dos firmas que rubricaron el convenio marco de 17 de julio de 2001 en su calidad de consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.El ex consejero de Empleo Antonio Fernández -el otro firmante- declaró en sede judicial que «fue decisión del consejero de Empleo» dicho convenio y que «se hizo con la autorización del Gobierno». «Un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta», añadió.

Tanto Fernández como el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero coincidieron en su declaraciones en que el «cúmulo de ayudas» a empresas de la Sierra Norte de Sevilla fue «decisión» de Viera, vinculado durante una etapa a la localidad de El Pedroso.

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO

Fue la persona que debió notificar al consejero de Hacienda, entonces José Antonio Griñán, el informe adicional al definitivo de auditoría de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2003 y el de cuentas del mismo año -por su condición de viceconsejera del ramo- en los que el interventor incidía en la ausencia de procedimiento y en las consecuencias legales que ello comportaba. Públicamente, la actual parlamentaria asegura que no lo hizo, en un intento de eximir de responsabilidad a su entonces jefe. Susana Díaz prescindió de ella al formar gobierno. Hoy es parlamentaria autonómica.

FRANCISCO VALLEJO

Al igual que Griñán y Viera, Vallejo debió ser destinatario de los informes en los que la Intervención General de la Junta formulaba numerosas advertencias sobre la gestión del programa presupuestario 31.L.

El hoy diputado por Jaén también formaba parte del Consejo de Gobierno -entonces en su calidad de consejero de Salud- que aprobó las modificaciones presupuestarias en 2000 y 2001, antes de que la partida de las transferencias de financiación se incluyera en la Ley de Presupuestos (2002).

La declaración que como testigo prestó ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano el 19 de septiembre de 2012 es enormemente comprometedora para Vallejo. El ex alto cargo dijo que le expuso al consejero «en reiteradas ocasiones» la conveniencia de prescindir del convenio marco y que incluso le indicó que la Agencia IDEA estaba «adquiriendo compromisos muy por encima de lo presupuestado». «Tras un tiempo de reflexión», el consejero le contestó que «iban a seguir con el convenio y por tanto dándole el apoyo a la Consejería de Empleo».

ANTONIO ÁVILA

Llevaba 36 días como consejero de la Presidencia cuando se dictó la orden (27 de abril de 2010) por la que se abandonó la figura de la transferencia de financión y se optó porencomendarle a la Agencia IDEAque materializara el pago de las ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo. Basándose en las declaraciones de varios imputados, la juez concluye que la encomienda de gestión se trató como si fuera una transferencia de financiación.

Antonio Ávila, hoy uno de los cinco diputados por Jaén en el Parlamento andaluz, era otro de los asistentes a las reuniones de alto nivel que se llevaban a cabo durante la elaboración del presupuesto y en las que se analizaría el programa presupuestario 31.L -según la juez- por su condición de secretario general de Economía. Esta responsabilidad la desempeñó desde el 15 de enero de 2002 hasta el 24 de abril de 2009, cuando Griñán asumió la presidencia tras la marcha de Manuel Chaves al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y le confió la Consejería de Presidencia. Once meses después se hizo cargo de Economía, Innovación y Ciencia.

MANUEL RECIO

La instructora acusa al ex consejero de Empleo no sólo de asumir el compromiso de pago de las ayudas concedidas a través del sistema de las transferencias de financiación sino de dictar la orden de encomienda a la Agencia IDEA -con la que se tramitaron 101 expedientes de ayudas en 2010 y 4 en 2011- «como si se tratara de unatransferencia de financiación«. Así lo reconoció el propio director general de Trabajo fichado por Recio, Daniel Rivera.

No pasa por alto la magistrada que la citada orden de encomienda de 27 de abril de 2010 no se sometió a la aprobación del Consejo de Gobierno, como obliga la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía en su artículo 105.3.

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